Consuelo Sandoval [email protected]
El informe de la Comisión Parlamentaria de Defensa y Gobernación que investiga el trasiego ilegal de armas desde Nicaragua hacia Colombia, determinó que están implicadas autoridades panameñas y exime de responsabilidad a las Fuerzas Armadas de nuestro país, declaró su presidente, el diputado Augusto Valle.
“Es tácito que cometieron irregularidades las autoridades panameñas, la bandera del barco es panameña y para sacar este trámite debió haberse retrasado unos ocho meses, y se sacó en mes y medio, (la embarcación Oterloo), tenía bandera panameña, por otro lado, no hay ninguna documentación de la llegada del barco, las autoridades panameñas estuvieron como hora y media o dos horas (en la nave), no se sabe qué fue lo que hablaron, no revisaron nada. Por otro lado no aparecen armas”, destacó Valle.
El diputado dijo que fundamentándose en “información sustantiva”, la comisión legislativa concluyó que el informe presentado por la Organización de Estados Americanos (OEA), es imperfecto y no está completo porque investigó parcialmente.
NICARAGUA EXENTA DE RESPONSABILIDAD
Aseguró que Nicaragua está exenta de responsabilidad porque fue el único país que entregó documentación, además que no se observa ningún trato indebido en lo que se refiere a dinero o coima, no obstante, dijo que por parte de las autoridades militares y policiales hubo negligencia porque no constataron en Panamá el destino de las armas.
“A nivel local en Nicaragua, sí cumplieron con todo lo establecido legalmente, solicitaron permiso a la Contraloría, descargaron ante el Ministerio de Hacienda, inclusive el ministro de Gobernación solicitó una investigación a la Embajada de Estados Unidos sobre la empresa y las gestiones, y todo estuvo de acuerdo”, dijo.
“Pareciera ser que hay una trama, definitivamente con profundizar la información se van a dar cuenta que Nicaragua no es un país agresor como dice el informe de la OEA”, manifestó.
OEA NO PROFUNDIZÓ
Contrariamente, agregó, la OEA no indagó nada en Panamá, pese a que se constituyó en el centro de operaciones de la transacción, y tampoco llegaron a Colombia.
“El problema del desvío del armamento y las municiones ocurrió en alta mar, el buque que valía seis millones de dólares se vendió en 150 mil dólares y allí podés identificar en qué forma lo hicieron, la legalidad de esta empresa la sacaron como en dos meses y estuvieron involucradas autoridades panameñas”, destacó.
El informe recomienda que se siga investigando para sanear debidamente la imagen de nuestro país, además para que se llenen los vacíos de ley conforme los convenios internacionales suscritos por Nicaragua.
