Luis Alemán [email protected]
Un informe de la Policía Nacional sobre los hechos registrados el pasado seis de febrero en el empalme San Benito y que dejó como resultado una persona muerta y 4 policías heridos, concluyó que no encontró responsabilidad administrativa en la actuación del titular y funcionarios policiales del Distrito VIII, durante el restablecimiento del orden en los hechos violentos de esa fecha.
Las investigaciones realizadas por la misma Policía concluyen que no existen indicios que demuestren interés personal por parte del titular del Distrito 8 de Policía, Subcomisionado Fernando Antonio Borge Aguilar, ni de ningún otro funcionario de la Policía Nacional, sobre las tierras en conflicto en el Timal.
La misma nota de prensa señala que el arresto en la vía pública que los policías intentaron ejecutar, era motivado por una orden del Juez Único de Tipitapa, licenciado Roberto Gómez Rosales, en contra de Miguel Ángel Molina Hernández, conocido como “Veinte Leguas”, por ser presunto autor del delito de amenazas de muerte en perjuicio de José Ramón Castro Robleto.
Aclara la nota de prensa que el revólver calibre 38 serie 331712, Smiht, que portaba Julio César Mora Arauz, es el mismo según el dictamen pericial, con el que se privó de la vida al ciudadano Arnulfo Ramos Sánchez.
Para la Policía, el uso de la técnica policial autorizada para el uso de la fuerza, fueron usadas de forma gradual y ajustadas a las circunstancias. Aclara además que la actuación policial ejecutada en la vivienda de la señora Teresa del Carmen Aguilera Rojas, donde se capturó a Julio César Moral, fue realizada bajo la fiscalización del Ministerio Público y disponible a salvaguardar a los moradores.
