Élida Z. Solórzano
El 31 de enero del año en curso se supo del alarmante embarazo por violación de una niña nicaragüense de nueve años, residente en Costa Rica, quien ya fue traída a Nicaragua. No hay palabras para describir lo traumático de esta experiencia para la niña a quien, por razones obvias, se le ha puesto un nombre ficticio: “Rosa”. Rosa no sabe qué le está pasando con ya más de 10 semanas de gestación y como dijo un psicólogo del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) del vecino país, el hecho es una “atrocidad”.
Según informaron los médicos del Hospital Calderón Guardia, de San José, la niña y su bebé están en perfecto estado de salud física y por el momento el embarazo no representa ningún riesgo para Rosa. Lo más importante es que durante los meses siguientes ella reciba la asistencia física y psicológica que necesita. Los médicos de Costa Rica querían esperar que caminara su embarazo hasta donde pudiera llegar y practicarle una cesárea cuando el embarazo comenzara a ser amenaza para Rosa. Ésta es la medicina correcta, la que busca salvar la vida de ambos y no se piensa en el aborto como la solución a los problemas físicos, psicológicos y sociales de la mujer o niña que ha sido violada, sencillamente porque un acto de violencia y trauma no compone a otro.
Aquí en Nicaragua, en cambio, podría ocurrir lo contrario pues se ha podido leer en los periódicos y ver en la televisión a representantes del feminismo de género obsesionadas con la promoción del aborto “como un derecho de la mujer”. He visto a Xanthys Suárez, Ana María Pizarro, miembros de la Red de Mujeres Contra la Violencia y a Violeta Delgado (que, por desgracia, supone representar a todos los grupos de mujeres en el Conpes), abogando para que la niña sea traída a Nicaragua y practicarle un “aborto terapéutico”.
También me preocupa el silencio de Patricia Obregón, la Procuradora de los Derechos Humanos de las Mujeres que públicamente se ha pronunciado a favor del aborto terapéutico; y muy especialmente el silencio del Procurador de la Niñez que suele pronunciarse muy prontamente respecto a abusos contra la niñez. El Código de la Niñez defiende la vida desde la concepción y a él le toca garantizar su cumplimiento.
En Nicaragua, por desgracia, un aborto terapéutico se hace cada vez que la mujer lo quiere, sólo necesita firmar ella, su marido o un pariente cercano y tres médicos que lo aprueben, asunto que siempre se consigue en las clínicas abortistas de las feministas. Hay quienes se lo han practicado allí, que ahora están muy arrepentidas por el síndrome que sigue tarde o temprano a todo aborto, pero no salen a luz porque el asunto es penalizado por la ley. Este “aborto terapéutico” que predican las feministas como “aborto seguro”, no se usa en caso de peligrar la vida de la madre sino por una gama variada de “necesidades” de la madre que incluyen su bienestar físico, psicológico y social contra la vida misma de su bebé. Todo esto trae de nuevo la atención a la figura del “aborto terapéutico” nicaragüense y la necesidad que en el nuevo Código Penal desaparezca tal figura por el mal uso que se le da y se sustituya con un lenguaje adecuado que permita buscar la vida de ambos: la madre y su bebé.
Y el acecho de las feministas nicaragüenses sigue en pie, a pesar que en Costa Rica los médicos dijeron que la interrupción del embarazo de Rosa “de ninguna manera lo consideran prudente”.
Que sirva todo lo dicho por ellas para que de una vez por todas queden abiertos los ojos de cómo se está usando el tal “aborto terapéutico” en Nicaragua y quizá en esta lucha contra la corrupción se incluya también dentro de “la seguridad ciudadana” al ser más indefenso de todos, el bebé dentro del vientre materno y que no sigan impunes los que promueven su asesinato.
La autora es Presidenta de la Asociación Nicaragüense por la Mujer (ÁNIMU).
