- Ese es el criterio del abogado norteamericano, doctor Juan José Domínguez sobre el juicio que lleva su bufete contra las transnacionales bananeras, emprendido por las 9 mil 500 víctimas del Nemagón
Carol MunguíaCORRESPONSAL/[email protected]
La demanda de las 9 mil 500 víctimas del Nemagón es un juicio que se inició en Chinandega, pero concluirá en Estados Unidos.
La mayoría de las demandas que se ventilan en los juzgados de Chinandega describen hechos contra The Dow Chemical Company, Shell Oil Company, Dole Fruit Company, entre otras, que supuestamente conocían que el producto conocido comercialmente como Nemagón o Fumazone, resultó tóxico al ser absorbido por la piel, a quienes se expusieran al producto.
Los nematicidas se usaron en Nicaragua sin control, ni protección. Al entrar el producto al país no hubo advertencia sobre el caso, ni hoja técnica que pidiera protección al usarlo.
Muchos de los demandantes han demostrado con exámenes en mano que sufren de atrofia testicular y otros daños físicos que afectan la reproducción humana.
El doctor Juan José Domínguez, con amplia experiencia en demandas por daños personales en el Estado de California, quien tiene bajo su responsabilidad buena parte de los casos, aseguró que el avance en el proceso judicial le genera ventajas a los probables favorecidos, aunque no es posible garantizar los resultados en estos casos, por asuntos de ética profesional.
— ¿Cuál fue la experiencia de otros obreros en países donde el producto causó estragos?
Se conoce de una demanda que inició en Costa Rica y que le siguieron 13 países de Latinoamérica, allá por el año 95–97. En esos casos se escogieron a un número de representantes que representaba a una masa perjudicada, aproximadamente de 26 mil personas, con las que se llegó a un arreglo global que significó, monetariamente, unos 100 dólares o algo más. El proceso fue larguísimo y la indemnización no fue equitativa, porque dependió de los daños.
— ¿Y en el caso de Estados Unidos hubo alguna experiencia exitosa?
Allá a finales de 1970, empleados de fábricas y factorías donde se procesaba el producto DBCP (DOPROMOCLOROPROPANO), en California, fueron favorecidos con una sentencia. Creo que en Costa Rica todavía hay algunas demandas pendientes contra la empresa DOLE FRUIT COMPANY, en el Estado de Luisiana, Estados Unidos, de las cuales no hay respuesta.
— ¿Cuál es la esperanza en Nicaragua entonces?
En el caso de los nicaragüenses tienen varias razones para asegurar que la lucha será dura, tanto en Nicaragua como en los Estados Unidos.
Primero porque los demandantes están siendo examinados por médicos y especialistas que están diagnosticando secuelas físicas, psíquicas y morales como establece la demanda, las cuales se presentan de manera individualizada como una forma de proteger más al afectado, aunque represente un trabajo extra para el equipo de abogados, que en total suman 20 en Estados Unidos e igual número en Nicaragua.
— ¿Habría justicia personalizada a los obreros agrícolas bananeros?
El cliente saldrá bien indemnizado si se hacen bien las cosas. Los obreros bananeros están protegidos por la ley 364. Por la inexistencia de esta ley fue que el dirigente Victorino Espinales y el abogado Rafael Solís, no prosperaron en la demanda en Texas. En esta oportunidad, un juez decidió aplicar la doctrina de “jurisprudencia para arreglar los casos en el país donde se origine la demanda”, lastimando a los afectados. Ahora esta ley les da el derecho a demandar y a estar protegidos contra quienes encuentren culpables de sus secuelas.
— ¿Pero se observa en el ambiente como un pleito entre abogados y bandos entre las víctimas?
La confusión está entre los demandantes. En esta etapa de la lucha que lleva ya diez años, hay dos firmas de abogados que llevan los casos. Lo que existe es que un gran porcentaje de los clientes ha sustituido a sus representantes en Nicaragua y en el extranjero por insatisfacción.
En esta parte de los procedimientos, el trabajo exige responsabilidad, hay procedimientos de Corte, radicar las demandas en Chinandega, enviarlas a revisión a Managua y notificar la mediación en Estados Unidos. Hasta en este punto hay 466 que están esperando ser al menos informados, pero no hay respuesta de las transnacionales sobre su interés en hacer el trámite conciliatorio como se conoce en Nicaragua.
— ¿Qué pasará entonces, cuánto tiempo más deben esperar?
Hace falta la notificación de la demanda, pasarla a la Cancillería nicaragüense, a los departamentos de Estado de ambos países y luego estar pendientes de un trámite que se denomina: seriar los papeles a los demandantes, que demoraría al menos 90 días o más para que al menos las diez multinacionales mencionadas en los juicios respondan cada caso.
— ¿Esta demanda es costosa para su bufete, cuánto ha gastado hasta este momento?
Estas demandas insisto son un riesgo que corremos los abogados. El cliente soló en el caso que salga victorioso reembolsará los costos del juicio e incluso puede desistir del abogado que lo representa y contratar uno nuevo. Es decir, decide por quien le gusta como trabaja, le representa, informa o trabaja mejor.
— ¿Pero cuánto le cuesta al equipo todo esto?
Sinceramente, le digo que los gastos van variando por mes, se pagan médicos, laboratorios donde se hacen las pruebas y exámenes, gastos de equipo de oficina, alquileres para las oficinas, viáticos, viajes, en mi caso resumo 8 años desde que tomé el caso, que puedo resumir entre 30 y 50 mil dólares por mes.
— ¿Quien le pagará eso?
Los honorarios se establecieron en que de ganar se pague el 40 por ciento por caso a los abogados, más los gastos meritorios de cada expediente.
