- Mientras tanto, los riesgos para la pequeña que fue violada en Costa Rica, aumentan
Elízabeth Romero elizabeth.romero@laprensa,com.ni
Los padres de la menor de nueve años embarazada tras sufrir una violación en Costa Rica, han contemplado la posibilidad de salir del país, en caso de que no les satisfaga la valoración que efectúen los especialistas que nombre el Ministerio de Salud (Minsa).
La representante de la Red de Mujeres contra la Violencia, Violeta Delgado, confirmó lo anterior, tras una reunión sostenida durante más de dos horas entre los padres de la pequeña y autoridades del Minsa, a la cabeza la ministra en funciones, Margarita Gurdián. En esa reunión ambas partes no se pusieron de acuerdo en cuanto al tiempo en que se realizará la valoración de la niña.
Los padres están demandando que se haga en 24 horas la revisión y que en las otras 24 horas haya un resultado, expresó Delgado, quien confirmó que solicitaron que la comisión que valorará a la niña se limite a tres médicos, entre ellos la profesional que la ha atendido a su regreso a Nicaragua.
Según Delgado, las autoridades de la Salud expresaron que probablemente requerirán de más tiempo, “pero obviamente hay desconfianza de los padres”, indicó.
Pero minutos antes la ministra por la Ley había dicho: “Queremos que los profesionales de la Medicina hagan una buena valoración y le den los elementos a ellos para decir qué puede pasar con esa niña o no”, tras recordar que esa institución “tiene que acatar lo que establece la Ley”.
El coordinador de la comisión, doctor Roberto Jiménez, indicó, por su parte, que “en la medida en que el embarazo avance, cualquier proceso de interrupción tendría un poco más de riesgo que cuando se hace más temprano, pero también en la medida en que el embarazo avance va cayendo en algunos riesgos que son propios del embarazo”.
DERECHO A LA VIDA
El asesor legal del Minsa, Manuel Salvador Ortiz, alegó que el Código Civil en su artículo 13 establece también el derecho a la vida del que está por nacer “que es un derecho inminente”.
El asesor legal de los padres de la niña, Sergio García Quintero, advirtió ayer sus temores porque “las fuerzas más oscurantistas y más retrógradas” de los sectores religiosos del país, impongan su voluntad en el caso de la niña.
“Es preocupante cuando el cardenal (Miguel Obando y Bravo) interviene en materia que no es de su ministerio, y, cuando sobre todo es en materia de salud”, criticó García Quintero.