- Pesquisas de la Corte tienen que ver con casos de narcotráfico
- Policía dice que no investiga a jueces, sino actuaciones en que se han visto involucrados los judiciales
Ary Neil Pantoja,Mirna Velásquez yElízabeth [email protected]
Mientras la Comisión de Régimen Disciplinario iniciará una investigación en torno a la actuación de tres jueces civiles, la presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Alba Luz Ramos, confirmó que este máximo Tribunal realiza una averiguación sobre varios jueces penales que dejaron en libertad bajo fianza a personas procesadas por delitos relacionados con el narcotráfico.
Ramos dijo desconocer si las autoridades de la Dirección de Investigaciones Criminales (DIC) de la Policía Nacional está investigando a varios jueces bajo el supuesto de que han dejado en libertad a reos procesados por narcotráfico, siendo que la Ley de Estupefacientes, Sicotrópicos y otras Sustancias Controladas (Ley 285), lo prohíbe.
“No he tenido conocimiento de eso (de la investigación), sólo sé que la DIC está investigando los casos de los juzgados Tercero y Cuarto (de Distrito del Crimen de Managua), no sé si tiene otros casos en investigación”, dijo Ramos, en referencia al caso del narcotraficante guatemalteco Juan Carlos Ospina, quien fue puesto en libertad bajo fianza por la destituida juez Tercero, Flavia Solís.
Ramos confirmó que existe una extensa lista de jueces que estarían en situación similar a la de Flavia Solís, destituida de su cargo por el caso Ospina. “En la Corte Suprema estamos profundizando en la lista (de jueces) que la Dirección de Planificación nos pasó de casos en los que los reos acusados por delitos contenidos en la Ley 285 salieron bajo fianza personal”, reiteró Ramos.
Dijo que es necesario establecer la gravedad de cada caso, lo que dependerá de la cantidad de droga que esté involucrada en los procesos judiciales en los que los jueces decidieron dar libertad bajo fianza al reo.
JUECES SE REÚNEN CON POLICÍA
En una reunión bilateral entre jueces de Managua y altos mandos de la Policía Nacional, el comisionado mayor Julio González informó a los judiciales de una investigación a nivel nacional que la Dirección de Investigaciones Criminales (DIC) realiza sobre situaciones presuntamente anormales, en las que varios funcionarios judiciales se han visto involucrados.
“Según lo que nos expresó el comisionado Julio González, la DIC no está investigando a jueces, investiga situaciones”, dijo el juez Séptimo de Distrito del Crimen de Managua, Edgard Altamirano.
Aunque no reveló mayores detalles del encuentro, Altamirano afirmó que la Policía Nacional está recabando información a petición de la Comisión Disciplinaria de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
En la reunión participaron las jueces Ángela Dávila, Adela Cardoza, Rafaela Urroz, Vida Benavente, Ileana Pérez, Olga Brenes y Edgard Altamirano. Por parte de la Policía, estuvieron presentes los comisionados Edwin Cordero, Horacio Rocha, Julio González, Orlando Aguilera y Ana Julia Guido.
REUNIÓN ORDINARIA
El jefe de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, comisionado Marlon Montano, dijo que la reunión sostenida en el cuarto piso de Plaza El Sol, fue un encuentro ordinario que sostiene cada mes esa institución con la Asociación de Jueces. Durante estas reuniones, dijo, coordinan la presentación de expedientes, de reos, y coordinaciones que deben realizar en el aspecto de auxilio judicial.
“No se habló de ninguna investigación de jueces, no se habló de lo que se ha estado hablando del caso de la juez Flavia Solís, o la juez Chévez, o algún otro juez, solamente fue una reunión ordinaria. De lo que se habla es de coordinaciones interinstitucionales del Poder Judicial con la Policía Nacional”, indicó Montano.
IMPULSAN SUSPENSIÓN DE PROCURADOR
El magistrado Guillermo Selva insistió ayer en que el procurador general de la República en funciones, Francisco Fiallos, irrespetó al Poder Judicial, y que lo menos que puede decretar la Comisión de Régimen Disciplinario es suspenderlo por dos años en el ejercicio de la profesión.
Al igual que su colega Rafael Solís, Selva considera que la Corte Suprema debe solicitar a la Asamblea Nacional la desaforación de Fiallos si éste continúa negándose a enviar el informe que la Comisión de Régimen Disciplinario le pidió con los nombres y apellidos de los jueces que, según él, reciben “coimas”, y de los magistrados que litigan desde sus oficinas, así como las pruebas de esos señalamientos.
La presidenta de la CSJ, Alba Luz Ramos, fue más cautelosa que su colega Guillermo Selva, y prefirió dejar el caso en manos de la Comisión de Régimen Disciplinario. Según Ramos, cualquier decisión que tome la Comisión será sometida a la consideración de la Corte Plena y ahí se decidirá qué acción tomarán.
FIALLOS PERDERÍA EL CARGO
El magistrado Guillermo Selva dijo que si la Comisión de Régimen Disciplinario decidiese aplicar una suspensión por dos años en el ejercicio de la profesión, Francisco Fiallos dejaría de ser, de forma automática, Procurador, “porque uno de los requisitos para ser Procurador General de la República es, precisamente, ser abogado”, señaló Selva.
