- Procuraduría denuncia ante la Corte Suprema de Justicia a tres jueces civiles y anuncia para los próximos días nuevas denuncias contra jueces penales
- Pidió la sustitución inmediata de las jueces Yelba Aguilera Espinoza, Vida Benavente Prieto y Ruth Chamorro
José Adán Silva [email protected]
La Procuraduría General de la República denunció ante la Corte Suprema de Justicia, a tres jueces de Distrito de lo Civil de Managua, por supuestas “anomalías y hechos censurables” en sus funciones públicas.
La denuncia la interpuso el Procurador General por la Ley, Francisco Fiallos, el viernes por la tarde ante el Secretario de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Alfonso Valle Pastora.
En su escrito de 16 páginas, Fiallos denunció las actuaciones de las jueces Yelba Aguilera Espinoza, Vida Benavente Prieto y Ruth Chamorro Martínez, titulares respectivas de los Juzgados Primero, Tercero y Cuarto de Managua, para quienes pide una investigación exhaustiva de la Comisión de Régimen Disciplinario de la Corte.
TORMENTA DE “ERRORES”
En su escrito, Fiallos señala una verdadera “tormenta de errores” de las judiciales, en juicios donde están de por medio intereses del Estado, incluyendo la demanda contra el Instituto Nicaragüense de Seguros y Reaseguros (Iniser), cuyas propiedades podrían ser subastadas la próxima semana por órdenes de la juez Vida Benavente.
En otro caso, Fiallos expuso que el pasado 25 de febrero el procurador auxiliar Israel Isaac Moraga, asignado al juicio arbitral Conamerica, informó ante la Procuraduría que en torno a un juicio de arbitraje promovido por la empresa constructora Conamerica S.A., en contra del Estado de Nicaragua, la juez Aguilera, mediante resolución dictada el 13 de agosto de 2002 resolvió que el procurador antes mencionado debió comparecer con un poder especial para acreditarse en el juicio y no con la certificación de su nombramiento, tal y como lo reconoce la CSJ.
En esa misma resolución, según Fiallos, la juez Aguilera dispuso no aceptar a la Procuraduría General de la República (PGR) como la Representante del Estado; sin embargo en una resolución posterior amplió la demanda en contra de esta institución.
Una historia similar reportó a la misma PGR, Silvia Patricia Miranda, procuradora auxiliar de Finanzas adscrita al Ministerio de Hacienda, mediante un informe presentado el pasado 5 de marzo, cuando informó que en los casos en que ha intervenido el Estado de Nicaragua como demandado, la juez Aguilera ha negado la representación del Estado argumentando que la Ley Orgánica de la PGR no da facultades suficientes a sus Procuradores Auxiliares para asumir la representación de los juicios.
EL CASO INISER-AGROINSA
En el paquete de denuncias la Procuraduría también incluyó el caso de la demanda de la empresa Agroindustrial Azucarera Sociedad Anónima contra Iniser, en un juicio llevado por la Juez Tercero de Distrito Civil, Vida Benavente.
En este caso, la Procuraduría acusa a la juez “por actuaciones contrarias a la ley por incumplir el deber de administrar justicia con imparcialidad, de conformidad con el Artículo 143 numeral 2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial; y por establecer procedimientos que no dependen de su arbitrio”.
De acuerdo con esta denuncia, la juez Benavente pretende afectar el patrimonio de Iniser obviando la discusión de que dicha institución “es patrimonio del Estado de Nicaragua”. Asimismo la PGR denunció que en una causa judicial que representa la Procuraduría ante la Empresa VETASA en contra de la municipalidad de Villa El Carmen (querella de amparo en la posesión) radicada en el mencionado Juzgado Tercero Civil de Distrito de Managua, se dieron irregularidades consideradas “como delitos de prevaricato, sustracción de documentos públicos, falsedad civil, entre otros”.
Respecto a Ruth Chamorro, Juez Cuarto Civil de Distrito, la Procuraduría señala que en un juicio contra la municipalidad de Villa El Carmen, se ha dado una serie de anomalías “casi delictivas”. “En esa judicatura se tornó aún más complicado en lo que a administración de justicia se refiere, pues conviene mencionar que de la causa antes aludida se sustrajeron piezas de vital importancia que componen el cuaderno de autos; desapareciéndose folios que constituyen pruebas pertinentes a la probanza del caso; se han librado por dicha autoridad judicial certificaciones amañadas que perjudican a la Municipalidad de El Carmen; se han hecho desaparecer copias de cédulas de notificación”, enumeró Fiallos.
PIDE SUSTITUCIÓN
En su denuncia, Fiallos pidió la separación inmediata de las jueces denunciadas “mientras se realiza la investigación correspondiente”.
“Y no es posible, ni permisible, señores magistrados, que en las judicaturas comunes, libre y expeditamente, se conduzcan jueces dedicados a la insana tarea de promover la violación a la Ley, y al atropello de los procedimientos judiciales”, dice Fiallos en su escrito
Luego de interpuesta la denuncia, la Procuraduría delegó el caso a la abogada Sirza Altamirano, quien fue nombrada Procuradora Constitucional y de lo Contencioso Administrativo.
La denuncia se interpuso en la casa del Secretario de la Corte, a las 6:15 minutos del pasado viernes, con copias a todos los magistrados. Debido a que a esa hora ya los funcionarios judiciales habían cesado en sus funciones, no les distribuyeron los documentos, por lo cual ayer ninguno de ellos sabía de qué trataba el asunto.
VAN CONTRA JUEZ MENDEZ
Fuentes de esa institución indicaron que en los próximos días estarán presentando una nueva denuncia contra jueces del Distrito del Crimen, incluyendo posiblemente a la Juez Primero de Distrito del Crimen, Juana Méndez, a quien denunciarán por negarse a enviar al ex presidente Arnoldo Alemán a la cárcel, en vez de mantenerlo con casa por cárcel.
