Marcela Sánchez
Un operativo sin precedentes de búsqueda y rescate se realiza actualmente en Colombia. Durante las últimas siete semanas cerca de 7,000 soldados colombianos y docenas de personal militar e investigadores del FBI –a un costo de mucho más de medio millón de dólares a la semana– han estado inspeccionando la zona selvática del sur del país.
Su objetivo: rescatar a tres ciudadanos estadounidenses tomados como rehenes por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) mientras trabajaban como contratistas para el gobierno estadounidense en respaldo a la guerra contra las drogas en Colombia. En el operativo de búsqueda murieron tres estadounidenses cuando su avión de un solo motor se estrelló la semana pasada.
En momentos menos tumultuosos, este operativo sin precedentes, y la pérdida de vidas que ha signficado, sería noticia de primera página. Pero con la guerra en Irak y las dramáticas imágenes de soldados estadounidenses tomados como prisioneros de guerra en pantallas de televisión alrededor del mundo, se ha puesto poca atención en los estadounidenses capturados en Colombia –un frente remoto aunque geográficamente cercano de la guerra internacional contra el terrorismo.
Las FARC han decidido calificar a los estadounidenses como prisioneros de guerra, en un esfuerzo por aparecer como una fuerza patriótica que defiende a Colombia de una “invasión descarada” de Estados Unidos.
Funcionarios colombianos y estadounidenses rechazan tal calificativo, opuestos como están a brindar mayor legitimidad a una organización responsable en gran medida de convertir a Colombia en la nación con la tasa de secuestros más alta del mundo (un promedio de ocho diarios el año pasado).
Aunque la búsqueda escasamente se compara con la acción en Irak, pone en relieve parte de la auténtica naturaleza de la guerra contra el terror. Una guerra en la que no habrá una batalla definitiva y total contra este flagelo, sino apenas el logro de una mayor seguridad ganada a través de la acumulación de pequeños triunfos.
Para un país tan golpeado por el terrorismo como Colombia, el rescate de los tres estadounidenses sería sin duda uno de esos triunfos. Durante los últimos meses, nuevo equipo y entrenamiento estadounidense han sido proporcionados a Colombia para ayudar a unidades antisecuestros del Ejército y de la Policía. Estados Unidos está impulsando así mejoras en la capacidad de comunicación y las técnicas de usos de agentes de inteligencia, interrogatorios e investigación de los colombianos.
Incluso si el operativo actual fracasara, se espera que esta cooperación pronto empiece a erosionar la efectividad de los secuestros y a atacar la impunidad con que estos actos se cometen. Por primera vez quizás las FARC tendrán que pensar dos veces antes de aplicar su estrategia sistemática de toma de rehenes.
La nueva cooperación es también una victoria para quienes han invertido años de esfuerzo en ayudar a Washington a entender que Colombia es mucho más que un problema de drogas. Una clara reorganización de prioridades comenzó el año pasado cuando el Congreso en Washington aprobó el uso de la asistencia estadounidense más allá de objetivos antidrogas estrechamente definidos.
Pero incluso un rescate exitoso de los estadounidenses sería una victoria pírrica en la guerra contra el terrorismo si recursos similares no se destinan a todas las víctimas, independientemente de su nacionalidad.
Críticos al papel de Estados Unidos en Colombia, particularmente en el Congreso estadounidense, ya han empezado a usar los últimos secuestros como argumento para reducir la ayuda. No obstante, el Secretario de Estado Colin Powell ha dicho que los secuestros son lamentables pero un riesgo esperado en la lucha contra terroristas y no una razón para realizar cambios.
De hecho, la única modificación razonable sería un mayor fortalecimiento de la cooperación entre Estados Unidos y Colombia. Nuevas señales esperanzadoras no pueden ignorarse. Estadísticas publicadas la semana pasada por la Fundación País Libre que hace seguimiento a los casos de secuestro en Colombia, revelaron que los secuestros en los dos primeros meses de este año llegaron a 334, una reducción de más del 13 por ciento comparado con el mismo período en el 2002. Casi el doble de secuestrados fueron rescatados.
Una acción rápida y contundente ha demostrado ser la forma más efectiva de rescate, el tipo de esfuerzo que se hace posible con significativos recursos económicos y humanos. La recolección de inteligencia, una capacidad profundamente protegida por funcionarios estadounidenses, es crucial. No sorprende entonces que el desarrollo de un mejor sistema para compartir inteligencia se haya convertido en tema central en las más recientes discusiones entre funcionarios estadounidenses y colombianos.
Hasta ahora la ayuda anti secuestros de Estados Unidos ha alcanzado el monto de $25 millones de dólares. Pero para la próxima semana, casi una quinta parte de esa cantidad se habrá consumido en la actual búsqueda de los tres estadounidenses.
Fácilmente podría decirse que Washington no ha tenido nunca un aliado en Bogotá más comprometido con el éxito en este frente que el que tiene hoy. El presidente Alvaro Uribe está personalmente involucrado en el asunto y frecuentemente sondea a sus líderes militares y policiales sobre progresos en esfuerzos específicos de rescate. Si las reciente estadísticas son correctas, hay ya un indicio de que pequeños triunfos se están acumulando –con cada persona rescatada, con cada víctima menos del secuestro.
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