- Presentaron dos quejas, una por problemas de propiedad y la otra por el caso de la niña “Rosa”
José Adán Silva [email protected]
Dos quejas en una misma mañana, con apenas minutos de diferencia, se presentaron ayer en el Ministerio Público, en contra de la fiscal general adjunta, María Lourdes Bolaños.
La primera fue por un problema de propiedad que presentó la señora María Julieta Choiseul, quien se presentó muy molesta y preocupada al edificio del Ministerio Público, a exigir una aclaración a la fiscal Bolaños, quien un día antes había dado declaraciones ante los medios de comunicación, a los que anunció una investigación en el caso de una propiedad por la cual, según Bolaños, Choiseul habría recibido indemnización.
Bolaños dijo que había recibido una denuncia por los delitos de prevaricato, malversación de caudales públicos y otros delitos, contra el recién fallecido procurador Oscar Herdocia y el procurador en funciones Francisco Fiallos, y contra la señora Choiseul, por supuestas actuaciones irregulares en el pago de una indemnización de la propiedad La Pitahaya, propiedad de la señora Choiseul.
En la denuncia se afirma que Choiseul, supuestamente habría recibido una indemnización de 13 millones de córdobas por esa propiedad aún cuando tenía una hipoteca de medio millón de córdobas, situación que fue negada tajantemente por la aludida.
INDIGNADA PIDE ACLARACIÓN
“A doña María Lourdes Bolaños la vine a buscar, no sé si está o no está o no se negó, pero lo que dijo ella es tan falso, que aquí se lo voy a mostrar a ustedes. No me explico cómo una fiscal pueda calumniar en la forma en que lo hizo, sabiendo que el Código Procesal nuevo dice lo que no debe hacer un funcionario”, dijo exaltada Choiseul.
La señora explicó que nunca fue indemnizada por dicha propiedad, ya que la misma no fue expropiada ni confiscada, sino simplemente tomada, por lo cual nunca pudo haber recibido dinero del Estado como indemnización.
Ella aclaró, documentación en mano, que la finca por la cual recibió indemnización es la llamada San Alberto, ubicada en Río San Juan, la cual constaba de 6,500 hectáreas, y no por La Pitahaya, que es un caso aparte que ha peleado por más de 13 años, como parte de las 14 propiedades que le fueron arrebatadas por el gobierno sandinista, a inicios de los años ochenta.
La señora no descartó acciones legales contra la fiscal Bolaños y la responsabilizó de cualquier daño que pueda ocurrirle al impulsar este caso, ya que según la señora Choiseul, hay personas interesadas en perjudicarla.
TRAMITARON DENUNCIA
Por su parte, el asesor legal de la fiscal Bolaños, Armando Juárez, dijo que la fiscal lo único que hizo fue darle trámite a una denuncia, tal y como lo establece la ley del ministerio público.
“La doctora está ocupada en otras actividades, la visita de la señora es inesperada, y me tocó a mí como asesor de la fiscal atenderla. El ministerio ha recibido una denuncia, y le ha dado curso como a toda denuncia, donde dicen que se han cometido actos ilícitos en la propiedad La Pitahaya, este ministerio está a cargo de representar a la sociedad y a la víctima y eso es lo que la fiscal ha hecho”, dijo Juárez.
LA ACUSAN DE PARCIALIZACIÓN
A los pocos minutos que se fue la señora Choiseul, llegó a la Fiscalía la señora Élida de Solórzano y algunos miembros del Comité Nicaragüense Pro Defensa de la Vida, quienes en carta dirigida al fiscal Julio Centeno, interpelan a la fiscal Bolaños por su resolución final sobre el caso de “Rosa”, la niña violada y embarazada en Costa Rica.
Ellos dicen que la fiscal actuó parcializada en el caso, por sus antecedentes de haber sido fundadora del organismo no gubernamental de orientación, trato y educación sexual reproductiva “Ixchen” y por ser miembro activo de la Red de Mujeres contra la Violencia.
Ellos piden reabrir el caso y decir dónde está “Rosa”, dónde están las pruebas del ADN que se le hizo al feto, por qué nunca se investigó al padre de la niña, entre otras cosas.
A ellas tampoco las recibió la fiscal Bolaños, pero fueron atendidas por la fiscal departamental de Managua, María del Carmen Solórzano.