- Médicos indican que tanto provocar el aborto como dejar que continúe el embarazo, implican alto riesgo
- Procurador Benjamín Pérez pide que comisión médica resuelva
claramente cuál es la alternativa más viable para la menor embarazada
Elízabeth Romero elizabeth.romero@laprensa,com.ni
Después de varias horas de deliberación, la comisión médica nombrada por el Ministerio de Salud (Minsa), para evaluar a la niña de nueve años embarazada, víctima de una violación en Costa Rica, determinó que la pequeña corre altísimos riesgos si se interrumpe el embarazo o se continúa con el mismo.
Los médicos basan su dictamen en que se trata de una menor de nueve años, que no tiene su desarrollo óptimo y que presenta alguna patología (enfermedad).
La ambigüedad en la parte resolutiva del dictamen llevó al Procurador de Defensa de Derechos Humanos, Benjamín Pérez Fonseca, a solicitar a las autoridades del Minsa que se establezca claramente lo que llamó “el resuelve” (la parte resolutiva), del dictamen médico.
“O sea, el Ministerio de Salud debe decir tal cosa es la que debe hacerse… ese dictamen debe convertirse en una decisión”, dijo Pérez, lo que llevó al secretario general del Minsa, doctor Enrique Alvarado Abaunza a anunciar que la comisión médica debe reunirse nuevamente hoy para establecer esa resolución.
La falta de una resolución clara en el caso llevó a que cada una de las partes expusiera sus posiciones y extendiera la discusión hasta pasadas las 11.00 de la noche de ayer, durante una reunión que parecía una simple presentación del informe.
El representante legal de los padres, el doctor Sergio García Quintero, defendió que con ese dictamen se había cumplido con lo establecido en el artículo 165 del Código Penal y por lo tanto estaba al criterio de los padres que mantenían la interrupción del embarazo.
Pero esto fue cuestionado por el doctor Mauricio Lacayo, asesor legal del Minsa, quien le aclaró a García Quintero que en ningún momento se especificaba lo anterior.
“No dice que se proceda al aborto de manera expresa, tajante”, le señaló Lacayo, pero García Quintero interpretó que al decir que “las dos opciones son sumamente riesgosas”, permite que los padres opten por una de las mismas.
El Ministerio de la Familia, a través de su Dirección de Protección, notificó a los presentes en la reunión que esa institución decidió “aplicar a la niña la medida de protección, consistente en la inclusión en un programa de tratamiento médico y psicológico, en consecuencia que permanezca ingresada en el Hospital Fernando Vélez Paiz, bajo la custodia de sus padres”.
Extraoficialmente se conoció que existen preparativos para que en los próximos días los padres de la niña viajen con ella a Cuba, en caso que el dictamen no favorezca su posición.
La representante del Ministerio Público, María del Carmen Solórzano, manifestó que según el dictamen, los padres deben tomar una decisión, según este informe.
“El Ministerio Público piensa que es importante buscar la estabilidad de la niña de forma clínica, a través de su cuerpo, como también su estabilidad psicológica, y que es una familia de pocos recursos económicos; esta atención se debe brindar a través de un centro asistencial. Esto no quiere decir que los padres no van a opinar en la decisión que se va a tomar”, indicó Solórzano.
SALVOCONDUCTOS LISTOS
El director de Migración y Extranjería, Luis Rodolfo Toruño, confirmó que la tarde de ayer entregaron tres salvoconductos a los padres de la niña, los que fueron solicitados ayer mismo.
“No sé si quieren sacar a la niña o no, yo tengo entendido que está hospitalizada”, afirmó Toruño, quien explicó que con el salvoconducto perfectamente pueden salir del país, pero escasamente pueden viajar a países como México, Centroamérica, República Dominicana o Cuba.
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