- Se resiste a rendir informe ante la Corte Suprema de Justicia y alega “incompetencia” de ese Poder
del Estado para requerirlo
José Adán Silva yAry Neil [email protected]
El procurador en funciones Francisco Fiallos, prácticamente se atrincheró en su posición de no reconocer a la Comisión de Régimen Disciplinario, de la Corte Suprema de Justicia, como una entidad competente para pedirle que rinda un informe sobre sus denuncias de supuestos actos de corrupción en el sistema judicial.
A través del vocero de la Procuraduría General de la República (PGR), Sergio Bofelli, LA PRENSA conoció que el procurador en funciones “no se prestará al juego político de algunas personas” que, a juicio de Fiallos, tienen intenciones personales en el caso.
La explicación del vocero institucional se dio cuando LA PRENSA le solicitó la reacción sobre el “ultimátum” del magistrado Guillermo Selva, quien este fin de semana expresó que si el procurador Fiallos no se retracta de las declaraciones vertidas en contra del Poder Judicial o no da las explicaciones pertinentes, “la opinión de la mayoría de magistrados de la Corte Suprema de Justicia es que debe ser sancionado”.
Días atrás, Fiallos comentó que algunos magistrados reciben coimas y litigan desde sus despachos, lo que motivó a la Comisión de Régimen Disciplinario a requerirle un informe donde explicase sus acusaciones. Fiallos pidió que la solicitud fuera archivada, bajo el argumento de que la Corte no tiene competencia para ello.
Ayer cuando se le preguntó al vocero qué opinión le merecía a Fiallos la posición de la Corte, éste repitió que el procurador en funciones contestaría de la misma manera en que respondió la primera vez: “Pido se archiven las presentes diligencias, ya que sobre las supuestas declaraciones atribuidas al Procurador General de la República por la Ley, la Comisión Disciplinaria de la Corte Suprema de Justicia no tiene competencia por las disposiciones legales señaladas”.
RAMOS: “FIALLOS DEBE PROBAR ACUSACIONES”
Sin embargo, la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Alba Luz Ramos, insistió en que el Procurador General de la República en funciones, Francisco Fiallos, está en la obligación de probar sus acusaciones en torno a la existencia de jueces y magistrados corruptos dentro del Poder Judicial.
Y aunque no quiso confirmar si Fiallos merece una sanción si no prueba tales señalamientos, reiteró que el caso está en manos de la Comisión de Régimen Disciplinario, cuyos miembros ayer se reunieron a puertas cerradas y sin dar ninguna declaración a los medios de comunicación.
Ramos reconoció la gravedad de que un funcionario público, haga afirmaciones del tipo de las que hizo el procurador Fiallos, sin ofrecer prueba de sus acusaciones, pero no quiso referir si es facultad de la Comisión de Régimen Disciplinario el sancionarlo por ello.
Según el vocero de la Corte Suprema, Roberto Larios, los magistrados miembros de la Comisión tratarán el caso en privado y, una vez que se pongan de acuerdo, darán a conocer su resolución públicamente.
92 CASOS EN INVESTIGACIÓN
La Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, magistrada Alba Luz Ramos, confirmó 92 casos que investiga la CSJ sobre funcionarios, incluidos jueces, que estarían involucrados en situaciones similares a las de la ex juez Flavia Solís Montiel; es decir, implicados en procesos judiciales de narcotráfico en los que han dejado en libertad a los procesados.
Ramos no quiso dar el número exacto de jueces que están bajo investigación por parte de las máximas autoridades del Poder Judicial, pero insistió en que son 92 los casos y que hay diversidad de funcionarios, entre ellos jueces.
