- La esposa del reo Harvey Mayorga introdujo ayer una denuncia ante el Ministerio Público, para que investigue aborto practicado a niña violada en Costa Rica
- No señaló a nadie en particular, pero dice que lo hizo para evitar que el aborto se convierta en una carnicería
Mirna Velásquez Sevilla y Ary Neil [email protected]
La práctica de un aborto terapéutico a Rosa, la niña de nueve años que resultó embarazada luego de ser violada en Costa Rica, provocó que la mañana de ayer, de manera particular, Dora Jacqueline Roque interpusiera una demanda ante el Ministerio Público por el delito de aborto.
Aunque la denuncia no especifica en contra de quién fue puesta, se basa en el artículo 162 del Código Penal, el cual establece que quien cause la muerte de un feto en el seno materno o mediante aborto sin consentimiento de la mujer o si ésta fuese menor de 16 años, será reprimido con prisión de tres a seis años.
Dora Jacqueline Roque salió a luz pública meses atrás después que intercediera ante autoridades judiciales para conseguir la libertad de su esposo, Harvey Mayorga, socio del ex director de Ingresos Byron Jerez, ambos procesados por actos de corrupción
Roque explicó que la motivación para promover la denuncia es sentar un precedente y evitar “que más adelante se convierta esto (el aborto) en una carnicería”.
“Yo soy una madre, tengo cinco hijos, siete embarazos, dos pérdidas y no quería que esto fuera un precedente para que en un futuro equis mujer de cualquier edad pueda tomar la decisión (de abortar)”, aseguró.
Por su parte, el fiscal general Julio Centeno Gómez expresó que el Ministerio Público le dará trámite a la demanda y realizará las investigaciones necesarias, para lo cual pedirán la cooperación de la Policía Nacional y determinar si se cumplió con los requisitos de ley o no.
DECLARARÁN PADRES DE LA NIÑA
La fiscal especial en el caso, María del Carmen Solórzano declaró que la denuncia será documentada a través de averiguaciones que incluyen una entrevista a la denunciante Roque, instituciones involucradas como el Ministerio de Salud (Minsa), el Ministerio de la Familia y los padres de la menor.
“(La declaración de los padres) es importante para determinar toda la relación de los hechos, las evidencias y elementos de convicción que pudieran resultar de esos actos de investigación, porque esta denuncia no señala nombres y apellidos, solamente establece que se ha cometido el delito de aborto”, manifestó Solórzano.
Aunque el aborto está tipificado como delito en la legislación nicaragüense, también hay una excepción y aprueba la práctica del aborto terapéutico cuando hay autorización del cónyuge o cualquier pariente cercano de la mujer.
ORGANISMOS HACEN CONSULTAS JURÍDICAS
Ana Quirós, del Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (CISAS), dijo que ya están haciendo las consultas jurídicas del caso para hacer frente a una posible acusación que introduzca la Fiscalía ante los Juzgados capitalinos. Quirós se mostró extrañada que la denuncia ante el Ministerio Público haya surgido de un particular y no de las instituciones gubernamentales como el Ministerio de la Salud o del Ministerio de la Familia.
Aunque dijo desconocer los alcances de la denuncia y las personas denunciadas, Quirós no mostró sorpresa si el Ministerio Público inicia “una persecución” en contra de los organismos no gubernamentales que han apoyado a la familia de la niña Rosa. “Nosotros sólo hemos dado apoyo, pero no participamos del arreglo del aborto, eso (el aborto) fue acordado por los familiares y los médicos”.
PIDEN MUESTRA
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Costa Rica, solicitó a las autoridades nicaragüenses una muestra de sangre del feto abortado, para compararla con la sangre del joven detenido en aquel país. El OIJ también pidió la ubicación de los padres de la niña, para continuar con la investigación, según informó Margarita Morales, vocera del organismo, quien además negó que se haya solicitado muestra de sangre del padre de la menor.
