Ejército presenta su informe sobre las armas

El jefe del Ejército de Nicaragua, general Javier Carrión, entregó ayer a la Fiscalía de la República el informe sobre la participación de la institución militar en la transacción sobre la permuta de armas entre la empresa Gestiones Internacionales y Representaciones, S.A. (Girsa), y la Policía Nacional, que supuestamente terminó en manos de paramilitares colombianos.

El informe que realizó el Ejército de Nicaragua, desvirtúa el informe de la Organización de Estados Americanos, y deja al descubierto, entre otras cosas, que las autoridades panameñas sí tenían conocimiento del embarque de armas que partía de Nicaragua.

Una copia del documento “Informe oficial del Ejército de Nicaragua sobre su participación en la permuta de armas realizadas entre la Policía Nacional y la empresa Girsa”, en poder del Diario LA PRENSA, muestra todas las pruebas presentadas por el Ejército para demostrar que se actuó de acuerdo con las leyes del país y con el pleno conocimiento de las autoridades civiles.

El informe, entregado a la Fiscalía, explica las razones por las cuales el Ejército se involucró en la permuta que la Policía había concertado con la empresa Girsa, y, además, la polémica decisión de haber cambiado “fusiles nuevos por fusiles viejos”, aspecto en el que el informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) hace especial hincapié.

De acuerdo con el informe de la OEA, que ha sido criticado por “inconsistente” por el gobierno de Nicaragua, el Ejército y la Policía incurrieron en “negligencia profesional” y hasta se sugiere que, respecto de una segunda venta de armas frustrada, se investigue una posible actuación “criminal” de altos oficiales nicaragüenses.

Según el informe de los militares, su participación en la transacción de la permuta inicia en septiembre de 2001 con una petición verbal de los mandos policiales, quienes les exponen que no solamente tienen inexperiencia para resolver los problemas que se han presentado en la permuta con Girsa, sino que, además, están asumiendo nuevos mandos en esa institución y enfrentan una tensa situación en el país con el advenimiento de las elecciones. La empresa había expresado a la Policía que las cinco mil AK que se encontraban en su almacén las consideraban muy deterioradas, por lo que propusieron que se hiciera un intercambio de inventarios entre la Policía y el Ejército.

El contrato inicial entre Girsa y la Policía era permutar cinco mil AK, cinco millones de municiones y tres mil bayonetas, a cambio de 500 pistolas Jericó 9mm. y 100 sub ametralladoras Mini UZI 9mm. con sus accesorios, las que la empresa ya había entregado a la Policía, por lo que urgían que cumplieran con su parte.

¿EL NEGOCIO DE LA LÁMPARA DE ALADINO?

Según fuentes de la comisión que investiga el caso, las armas de la Policía eran, en su mayoría, de buena calidad, pero estaban mal almacenadas por lo que su aspecto era ruinoso, aunque realmente la mayoría de ellas eran armas aceptables dentro de las categorías establecidas en el negocio de las armas, razón por la cual el Ejército no dudó en cambiar sus 3,117 AK por los cinco mil fusiles de la Policía.

De acuerdo con la información, en el negocio de las armas se manejan cinco categorías de calidad para éstas: Categoría 1 para las armas que están engrasadas y selladas; Categoría 2 para las nuevas, que nunca han sido usadas, pero que ya han sido ensambladas y listas para ser usadas; Categorías 3 y 4, armas en buen estado, y Categoría 5, descartadas.

De las 5,000 AK que la Policía Nacional entregó al Ejército, 500 eran categoría 2; cuatro mil en categorías 3 y 4, y 500 que estaban descartadas, fueron reparadas en los talleres del Ejército. Eso, en parte, supone por qué el Ejército entregó más de 3,000 fusiles AK nuevos, a cambios de los 5,000 AK de la Policía.

Según las fuentes, el Ejército no solamente consideró que haría un favor a la Policía salvando su compromiso con Girsa, una vez que la empresa ya había cumplido a la Policía con la entrega de las armas establecidas en el contrato de permuta, sino que además, con su experiencia, añadirían más de 1,500 fusiles a su inventario.

