- Magistrado Rafael Solís confirma ampliación de investigación a otros funcionarios posiblemente involucrados en la libertad del narcotraficante Juan Carlos Ospina
- Ospina logró fugarse gracias a un dictamen forense falsificado que indicaba que el reo no estaba bien de salud
Ary Neil Pantoja [email protected]
El presidente de la Comisión de Régimen Disciplinario de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rafael Solís Cerda, no descartó la existencia de una “red judicial” que estaría involucrada en el caso de la liberación del narcotraficante guatemalteco Juan Carlos Ospina González.
Según Solís, en dicha “red” se incluyen jueces y secretarios de actuaciones, además de “otros funcionarios judiciales”, posiblemente del Instituto de Medicina Legal (IML).
La controversia alrededor de la libertad bajo fianza de Ospina, surge a raíz de la aparición de un dictamen forense, supuestamente falsificado, en el que se indica que el reo no podía permanecer en régimen carcelario y que debía ser trasladado a un hospital.
Sin embargo, la forense Sara Mora Grillo desmintió que ella haya recomendado enviar a Ospina al hospital, pues consideraba que el detenido estaba en buenas condiciones de salud.
Solís dijo a LA PRENSA que de la investigación del caso Ospina podrían resultar nuevas sanciones y hasta destituciones de funcionarios judiciales, cuya participación en el caso sea comprobada por la comisión. Hasta el momento, por esta investigación fue suspendida del cargo la Juez Tercero de Distrito del Crimen de Managua, Flavia Solís Montiel.
“Puede ser que estén involucrados algunos jueces más, secretarios que son miembros de la Carrera Judicial y del Poder Judicial; incluso vamos a averiguar a fondo al Instituto de Medicina Legal, para ver cómo fue que se falsificó ese dictamen (sobre la salud de Ospina)”, dijo Solís, sin mencionar nombres de esos posibles involucrados.
El presidente de la Comisión de Régimen Disciplinario dijo que podrían solicitar la comparecencia a los funcionarios del Sistema Penitenciario Nacional, pues no descartó la posibilidad de que “la red” abarque a esa instancia, aunque aclaró que el Sistema Penitenciario no depende institucionalmente del Poder Judicial, sino del Ministerio de Gobernación.
Agregó que en el caso del Sistema Penitenciario corresponde al Ministerio de Gobernación o a la Fiscalía General de la República, abrir una investigación de esa naturaleza. “El hecho que a ellos (funcionarios del Sistema Penitenciario) se les haya enviado una comunicación y hayan respondido que no tenían custodia, no es correcto”, expresó Solís Cerda.
CASO PICA Y SE EXTIENDE
Mientras tanto, el caso Ospina “pica y se extiende”, pues ayer compareció ante la Comisión de Régimen Disciplinario, la abogada del narcotraficante guatemalteco, Adda Francis Pineda, quien aseguró que el dictamen forense emitido por la doctora Sara Mora Grillo, es legal. Pineda deslindó responsabilidad en la fuga de Ospina, aduciendo que ya no era su defensora cuando éste huyó.
Ante la comisión también compareció el alguacil del Juzgado Cuarto de Distrito del Crimen, Marvin Hernández. Previamente lo hicieron la Juez Cuarto de Distrito Penal, Vanessa Chévez, su suplente Julio César Arias y el suplente de la juez Flavia Solís, Oscar Manzanares.
El magistrado Rafael Solís, aseguró que Pineda y Hernández se contradijeron en torno a las versiones que presentaron por separado, sobre cómo se dio el traslado del dictamen forense en torno a la salud de Ospina, desde el Instituto de Medicina Legal, hasta el Juzgado Tercero de Distrito del Crimen.
A juicio de Solís, la abogada Pineda tiene mucho que explicar sobre la falsificación del dictamen. “La abogada defensora tuvo un papel enorme en todo esto. Ella se involucró en la salida (del reo). Si hizo todo de la manera correcta y no tuvo nada que ver con la falsificación del dictamen, pues no se tomaría ninguna sanción, pero si hubo una actuación ilícita o tuvo que ver con la falsificación, pues la sancionamos”, expresó el magistrado Solís.
Ni Pineda ni Hernández, según Solís, pudieron aclarar cómo o por qué pasaron por la Universidad Centroamericana (UCA), fotocopiando el dictamen que traían desde el IML; además, mientras Hernández dice que fue solo al IML, Pineda sostiene lo contrario y argumenta que acompañó a Hernández y que el chofer se bajó del vehículo a fotocopiar el documento.
En base a estas contradicciones, además de la investigación del máximo Tribunal, Solís considera necesaria la intervención de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la República para iniciar una investigación más a fondo sobre la falsificación o no del dictamen.
DEFENSOR: «OSPINA FUE PRESIONADO»
El bufete de abogados Suárez y Asociados asumió la defensa de Juan Carlos Ospina el 23 de enero de 2003. El abogado Domingo Suárez expresó que aceptó defender a Ospina cuando éste se presentó a su oficina “visiblemente alterado”, según Suárez, porque estaba siendo presionado por “alguien” para que no cambiara de abogado defensor.
Suárez expresó que el último contacto con Ospina fue el 27 de enero cuando el acusado debía presentarse al Instituto de Medicina Legal para hacerse nuevos análisis ordenados por la juez Solís. “Ese día me dijo que había recibido entre 25 y 27 llamadas telefónicas al celular de su esposa, Bessy Jacqueline Blandón Ramírez, amenazándolo con suspenderle la fianza personal si insistía en cambiar de defensor”, dijo.
Suárez dijo que Ospina nunca le dijo quién o quiénes le estaban amenazando por teléfono y que después de este encuentro en el IML, no volvió a saber nada de Ospina. Suárez presume que la causa de la fuga del guatemalteco fueron esas presiones telefónicas.
COMPARECEN DIC E IML
Hoy comparece ante la Comisión de Régimen Disciplinario, el jefe de la Dirección de Investigaciones Criminales (DIC), de la Policía Nacional, comisionado mayor Julio González. El magistrado Rafael Solís dijo que aprovechará para pedir a González que “le meta candela” a la investigación en torno a la falsificación del dictamen forense. También comparece la doctora Sara Mora Grillo, quien elaboró el dictamen.
