- Una serie de factores adversos a la Contraloría General de la República han impedido que la
auditoría sobre delitos electorales esté lista
José Adán Silva [email protected]
No hay fecha en el calendario de la Contraloría General de la República para este mandato judicial. Ni siquiera una aproximación. Las justificaciones son varias, pero el resultado es el mismo: la auditoría sobre los delitos electorales tardará muchas semanas más de las que ya lleva.
Desde el 10 de septiembre del año pasado, cuando la juez Juana Méndez dictó la sentencia del caso “la huaca”, y ordenó hacer una auditoría sobre los gastos electorales del Partido Liberal Constitucionalista para determinar si hubo o no delitos electorales, la Contraloría General de la República (CGR) no ha podido terminar la auditoría.
“Hemos tenido una suma de contratiempos en esta auditoría. Hasta el sábado de la semana pasada nos levantaron el sigilo bancario en el Banco Caley Dagnall y en el Banco Uno, por eso no habíamos entrado a analizar esas cuentas, hasta ahora que la juez nos ordenó levantar el sigilo es que pedimos la información sobre las cuentas ahí establecidas”, explicó al respecto el presidente de la CGR, Francisco Ramírez.
“La juez Méndez nos levantó el sigilo este fin de semana; ya pedimos a los bancos que nos preparen la información sobre los documentos de ingreso, egresos, transferencias y otros movimientos; los bancos nos están preparando eso, quizás esté listo esta semana, no sé cuál es el volumen de información que hay que verificar”, dijo Ramírez.
PLC y CSE NIEGAN INFORMACIÓN
Otro problema señalado por Ramírez para terminar la auditoría, es que ni el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), ni el Consejo Supremo Electoral (CSE) les han querido dar los libros de contabilidad.
“El otro problema es que necesitamos los libros de contabilidad del PLC, pero tres veces los hemos pedido y no nos han respondido. Recientemente nos dimos cuenta por medio de Miguel Ángel García (ex financiero del PLC en la campaña electoral), que estaban en el CSE, mandamos a pedirlos formalmente tres veces por medio de cartas al magistrado presidente Roberto Rivas, pero no nos respondió”, denunció Ramírez.
“Sabemos que los libros están ahí, pero no sé por qué los ocultan, así que vamos a proceder por medios legales a los trámites pertinentes ante las autoridades pertinentes, no sé si es la juez, la Corte o la Asamblea, para que el CSE nos entregue la información”, anunció Ramírez.
El contralor presidente dijo que ya han entablado comunicación con un funcionario del CSE que está ligado a la atención a los partidos políticos, para que les entregue copias de los libros “pero sólo nos ha dado promesas, esperamos que se cumplan pronto, y no a cuentagotas”.