¿QUÉ GANÓ EL EJÉRCITO EN ESTA PERMUTA?

En el trato de la permuta, el Ejército entregaría a la Policía 3,117 AK en buen estado técnico con sus accesorios; 2,5 millones de municiones y tres mil bayonetas, mientras que la Policía entregaría sus cinco mil AK con sus accesorios, que en ese momento ya eran propiedad de Girsa.

Ésta le reconoce al Ejército un monto de 112,500 dólares por los 2,5 millones de municiones, y 20 mil dólares por el cambio de las AK. Con estos 132,500 a favor del Ejército, Girsa entrega 300 chalecos porta municiones que tienen un valor de 17,500 dólares; 500 chalecos especiales antibalas por un valor de 143 mil dólares; 100 placas blindadas por un valor de 14,900 dólares, y 50 chalecos antibalas flotantes por un valor de 27,720 dólares, por lo que el Ejército debe entregar una diferencia de 68,120 dólares en efectivo a Girsa.

Es decir, el Ejército repuso sus 3,117 AK, se quedó con un excedente de 1,883 fusiles, mientras, con 2,5 millones de municiones y 68,120 dólares obtuvo equipo nuevo para sus tropas terrestres y Fuerza Naval.

“Nada mal para el Ejército”, comentó una fuente que investiga el caso. De hecho, el mismo informe de la OEA reconoce que en el caso de la permuta, el Estado nicaragüense no salió perjudicado.

LA SEGUNDA VENTA

Con las mismas cinco mil AK que permutó con la Policía, el Ejército inició de manera directa con Girsa la venta de las mismas, sólo que esta vez bien limpias, debidamente empacadas y con buen aspecto. A este lote se le añaden 17 millones de municiones, por lo que inician con las autoridades nacionales las gestiones correspondientes.

Esta venta ascendía a 980 mil dólares que Girsa pagaría en efectivo al Ejército, dinero que la institución usaría para la reparación de sus helicópteros, argumento que es aceptado por las autoridades civiles para autorizar la transacción.

El Ejército entregó a la Fiscalía documentación que prueba que, en esta fase, todas las autoridades civiles correspondientes estaban enteradas de las transacción, incluyendo al ministro de Defensa, José Adán Guerra; al de Hacienda, Esteban Duque Estrada, y al entonces presidente de la República, Arnoldo Alemán, quien firmó el acuerdo presidencial 386-2001 del 12 de diciembre de ese año, que autorizaba la venta y que fue publicado posteriormente en La Gaceta.

PANAMÁ SABíA DE LA OPERACIÓN

Dos meses antes de que las armas salieran del Puerto El Rama, una empresa de transporte contratada para facilitar los contenedores donde habrían de cargar las armas, comunicó a las autoridades panameñas sobre el envío de los contenedores, incluyendo una carta 15 días antes de que saliera el embarque que terminó, aparentemente, en poder de los paramilitares de Auto Defensas Unidas de Colombia (AUC).

Según los documentos, para el traslado del armamento la empresa Girsa contrató a la Empresa de Transporte Intermodal, con sede en San Salvador, República de El Salvador, para que proveyera 14 contenedores para el embarque de las armas. Esta empresa envió el 28 de septiembre y el 18 de octubre, sendas cartas vía fax al Ministerio de Gobierno y Justicia, Policía Nacional de Panamá, informando el envío de los 14 contenedores vacíos para ser usados en la transportación de armamento, lo que desvirtúa, a juicio de los militares nicaragüenses, una parte del informe de la OEA que señala que Panamá desconocía el negocio.

ABUNDANTE DOCUMENTACIÓN

El informe del Ejército, el cual fue entregado ayer por el general Carrión al fiscal Julio Centeno Gómez, presentaba copias autenticadas de numerosos documentos que reflejan todos los trámites que hicieron tanto el Ejército como la Policía Nacional para realizar el negocio de las armas con Girsa, incluyendo los detalles de las operaciones de inteligencia para capturar a los traficantes de armas.

