- “Buscan que el rector pierda sus derechos civiles, para que el vicerrector general asuma el cargo de rector y se convoque a elecciones de vicerrector, por eso están las demandas en los Juzgados, pero estamos convencidos de que tenemos la razón y que todos los esfuerzos que hacen son en vano; vamos a salir airosos como hemos estado saliendo en estas injustificadas demandas judiciales”
Jorge Loiásiga Mayorga jorge.loá[email protected]
El rector de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), Aldo Urbina, se ha defendido de siete juicios criminales diferentes en cinco Juzgados Penales distintos, originados por lo que él llama una “campaña de desprestigio en contra de la universidad y de sus autoridades, con el fin de dañar la imagen del Alma Mater”.
“Buscan que el rector pierda sus derechos civiles, para que el vicerrector general asuma el cargo de rector y se convoque a elecciones de vicerrector, por eso están las demandas en los Juzgados, pero estamos convencidos de que tenemos la razón y que todos los esfuerzos que hacen son en vano; vamos a salir airosos como hemos estado saliendo en estas injustificadas demandas judiciales”, dijo el rector Urbina.
Urbina fue denunciado por usurpación de atribuciones y abuso de poder al anular varios contratos laborales rubricados por uno de los ex decanos académicos. Urbina dice que se solicitó la nulidad de los contratos ante un Juzgado laboral, logrando la suspensión de los mismos. La causa se dirime ahora en los Juzgados Quinto, Octavo y Séptimo de Distrito del Crimen de Managua.
EN LOS TRIBUNALES
En el Juzgado Quinto Local del Crimen de Managua se dirime la causa número 1247-02, en el que se acusa a Urbina por los presuntos delitos de usurpación de atribuciones y abuso de autoridad. Aquí el ofendido es Jairo Francisco Vallejos Pozo y figuran como testigos Sergio Álvarez, Julio Noel Canales, Jorge Guevara Balladares, Clementino Solares y Eduardo Noel Vallecillo.
El caso está listo para sentencia desde octubre del año pasado, sin embargo el judicial que lleva la causa aún no se pronuncia.
En el Juzgado Séptimo Local del Crimen de Managua está radicado el expediente número 1253-02, en el que también se acusa a Urbina de los delitos de usurpación de atribuciones y abuso de autoridad. Los ofendidos son Alvaro Ricardo Estrada y Eduardo Vallejos. Los testigos son Sergio Álvarez, Julio Noel Canales, Jorge Guevara, Clementino Solares y Jairo Francisco Vallejos Pozo.
SIEMPRE SON LOS MISMOS
Este caso es de dos docentes, quienes por separado introdujeron acusación contra Urbina por los mismo delitos y con los mismos argumentos, y por concurrir iguales autores y delitos el caso fue acumulado en un solo juicio. La sentencia fue favorable para Urbina. El judicial decidió que el asunto era laboral y no criminal. La sentencia fue apelada en enero pasado por los acusadores y ahora está en el Tribunal de Apelaciones de Managua.
Otro de los casos está radicado en el Juzgado Octavo Local del Crimen de Managua en el expediente número 1401-02. Los delitos que le imputan son usurpación de atribuciones y abuso de autoridad. El ofendido es Edgar José Vado Siles. Los testigos son los mismos que en los casos anteriores. El caso está listo para sentencia desde octubre pasado, pero el judicial no se ha pronunciado.
PONEN TESTIGOS SIN SU CONSENTIMIENTO
En el Juzgado Séptimo Local del Crimen se radicó el juicio número 1804-02, contra Urbina, quien fue acusado de injurias y calumnias por Jenny del Rosario Hernández Mayorga. Los testigos siempre fueron los mismos personajes, aunque en este caso se incluyó a los periodistas de LA PRENSA Eduardo Marenco y Moisés Martínez, sin su consentimiento, quienes publicaron en septiembre pasado un reportaje sobre los problemas de la UNI y el caso del pago con fondos de la universidad de los abogados que defendieron a Felipe Fuentes Menocal, Jorge Morales Sequeria y Auxiliadora Cortedano, acusados por Hernández Mayorga en agosto del 2000 por el delito de acoso sexual, abuso deshonesto y asociación para delinquir. La acusación estaba basada en el reportaje publicado por Marenco y Martínez.
La causa fue rechazada por el judicial por considerarlo improcedente y que no llenaba los requisitos establecidos en el Código de Instrucción Criminal, para su aceptación.
En el Juzgado Sexto de Distrito de lo Penal se abrió otro proceso judicial acusando a Urbina por los delitos de asociación e instigación para delinquir, apología del delito, falsificación de documentos públicos y auténticos, hurto con abuso de confianza y otros.
“Esperan que el rector se olvide de lo estratégico de la universidad y pierda su tiempo en los Juzgados. Todo es un afán de querer tener el poder”.
Según Urbina, detrás de todas las acusaciones están los mismos personajes. En todos ellos figuran como testigos: el vicerrector Sergio Álvarez, Noel Canales y Jorge Guevara.
EN LA CSJ
En la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Julio Canales recurrió de amparo contra la construcción de dos edificios en la UNI, por considerar que la construcción de los mismos no contó con la aprobación del Consejo Universitario.
Existe una sentencia de la CSJ que ordena suspender las obras. En este caso se introdujeron por separado dos recursos de amparo con los mismos recurrentes y las mismas causales de omitir al Consejo Universitario la aprobación de la construcción de dos edificios. El caso está siendo revisado por el magistrado Francisco Rosales.
“Eso le está causando un gran daño patrimonial a la universidad. Lo que ellos querían era el 50 por ciento de los cargos de dirección de la universidad, pero eso se gana por méritos”, dijo el rector Urbina.
“No es cierto. No queremos ni un cargo. Lo que queremos es transparencia en la administración de los recursos de la universidad y cumplimiento en los acuerdos de alianza que nos llevaron a la Rectoría”, respondieron Álvarez y Guevara.
DENUNCIAN ANTE LA CGR
El 17 de diciembre del 2001, el Sindicato de Profesionales de la Educación Superior de la Universidad de Ingeniería (Ciprés-Uni-Atd) remitió a la Contraloría una denuncia sobre supuestas anomalías e irregularidades relacionadas con el manejo de los recursos financieros asignados por el Estado a la universidad y los creados por la propia institución.
Entre éstos destacan la ausencia de un presupuesto general de ingresos y egresos, lo cual, según los denunciantes, ha permitido a la dirección superior de la universidad un manejo discrecional de los recursos financieros del Alma Mater. En ese caso mencionan 25 casos con anomalías en la administración de varios millones de córdobas.
