Hervidero de intrigas sacude a la UNI

La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), es un hervidero de acusaciones y contraacusaciones. Siete juicios criminales contra el rector; dos denuncias en la Contraloría por presuntos actos de corrupción; un recurso de amparo en la Corte Suprema de Justicia para evitar la construcción de un edificio que no se licitó; señalamientos de “conspiración”, campañas de desprestigio y hasta padecimientos de paranoia, son sólo algunos de los ejemplos que se pueden citar, en los que se debaten el vicerrector y el rector de esa “Alma Mater”.

La última de éstas es una denuncia criminal que interpuso el vicerrector, Sergio Álvarez, en la Fiscalía General de la República, contra el rector, Aldo Urbina Villalta, quien antes de ser rector fungía como vicerrector administrativo.

Álvarez señala a Urbina de ser el presunto coautor del delito de estelionato y falsificación de documentos públicos en la irregular compra de una propiedad.

Dicha propiedad serviría de “finca experimental”, a los estudiantes de la Facultad de Tecnología de la Construcción de dicha universidad.

Urbina dice que todas las acusaciones judiciales son parte de una campaña de desprestigio en su contra, porque el actual vicerrector quiere ser rector de esa universidad.

El caso denunciado en la Fiscalía, también es investigado por la Contraloría, según confirmó el contralor Guillermo Argüello Poessy, quien no dio mayores detalles sobre el mismo.

Urbina agrega que la auditoría que realiza la Contraloría está por concluir y “gracias a Dios ya se conocerá la verdad”. “Todo esto es una conspiración para dañar a la universidad y su rector”, señala.

Pero, en su defensa no dijo sólo eso, agregó que Álvarez, según un dictamen de Medicina Legal que una persona de nombre Elvis José Morales hizo llegar a su oficina, padece de “rasgos de personalidad paranoide”, es decir es paranoico, tiene problemas mentales.

EL CASO EN LA FISCALíA

La finca “La Puebla”, propiedad de 85 manzanas, ubicada en el municipio de Masaya, que fue adquirida por la UNI en el 2001, en 37 mil dólares, a la fecha no se ha legalizado a favor de la universidad porque fue comprada con disputas legales pendientes de resolverse en los tribunales de justicia de Masaya.

Entre esas disputas legales se menciona una hipoteca a favor de la sociedad Decores SA por 262 mil 195 córdobas, otra a favor del Banco de América Central (BAC) por 851 mil córdobas, y otra por un supuesto arriendo con la Sociedad Agricultora de Exportación SA, según documentos presentados por el denunciante en el Ministerio Público.

“En toda la investigación realizada, se ha demostrado que el bien, al momento de realizarse la compra, tenía dos gravámenes y un arriendo que hasta la fecha se están discutiendo en el juicio 881-01 en el Juzgado Civil de Masaya”, dice la denuncia interpuesta en la Fiscalía por Álvarez.

AUDITORíA DESCUBRIó IRREGULARIDADES

El caso se basa en un informe de auditoría interna de la UNI con fecha 16 diciembre del 2002, suscrito por Andrés Cortés Pérez, auditor interno de dicha casa superior de estudios en el que recomendó al rector Urbina trasladar el caso a la Contraloría General de la República.

Sin embargo, ni el auditor ni el rector Urbina remitieron la información pertinente a los contralores. Los auditores internos de las instituciones del Estado están obligados por ley a remitir a la Contraloría los hallazgos de las irregularidades encontrados en el ejercicio de sus funciones o cuando practiquen auditorías específicas, como en este caso.

Según el informe de auditoría, el 23 de enero del 2001 comparecieron ante el abogado José Ulises Carballo Nicaragua, los ciudadanos Gilberto Alcocer López y el ingeniero Mario José Caldera Alfaro (ex rector de la UNI) y celebraron un contrato de compraventa de la finca conocida como “La Puebla” que supuestamente tenía 85 manzanas de extensión, ubicada en Tisma, Masaya y valorada en 496 mil 875 córdobas, equivalentes a 37 mil 500 dólares.

El abogado Carballo, en el testimonio de escritura pública número cuatro en el que describe la compra-venta anotó que “el suscrito notario hace constar que ha tenido a la vista el título original del inmueble del presente contrato y que ha tenido a la vista la libertad de gravamen”.

