Rechazo a reformas tributarias

El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), rechazó oficialmente ayer la reforma tributaria que impulsa el Ejecutivo, por considerar que la misma pretende aumentar los impuestos al sector privado y los consumidores, y no se preocupa por incentivar la producción, “sobre todo cuando estamos en una economía de recesión”, declaró el presidente del organismo empresarial, Anastasio Somarriba.

“Vamos a dar nuestra batalla contra esta reforma por el bien de todos los nicaragüenses”, advirtió el líder empresarial, al subrayar que la imposición de nuevos tributos podría llevar a “una profundización de la recesión y el desempleo”.

Somarriba consideró en ese sentido, que la reforma “es inviable”, al tiempo que manifestó su preocupación porque es la tercera que lleva la administración del Presidente de la República, Enrique Bolaños, en poco más de siete meses, luego de las impulsadas en septiembre de 2002 y la reciente de febrero pasado.

El Ministro de Hacienda y Crédito Público, Eduardo Montealegre, confirmó que el Comité Técnico Asesor para la reforma tributaria, recomendó una serie de propuestas que elevarían a 900 millones de córdobas las metas de recaudación anuales.

Sin embargo, aseguró que “no necesariamente todas las recomendaciones se verían reflejadas en el proyecto de ley” que Bolaños enviará la próxima semana a la Asamblea Nacional.

Durante la comparecencia ante los medios de comunicación, el Cosep rechazó “enfáticamente” el pago mínimo del uno por ciento a cuenta del Impuesto sobre la Renta (IR) sobre los activos brutos de las empresas, “por su efecto devastador en las empresas nacionales”; el gravar con el Impuesto General al Valor (IGV) el vestuario y los productos de higiene personal de producción nacional contenidos en la canasta básica; al igual que el aumento del IR a las personas naturales.

También la eliminación de las exoneraciones al sector agropecuario “porque aumentarían los costos de producción”; así como el hecho que la reforma plantee que sólo se reintegraría el 25 por ciento del Impuesto Selectivo de Consumo (ISC) del combustible en el caso de las exportaciones.

Somarriba denunció que el gobierno desea recaudar más impuestos para seguir manteniendo sus gastos, “cuando debe racionalizarlos”.

En consecuencia, el Presidente de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (Upanic), Juan Álvaro Munguía, llamó al gobierno “a bajarse los salarios y disminuir la cantidad de funcionarios y asesores”.

El economista Néstor Avendaño, miembro del Comité Técnico Asesor de las reformas, se mostró en contra de gravar con el IGV los productos textiles y de aseo personal producidos en el país, porque repercutiría en los costos de la canasta básica, con un aumento en los precios de dichos productos de hasta un cinco por ciento.

ONG RECLAMA

La Coordinadora Civil (CC) solicitó que se mantengan las exoneraciones a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y que se ordenen mejor las finanzas públicas.

Ricardo Zambrana, represente de la CC, señaló que el gobierno deberá impulsar una reforma tributaria integral que no sea parte de las presiones de organismos financieros internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), para que cuando se realicen las modificaciones se alcance un equilibrio en las recaudaciones, de forma que esto contribuya a ordenar el sistema tributario nacional.

Zambrana dijo que antes de iniciar una nueva reforma tributaria, la Dirección General de Ingresos (DGI) deberá hacer cumplir las leyes de recaudación, ya que actualmente hay sectores que deben pagar millones en impuestos y aún así no lo hacen.

Las ONG pagan Impuesto General al Valor (IGV) en todas las compras de bienes y servicios.

En el caso de las ONG que sirven como microfinancieras se les cobra el Impuesto sobre la Renta (IR), igual sucede cuando se dedican a actividades comerciales y ofertan servicios profesionales.