Francisco Campbell
El veinte de febrero pasado el Pleno del Parlamento Centroamericano admitió la iniciativa “Resolución del Parlamento Centroamericano en Apoyo a la Institucionalidad del Sistema de Integración Centroamericana (SICA)”, presentada por los Diputados nicaragüenses Leopoldo Navarro, Martha McCoy y Adolfo Calero entre otros. La iniciativa fue remitida a la Comisión Jurídica y la Política para sus respectivos dictámenes, que pueden ser favorables o desfavorables.
Al respecto estimo que estas comisiones en sus deliberaciones deben comprender que la iniciativa que a simple vista pareciera intrascendente, en el fondo carga intereses políticos publicitarios muy particulares referidos al caso del Dr. Arnoldo Alemán y la resolución de la Corte Centroamericana de Justicia que afirma tiene inmunidad en el Parlamento y que corresponde al Parlacen pronunciarse sobre su desafuero.
Comparto el criterio de que el Parlamento Centroamericano debe contribuir al fortalecimiento de la integración centroamericana y esto pasa por el fortalecimiento de las instituciones que componen el sistema. Ello, sin embargo, no significa que el Parlamento ciegamente debe avalar todos los actos de los diversos órganos del sistema, particularmente cuando son acciones que pueden tener el efecto de debilitar la credibilidad de los órganos al contraponerse a las decisiones soberanas de uno de sus miembros.
Vale señalar que en el caso del Dr. Arnoldo Alemán dos de los seis magistrados, precisamente los de Nicaragua, se abstuvieron de votar y debo asumir que adoptaron esa posición porque estaban convencidos de las repercusiones adversas que se derivarían de esa acción; y no estaban equivocados. La Corte Centroamericana de Justicia que antes tenía una imagen generalmente positiva en Nicaragua, ahora es objeto de fuertes críticas de todos los sectores. El Parlamento Centroamericano no debe exponerse a una suerte similar.
Por otra parte creo que es importante señalar que el Parlamento no acostumbra pronunciarse sobre las resoluciones de la Corte Centroamericana de Justicia. Viene a la mente el caso cuando la Corte Centroamericana declaró que el Estado de Honduras debería dejar sin efecto la ratificación del Tratado Ramírez-López con Colombia. El Gobierno de Honduras no acató el fallo y a pesar del esfuerzo de algunos en el Parlamento Centroamericano, prevaleció la opinión de que era más prudente que el Parlamento no emitiera pronunciamiento alguno. Lo mismo sucedió cuando la Corte mandó a que Nicaragua levantara el impuesto del 35 por ciento a los productos hondureños en represalia por la ratificación del referido Tratado. El Parlamento nuevamente evitó pronunciarse.
El prestigio de este Parlamento que poco a poco se ha venido consolidando puede ser comprometido innecesariamente si este caso no se maneja con debida inteligencia. Me acuerdo del interesante debate que se dio en ocasión de la visita del presidente Abel Pacheco, de Costa Rica, en septiembre del año pasado. En esa oportunidad el presidente Pacheco señalaba que una de las razones por las cuales la opinión pública de su país se resistía al ingreso al Parlamento Centroamericano, era precisamente por la mala impresión que se tenía de que el Parlamento mediante la inmunidad a sus miembros se constituía en escudo para la impunidad y se refería expresamente a los ex presidentes que Pacheco creía gozaban de diputación vitalicia.
Se pudo aclarar al presidente Pacheco, y sus declaraciones posteriores han sido, en términos generales, más favorables respecto al Parlamento y su papel dentro del proceso de integración.
Es importante que se construya sobre avances como el que se ha logrado con Costa Rica y que se evite tomar posiciones que solamente sirven para dar fuerza a los argumentos de los que en el fondo se oponen a la existencia del Parlamento y su participación en el proceso de integración regional.
El autor es diputado nicaragüense al Parlacen.