El informe incluye una detallada información sobre todo el proceso de exportación y los trámites realizados ante la Contraloría, la que estuvo al tanto no sólo del contrato inicial de permuta entre la Policía y Girsa, sino también de los cambios operados posteriormente cuando el Ejército entró en la transacción de la permuta.

CARRIÓN ASEGURA QUE TODO FUE LEGAL

El general Carrión, al entregar su informe sobre el caso, explicó que toda la gestión que hicieron el Ejército y la Policía Nacional sobre la venta de armas era legal y comprobable.

“Hemos venido hoy a cumplir un mandato que nos convocó el Fiscal de la República, para traerles toda la información pertinente de nuestro Ejército, en relación a la permuta de las armas de la Policía con Girsa. El informe trae documentos autenticados que respaldan la acción legal del Ejército y tiene tres áreas fundamentales: en primer lugar la examinación y la permuta entre la Policía y Girsa; en segundo lugar la permuta entre la Policía y el Ejército de Nicaragua, y en tercer lugar alguna documentación acerca de una operación distinta que se iba montar, independiente, entre el Ejército y Girsa”, explicó Carrión.

“Nosotros queremos reafirmar ante ustedes que no hay ninguna actuación de la institución militar que no haya sido conocida por las autoridades civiles y constitucionales, toda la documentación ha sido entregada, y, por lo tanto, una de las aseveraciones que se hace en el informe de la OEA, de que las autoridades civiles no conocían de una operación que iba hacer el Ejército, es inexacta, porque está la documentación a la vista de las comisiones que se han conformado en Nicaragua”, dijo Carrión.

El General explicó que el desvío de armas pudo darse al salir el embarque de armas de Nicaragua, en alta mar, cuando ya la Policía y el Ejército no tenían nada que ver.

DUROS COMENTARIOS CONTRA OEA

En las conclusiones del informe de investigación del Ejército, se encuentran duras críticas contra la investigación que hizo el equipo de la OEA en el Ejército y la Policía Nacional.

“El Ejército de Nicaragua considera que la Comisión investigadora de la OEA fue más allá de su mandato, en cuanto a atribuirle a ambas instituciones (Policía y Ejército) conducta criminal de sus funcionarios”.

“El Ejército considera que en dicho informe de manera especulativa y calumniosa se acusa a altos oficiales del Ejército de Nicaragua de realizar la venta de armas y municiones a la empresa Girsa a espaldas de las autoridades civiles, lo cual es falso, demostrando la poca profesionalidad del equipo investigador y la voluntad de perjudicar a las instituciones y al Estado de Nicaragua”.

“El Ejército de Nicaragua considera que no ha sido imparcial el informe elaborado por la Comisión de la OEA, ya que deja libre de toda responsabilidad a las autoridades de los gobiernos de Panamá y Colombia, ya que fue en dichos países donde se llevó a cabo toda la conspiración…”

“El Ejército de Nicaragua considera que la comisión investigadora de la OEA especula de manera mal intencionada y calumniosa al señalar a nuestro país como un mercado de armas con objetivos ilegales”.

MINISTRO GUERRA SÍ SABÍA

Algo que el informe revela, es el hecho de que el ministro de Defensa, José Adán Guerra, sí conocía de las ventas de armas. Guerra insistió varias veces, en entrevista a LA PRENSA, que no había sido enterado de la permuta ni de la venta de las armas. Sin embargo, en el informe final del Ejército rola una copia de una carta que el ministro Guerra envía el 9 de enero de 2002, al director Ejecutivo del Centro de Trámites de Exportación, Jorge Molina Lacayo, donde le pide su autorización para la exportación de armas y municiones del Ejército de Nicaragua, en lo que sería el segundo embarque de armas por cinco mil AK y 17 millones de municiones.