- Cien municipalidades podrían
cerrar, advierte funcionaria
Arturo Mcfields Yescas [email protected]
La difícil situación económica que atraviesan las municipalidades, podría traer consigo el cierre de unas cien alcaldías a nivel nacional, según señaló Doris Miranda, secretaria del Consejo Municipal de Estelí, cuya Alcaldía inició cierres temporales en algunas dependencias.
Para hoy miércoles se tiene prevista una reunión decisiva de los 152 gobiernos municipales del país, para decidir el cierre solidario de estas alcaldías en respaldo a las municipalidades que tienen menos recursos en las que algunos de sus munícipes ganan salarios de incluso setecientos córdobas.
Miranda expresó que unas seis municipalidades de Estelí han iniciado los paros escalonados, pues necesitan de las transferencias del Gobierno central para poder pagar salarios y ejecutar obras de beneficio social que demanda la población en sus comunidades, las que por la falta de recursos financieros se han quedado varadas.
“No pueden estar descentralizándonos sólo responsabilidades sin descentralizar fondos, necesitamos de las transferencias del Gobierno central para poder ejecutar proyectos sociales”, dijo Miranda.
La semana pasada las alcaldías de Nueva Segovia iniciaron cierres de sus oficinas de forma escalonada para incentivar a que el Gobierno central escuche su reclamo.
LE ENVIARÁN LLAVES A BOLAÑOS
La Asociación de Municipios de Nueva Segovia (Amunse), en un comunicado oficial, dieron a conocer el cierre escalonado de todas sus instalaciones como un mecanismo alternativo ante el recorte presupuestario dejado con el veto del Ejecutivo.
“Si no hubiere respuesta a las demandas hemos llegado al acuerdo de entregar las llaves de las instalaciones de los gobiernos locales al señor presidente, para que en su carácter de tal, enfrente la crisis a la cual estamos abocados los alcaldes”, señala el pronunciamiento emitido en días pasados por Amunse.
Los alcaldes de Nueva Segovia expresaron que no están en contra de personas ni de instituciones de este departamento, sino que su demanda principal es contra el gobierno, en vista que no se ha cumplido con el precepto constitucional de respetar las transferencias presupuestarias a los municipios.
Los alcaldes reclaman el 3.2 por ciento del Presupuesto General de la República, y piden al Gobierno adopte una posición flexible para discutir en términos más favorables para ellos, el tema de la descentralización.
El cierre de las alcaldías podría incidir de forma negativa en los trámites legales como los certificados de nacimiento, transacciones comerciales, los mercados y otros centros y actividades que dependen directamente de la coordinación de los gobiernos municipales.
