Freddy Potoy R. [email protected]
El escándalo por el supuesto fraude en el Canal 6, y digo supuesto fraude, porque ahora no sé a quién creerle, si a la juez que dictó auto de prisión contra los implicados en un presunto acto de corrupción estatal, si a la juez que está liberando de toda responsabilidad a los implicados o a la Procuraduría General de la República, que en cuanto “dobla, repica”.
Veamos. La juez Gertrudis Arias dictó auto de prisión a los acusados de fraude de hasta 1.3 millones de dólares en perjuicio del canal estatal y en ese momento, esa sentencia devolvió las esperanzas y reconfortó un poco la resquebrajada confianza que hay en el Poder Judicial.
Con el pasar del tiempo, los acusados se empezaron a enfermar de cualquier cosa (lo raro es que no se enferman igual cuando están en los cargos públicos) para salir bajo cualquier figura jurídica y así comenzaron a desfilar.
Lo peor comenzó cuando el propio Presidente de la República, Enrique Bolaños, quien despuntó con el caso de Canal 6 su lucha contra la corrupción en la administración del ex presidente Arnoldo Alemán Lacayo, empezó a abogar por la libertad y honestidad de algunos reos. Eso generó una gigantesca desconfianza porque Bolaños ya no parecía presidente, sino un magistrado dando “orden” a la Juez que instruyó la causa. Resultado: los reos por los que abogó Bolaños salieron de la cárcel.
El show continúa. Luego el procurador auxiliar penal, Eduardo Boza Guerrero abogó por otros reos y en vez de sentirse ofendido en nombre del Estado, el reconocido ex Juez Quinto de Distrito del Crimen de Managua, parecía abogado defensor. Y, finalmente, otra vez el doctor Boza, aparece en escena, pero esta vez pidiendo prisión para los que la juez Juana Méndez acaba de dejar sin responsabilidad penal.
Todo este relajo, las inconsistencias de la Procuraduría, los intereses políticos y personales tanto de Bolaños, como de los arnoldistas y sandinistas, sencillamente estrangularon y le sacaron la lengua una vez más a la justicia y a las esperanzas de los nicaragüenses.
De acuerdo a este caso instruido por los políticos, el ex presidente Arnoldo Alemán Lacayo debería gozar de este beneficio, y sucesivamente las causas incoadas contra Byron Jerez Solís también están plagas de nulidades y pueden correr la misma suerte. Los errores de la Procuraduría General de la República y las habilidades de los políticos a través de los jueces, técnicamente pueden conllevar a demandas de los acusados y ahora absueltos, contra el Estado de Nicaragua, por haberlos perjudicado en su honor, su honra y su imagen, entre otras cosas.
Después de ver las acciones de los jueces, de la Procuraduría y la del presidente Bolaños, saltan tres inquietudes: ¿Nunca hubo fraude? ¿Si hubo fraude, entonces todos están encubriendo a los verdaderos ladrones? Y si se dieron las dos cosas anteriores, ¿significa que quienes trabajan en la Procuraduría General de la República son un montón de marionetas?
Los funcionarios de las instituciones del Estado, comenzando por el propio Presidente de la República, deben ser serios porque ellos no están en un circo y los nicaragüenses no somos payasos de ellos. Una vez más, si hubo fraude, los ladrones disfrutan de su botín con la complicidad de las autoridades y los contribuyentes pagan semejante desgracia.
