Elízabeth Romero [email protected]
Mientras el embarazo de la menor de nueve años, víctima de una violación en Costa Rica, sigue su curso, las instituciones estatales de Nicaragua aún no se ponen de acuerdo sobre su atención médica, a pesar que la pequeña y su familia permanecen en el país desde hace dos días.
A través de un comunicado, ayer por la tarde el Ministerio de la Familia solicitó a la Procuraduría de Derechos Humanos que “entregue a la niña inmediatamente a esa institución para brindarle y garantizarle sus derechos y la debida atención requerida en su caso”.
Por su parte el Procurador Especial de la Niñez, Carlos Emilio López, manifestó que “el Ministerio de la Familia no tiene facultades para tomar a la niña y tutelarla, porque según el Código de la Niñez, la única razón por la cual una niña o un niño puede ser sustraído de su familia es cuando se presentan dos situaciones: cuando se está maltratando a la niña, cuando se está atentando contra la integridad personal, ya sea física o sicológica, o cuando está en riesgo la vida de un niño o niña” y ninguna de estas condicionantes se le pueden aplicar.
López confirmó que ayer por la tarde sostendría una reunión con los padres de la pequeña y luego acordaría con ellos un encuentro con representantes del resto de instituciones del Estado interesadas en el caso.
Natalia Barillas, Ministra de la Familia, señaló que “la Red de Mujeres se atribuye y se arroga derechos que no los tiene o no les corresponde, y si no que me demuestren en qué Código los tienen”, expresó.
Pero dijo que debido a que un funcionario de la Procuraduría viajó a Costa Rica, como parte de la delegación que se entrevistó con los padres de la niña en el vecino país, envió una carta al Procurador de Derechos Humanos, Benjamín Pérez, para que le informe.
López aclaró que no son los tuteladores de la niña, sino que únicamente les corresponde tutelar sus derechos fundamentales.
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