Consuelo Sandoval [email protected]
El Consejo Supremo Electoral (CSE) estaría dispuesto a ampliar el plazo de seis meses que otorgó a los 27 partidos políticos que recientemente recuperaron su personalidad jurídica, a fin de que puedan actualizar sus directivas nacionales, departamentales y municipales, confirmó ayer el director de Atención a Partidos Políticos, Julio Acuña.
Representantes de esas organizaciones se presentaron ante Acuña para impugnar la resolución que les ordena actualizar y reactivar sus directivas en un plazo de seis meses, y para que presenten sus estados financieros.
Francisco Samper, representante del Movimiento de Unidad Revolucionaria, dijo que el CSE se excedió en su competencia, porque la Ley Electoral y la Constitución no establecen plazos para la presentación de directivas actualizadas, y cuestionó la exigencia para presentar los estados financieros debido a que desde hace tres años han permanecido inactivos por la cancelación de su personalidad jurídica, además, que no cuentan con recursos.
Acuña reconoció que la legislación no establece un plazo fatal para la presentación de directivas, por lo cual se declaró dispuesto a flexibilizar esa disposición, pero negó que sea inconstitucional demandar la actualización de las mismas, argumentando que el artículo 19 inciso 19 de la Ley Electoral establece que es atribución del CSE vigilar que los partidos cumplan con sus estatutos y reglamentos internos”, afirmó.
“Los seis meses son un plazo que la dirección de Partidos Políticos podría ampliar, es algo flexible, no es fatal, no tenemos esas facultades. Lo que estamos tratando es que se cumpla con lo ordenado por el Poder Electoral”, declaró.
Recordó que algunas agrupaciones políticas antes de la cancelación de sus personalidades jurídicas, tenían vencidas sus directivas, que en la mayoría de casos son electas por un período de dos años.
También se reunieron con el director de Atención a Partidos Políticos, los representantes de los partidos Revolucionario de los Trabajadores, Unionista Centroamericano, y Social Cristiano, entre otros.
Informó que restituyeron su estatus legal a 27 organizaciones, que fueron canceladas porque no obtuvieron el 4 por ciento de los votos en los comicios de 2000.
Aclaró que ninguno de los 14 partidos políticos desaparecidos después de los comicios de 1996 recuperó su estatus legal, debido a que estuvieron regidos por la legislación electoral, la cual estipulaba que la agrupación que no obtuviera al menos un diputado ante el Parlamento desaparecía.
Esa legislación fue sustituida por una nueva Ley Electoral, aprobada por la Asamblea Nacional en 2000.