Sin embargo, esa libertad de gravamen que Carballo dijo haber tenido a la vista no existe porque la propiedad estaba hipotecada, y además se detectó que el seis de junio del 2001, es decir, seis meses después de haber firmado el contrato de compra-venta, Alcocer López, el vendedor, canceló a favor de Decores SA, los 262 mil 195 córdobas por los que estaba hipotecada la propiedad. Antes había recibido de adelanto 20 mil dólares de parte de las autoridades de la UNI.

“La Facultad pagó al abogado Ulises Carballo Nicaragua, US$50 dólares el 15 de noviembre de 2000 para efectuar una revisión de la situación legal de la propiedad. Auditoría interna no tuvo acceso al informe que el abogado tenía que haber presentado a la Facultad o Rectoría de la situación legal de la propiedad en trámite. Aparentemente este informe de situación (legal) nunca se elaboró. De acuerdo con la documentación revisada, la finca en mención estaba prendada a favor de Decores SA, en la fecha que se le da el adelanto por compra al Sr. Alcocer”, precisa el informe de auditoría en sus partes conclusivas.

El mencionado informe de auditoría interna recoge una carta del 27 de agosto del año pasado, firmada por el decano de la Facultad de Tecnología de la Construcción, dirigida a Urbina, en la que le señala que la finca “no había podido ser registrada a nombre de la universidad, dado que existe un litigio del antiguo dueño con un banco local”.

CGR ENGAVETÓ CASO

En su denuncia, Álvarez señala que había informado de las anomalías en la compra del terreno al presidente de la Contraloría, Francisco Ramírez, desde julio del 2002, con copias a la Procuraduría General de la República, y a la Dirección de Investigaciones Económicas de la Policía Nacional.

“Es de señalar tristemente que ninguna de las instancias a las que se envió el documento, haya iniciado la investigación que por Ley y en cumplimiento de los objetivos y misiones de las respectivas le corresponde”, dice textualmente la denuncia, presentada el pasado 14 de febrero a las cuatro y 33 minutos de la tarde en el Ministerio Público.

“En el caso de la Contraloría General de la República, según averiguaciones realizadas por mi persona, tal investigación fue engavetada y hasta, inclusive, el documento y los soportes les fueron filtrados desde la Contraloría a las personas que estaban involucradas en los hechos irregulares denunciados”, agrega la denuncia interpuesta en la Fiscalía.

Por su parte el presidente de la Contraloría, Francisco Ramírez, dijo que no es cierto que se haya engavetado la denuncia. “Se está trabajando una auditoría en la Universidad de Ingeniería y no se pudo agregar este caso del terreno”, dijo Ramírez.

DEBILIDADES

Desde el inicio este proyecto tenía muchas debilidades, si bien, “el proyecto se presentó ante el Consejo Facultativo de la Facultad de Tecnología de la Construcción el 9 de junio del 2000, en acuerdo de esa misma fecha, se estableció que para el 23 de junio del 2000 debían presentarse propuestas para la compra de tierra para finca experimental. La Facultad no presentó a auditoría interna, documentación relativa al proyecto en cuanto a las decisiones del Consejo Facultativo, y de manera verbal la delegada administrativa, Lic. Claudia Elena Reynosa, reportó que ese proyecto en su segunda presentación al Consejo Facultativo no se efectuó. Es decir, la ejecución del proyecto se inclinó a nivel del decano de la Facultad, doctor Néstor Lanza Mejía y el señor rector, ingeniero Mario Caldera Alfaro”, dice el informe de auditoría interna de la UNI.

“Para la escogencia de la finca en la comunidad Las Flores, auditoría interna no logró obtener evidencias del proceso (de adquisición), como la publicación de términos de referencia e invitación a tenedores de tierras y sus ofertas, el sistema de evaluación y la decisión por la mejor oferta”, agrega el documento.

QUIÉN SABE CUÁNDO

“Lo que pasa es que este señor quiere que se le atienda a él inmediatamente, pero la verdad es que nosotros tenemos 500 casos que resolver; le dijimos que vamos a hacer una auditoría, pero no sabemos cuándo porque no tenemos recursos humanos ni financieros”, dijo el presidente de la Contraloría General de la República, Francisco Ramírez.

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