Marcela Sánchez
Habían transcurrido apenas unas horas desde que piedras y balas perturbaran a La Paz y cuerpos cayeran en las calles, desde que policías y soldados usaran sus armas unos contra otros, y desde que manifestantes pidieran la renuncia del Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, cuando el Canciller boliviano, Carlos Saavedra, llegó a esta capital la semana pasada para emitir un poderoso ultimátum.
La opción: Washington podría limitarse a observar y en cosa de semanas despedirse de 20 años de avances democráticos en Bolivia. O podría optar por actuar rápidamente para ayudar a un amigo en la región y asegurar que al menos por ahora, el progreso alcanzado en Bolivia no se deshiciera.
El país que en los últimos años se había convertido virtualmente en el ejemplo para Washington del buen desempeño en la guerra contra las drogas y en la aplicación de reformas neoliberales, había saltado de repente al ruedo como el más reciente foco de conflicto en Latinoamérica.
Antes de los eventos de la semana pasada, Bolivia había sido, en muchos aspectos, un verdadero creyente en el evangelio de libre mercado de Washington. En 1985, se convirtió en la primera democracia latinoamericana en adoptar dicho modelo. De allí siguió un crecimiento económico estable hasta hace dos años, cuando la región fue golpeada por una recesión.
Tampoco tenía igual en la guerra contra las drogas. Antes de la estrategia integral anti drogas de Colombia conocida como Plan Colombia, Bolivia ya había lanzado su Plan Dignidad. El esfuerzo de cinco años buscaba sacar a la nación andina del circuito del narcotráfico y pronto quedó bastante atrás de Colombia y Perú en la producción de coca y cocaína.
Pero para consternación de Washington, la más reciente violencia amenaza con erosionar gran parte del progreso. Este revés sirve especialmente para recalcar que la situación en Bolivia ofrece a Washington una nueva y en muchos aspectos fácil oportunidad de mostrarse flexible.
FLEXIBILIDAD NECESARIA
Es hora, dijeron muchos críticos esta semana, de que Washington suavice sus rígidas condiciones de disciplina fiscal y objetivos antidroga, para darle espacio a que los líderes puedan responder a unos climas políticos y sociales cada vez más volátiles. Bolivia sería un buen comienzo particularmente si se tiene en cuenta que es un país que ha pagado sus cuotas mientras ha recibido casi $500 millones sólo en ayuda antidrogas estadounidense en la última década.
Entre otras cosas, no se puede perder de vista que entre los primeros en pedir la renuncia de Sánchez de Lozada, con escasos seis meses en el poder, estaba Evo Morales, el líder de la oposición que estuvo cerca de ganar las elecciones presidenciales del año pasado. Morales rechaza la erradicación de drogas y no guarda ninguna admiración por el Fondo Monetario Internacional o cualquier tratado de libre comercio con los Estados Unidos.
En términos de ayuda exterior, Bolivia es un país donde con muy poco se puede llegar muy lejos. Apenas $50 millones — menos de lo que los gobiernos locales del área de Washington gastarán probablemente en limpiar la nieve de la reciente tormenta — podría cerrar la crítica brecha presupuestal boliviana. La revuelta de la semana pasada fue provocada por dos medidas para cerrar la brecha: congelar salarios e imponer un nuevo “impuestazo” a los ingresos de 12.5 por ciento.
Si los indicios son correctos, Washington está reconsiderando su posición frente a Bolivia. El FMI podría estar dispuesto a aceptar una reducción en el déficit fiscal menor a la establecida anteriormente. Funcionarios de la administración Bush están también buscando fondos para cubrir al menos parte de los $50 millones.
Desafortunadamente, sin importar lo que decida hacer Washington acerca de la crisis inmediata, otros problemas más serios acechan. Pregúntele al boliviano promedio acerca del libre mercado o la erradicación de cultivos de coca y es probable que le diga que ambos tienen menos que ver con su bienestar que con el de Estados Unidos y el de las clases dirigentes bolivianas.
Para los bolivianos, más significativa es la clase de reforma que Sánchez de Lozada comenzó esta semana al proponer reducir drásticamente su gobierno y donar su salario. Sugiere un tipo de líder menos preocupado por verse bien en el exterior y más interesado en hacer sacrificios y ganar mayor aceptación en casa.
Este es el tipo de remedio que puede responder al descontento popular que se extiende por la región y que está produciendo una nueva clase de dirigentes no tradicionales que promete cambios sociales, económicos y políticos fundamentales.
Pero Sánchez de Lozada, quien también fue presidente en los 90, contradijo esa tendencia ganando el cargo como un defensor de las políticas en las que ahora tantos desconfían. En una visita a Washington poco después de su elección, medio en broma afirmó que los bolivianos lo habían escogido porque la misma persona que creó los problemas debiera ser capaz de resolverlos. Seis meses, claro está, no son suficientes para juzgar si podrá hacerlo.
Pero entre tanto, Bolivia merece los $50 millones y condiciones más flexibles para obtener apoyo financiero. Pero atada a ello debe llegar un compromiso de hacer las reformas políticas necesarias para ganarse la confianza de la población. Sin eso Washington simplemente estará comprando algo de tiempo.
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