Humberto Carrión Montoya [email protected]
En carta abierta del 14 de marzo pasado, publicada en LA PRENSA, el Comité Nicaragüense Pro-Defensa de la Vida expresó:
1.Que han presenciado hechos en los que se ha violado el “Derecho a la Vida” amparados por algunas autoridades, en colusión con algunas Organizaciones No Gubernamentales.
2.Que les preocupa y deploran que dos determinadas personas, identificadas con nombre y apellido, sean miembros del Conpes, ya que pueden tener valores morales y éticos diferentes de los de ellos, por lo que pretenden y deman dan que estas dos personas sean removidas de sus cargos y repuestas por otras, que para ellas sean más representativas y convenientes.
3.Acusan a los miembros de las ONG de apoyar y a veces actuar al margen y/o en contra de las leyes de nuestro país.
4.Piden la reposición en el Gobierno de todos aquellos elementos que ellos consideran nocivos en los cuerpos consultivos y de asesoría del Estado.
En el contenido del “comunicado” hay cargos muy serios y muy graves en contra de la actuación y conducta de miembros de la Red de Mujeres Contra la Violencia y me parece justificable que éstas acudan ante las autoridades judiciales para demandar una aclaración o rectificación pública de las acusaciones y cargos imputados a ellas.
En nuestro medio existe la tendencia de creer que la opinión de la mayoría es siempre la correcta, pero en un país democrático como el nuestro, las minorías también tienen derechos y sus ideas y creencias deben ser respetadas.
En este caso, creo que los que actuaron en forma intolerante y totalitaria fueron los miembros del Comité Pro Defensa de la Vida, quienes pareciera que se consideran dueños de la verdad y la justicia.
