Arturo Tablada Tijerino
Se ha comentado —recientemente— en los medios de comunicación que los miembros de la Asamblea Nacional resienten o reprochan que el Presidente de la República haya usado la opción legítima y legal del veto para solicitar la revisión de lo actuado por aquéllos, cuando los mismos decidieron la no aprobación de la referida solicitud por parte del Poder Ejecutivo, aprobando sustitutivamente otra diferente carente de racionalidad financiera, carente de legalidad y de sustento político, y por consiguiente inconstitucional, puesto que el manejo de la política económica es facultad privativa del Poder Ejecutivo junto a la de formulación del presupuesto, por lo que es a la Asamblea Nacional a quien corresponde aprobarlo.
Se deduce inobjetablemente que el Presidente no es que se oponga, por simple placer de así hacerlo, a la desafortunada decisión de aquella, si no que la Presidencia de la República ha introducido a la AN una petición de revisión al rechazo efectuado por los diputados sobre la solicitud original de aprobación de la Ley del Presupuesto Nacional de Ingresos y Egresos del año fiscal 2003.
La propia Constitución de la República —vigente— sostiene que los poderes públicos guardan equilibrio entre sí, lo que significa que ninguno puede estar por encima del otro. Pero están obligados a prestarse colaboración armónica en aras de la bienandanza de la República y en ello radica la salud del pueblo. Constituye ausencia de fundamento lógico oponerse a que el presupuesto a aprobarse corresponda a un gasto equilibrado. Nicaragua —por su crítica situación— al estar saturado su nivel de endeudamiento, no tolera opciones desmesuradas de gasto público. Lo correcto es el equilibrio propuesto o sea gastar 9,500 millones de córdobas balanceados contra ingresos por esa misma cantidad y obtener 4 mil millones de donación pero con destino específico (infraestructura y combate a la pobreza). Este complemento cuya fuente está atada al Programa del Fondo Monetario Internacional no puede ser desviado del propósito original, porque de lo contrario, no lo autorizarán.
Es oportuno ampliar otro concepto cual es que el Poder Ejecutivo no anunció un plan de contingencia al comentar las consecuencias de una posible no aprobación a su solicitud de revisión sobre la no aprobación a su iniciativa original, cuando así recientemente fue comentado por los medios, dicho de otra manera, un segundo contumaz rechazo de parte de la honorable AN. Lo que el Ejecutivo anunció son dos posibles consecuencias inevitables a una drástica reducción presupuestaria —para con los recursos liberados— financiar el combate a la pobreza y los gastos de inversión en infraestructura —paliando de esta manera los indeseables efectos de una recesión— o seguir el irresponsable camino de la inflación y el racionamiento.
La AN, “Tirios y Troyanos”, debe por amor a Nicaragua escoger una vez más entre el atavismo histórico que nos obsede o el camino hacia la luz y la esperanza. El Gobierno de la República que preside el Ing. Enrique Bolaños Geyer debe prepararse utilizando la mejor herramienta que conoce, la civilización dentro de la evolución del Estado de Derecho cual es la ley, en este caso la Constitución y la Ley de Amparo junto a la sensibilización de la cooperación amistosa de gobiernos amigos para recurrir y gestionar ante la sala constitucional de la CSJ en la interposición de un recurso de amparo por inconstitucionalidad en caso que suceda lo no deseado. Espero lo contrario.
El autor es abogado, Intendente de la Propiedad.
