- Esperan que en los próximos meses finalmente el gobierno cumpla con una sentencia internacional que ordena la demarcación de las tierras indígenas
Benjamín Blanco [email protected]
Luego de reunirse con el Presidente de la República, Enrique Bolaños, representantes legales de la comunidad indígena Mayagna de Awas Tigni, expresaron que darán un voto de confianza al Ejecutivo para que éste cumpla a cabalidad con una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que favoreció a esta comunidad integrada por 1,300 personas.
En su sentencia sobre el caso de Awas Tigni, emitida en diciembre pasado, la Corte concluyó que el Estado de Nicaragua violó los derechos de los mayagnas al otorgar una concesión de explotación de los recursos forestales existentes en su territorio tradicional, sin el consentimiento de la comunidad y al ignorar las constantes demandas de demarcación del territorio indígena.
“Yo veo que el presidente Bolaños entiende las consecuencias que puede traer por no cumplir la decisión de la Corte, y creo que debemos de dar oportunidad para que él ordene a sus funcionarios, responder y dar prioridad para cumplir con la sentencia… si el presidente agiliza esto, él tiene la oportunidad de reconstruir el Estado de Derecho en Nicaragua”, opinó Armstrong Wiggins, director para América Latina del Centro de Recursos Jurídicos para los Pueblos Indígenas.
El funcionario nombrado por Bolaños, que estará a cargo del proceso de cumplimiento a la sentencia en mención, será Carlos Hurtado.
Por su parte, Víctor Campos, subdirector del Centro Humboldt, organismo que desde un inicio ha venido apoyando el juicio que se libró en contra del Estado nicaragüense en la CIDH, dijo que “se trata de un fallo histórico no sólo para los pueblos indígenas de Nicaragua, sino para toda América Latina”.
GOBIERNO FUE FORZADO POR LA CSJ
Campos agregó que la respuesta actual del Ejecutivo no fue por voluntad política, sino que la comunidad indígena tuvo que interponer un recurso ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en contra del Presidente de la República, para obligarlo a cumplir con la sentencia internacional.
“Lo establecido en la sentencia son cosas que están totalmente al alcance del Estado nicaragüense. Más que un monto para atender la demanda de los mayagnas, se trata de un asunto de voluntad política: el reconocimiento de la tierra de las comunidades indígenas que siempre ha sido de ellas, a como la Corte lo manda”, agregó Campos.
La demarcación del territorio indígena, es un proceso administrativo que requiere de un diagnóstico y los estudios correspondientes, “que eso es lo que tendría un costo y su resultado será lo que el Estado nicaragüense tendrá que legalizar y esa voluntad política es la que no hay en el gobierno”, aseguró Campos.
Según Lottie Cunningham, asesora legal de la comunidad, “el área que reclaman como pueblo indígena es de acuerdo a los usos tradicionales de la tierra, y la sentencia de la Corte por primera vez ordena al Estado que se demarque de acuerdo al derecho consuetudinario, uso y valores tradicionales de la comunidad”.
TEMOR ESTATAL
“Hay cierto temor del Estado nacional por reconocer derechos indígenas a comunidades que históricamente han habitado allí, porque se ven como potenciales bancos de tierra y de recursos naturales para ponerla en función de la explotación económica tradicional que se quiera impulsar en el país”, opinó Víctor Campos, subdirector del Centro Humboldt.
