Javier BaenaAP
BOGOTÁ.- En un esfuerzo por acelerar la destrucción de los cultivos de coca y amapola, el gobierno del presidente Alvaro Uribe aumentó la concentración del glifosato, el herbicida químico utilizado en las fumigaciones.
El Defensor del Pueblo Eduardo Cifuentes dijo que esta decisión pone en riesgo la salud humana y el medio ambiente y anunció que pedirá su anulación a la Corte Constitucional.
El Ministerio del Medio Ambiente expidió una resolución el 31 de enero mediante la cual autorizó aumentar de 8 a 10.4 litros por hectárea la concentración del glifosato.
“Los estudios indican que este tipo de fumigación no produce efectos graves sobre la salud humana y el medio ambiente porque el glifosato se diluye en el agua’’, explicó el jueves el viceministro del Medio Ambiente Leonardo Muñoz.
Cifuentes dijo a la AP que en octubre la Defensoría respaldó una acción judicial interpuesta por las comunidades indígenas del Putumayo, la principal zona de producción de cocaína, para que se suspendan las fumigaciones y se indemnice a los campesinos cuyos cultivos de alimentos han sido destruidos.
“En ese entonces la concentración de glifosato era de 8 litros por hectárea. Ahora que ha pasado a 10.4 con mayor razón insistiremos en la anulación de esta decisión porque pone en riesgo la salud humana y el medio ambiente y viola Constitución y los Derechos Humanos’’, señaló.
Aclaró que con la acción judicial “no se pretende interferir el trabajo del Gobierno para combatir el cultivo y el tráfico de narcóticos, sino evitar daños a la salud’’ de los residentes en las regiones donde se realizan las fumigaciones.
EXORBITANTES GANANCIAS
El Ministro del Interior, Fernando Londoño, calculó el miércoles que las ganancias de los grupos armados al margen de la ley y los narcotraficantes ascienden a 5,000 millones de dólares anuales, una cifra muy alta si se tiene en cuenta que las exportaciones legales llegan a 12,000 millones de dólares anuales.
