Mario Torres Romero
Las declaraciones recientes del Ministro de Gobernación acerca de las consecuencias fatales que para la seguridad ciudadana tendría una mayor reducción del presupuesto de su cartera, en adición a las reducciones ya definidas, han impactado a toda la sociedad. El impacto causado se desprende del hecho de que las instituciones y autoridades responsables de la seguridad ciudadana y del orden público (Policía, Sistema Penitenciario, Migración y Extranjería y la Dirección de Bomberos) se verían profundamente limitadas en su capacidad preventiva, operativa y correctiva. Las consecuencias a corto y largo plazo serían tan negativas que es necesario reflexionar objetivamente acerca de éstas y algunos posibles escenarios.
De entrada resulta claro que el debilitamiento de la seguridad ciudadana nos podría llevar a corto plazo a un escenario de violencia y criminalidad tal que no sólo podría ahuyentar avances e inversiones logradas, sino que en su manifestación más profunda podría poner en peligro la estabilidad y convivencia pacífica nacional lograda con mucho esfuerzo.
El impacto de esta inseguridad sería aún mayor si recordamos que la sociedad nicaragüense ha sido históricamente expuesta a una tradición de violencia, cuyos efectos sobreviven y afloran con enfermiza y casi obsesiva continuidad, aún después de los conflictos militares. Resultado de esta historia de violencia, el problema de la posesión de armas ligeras en manos de civiles (registradas y no registradas) hace que la sociedad nicaragüense parezca una sociedad a la defensiva. La imagen de “guerreros”, que afortunadamente casi hemos logrado borrar internacionalmente para beneficio de la industria turística y del país, se podría ver sustituida por la imagen de la inseguridad, terminando con la percepción de relativa seguridad de que goza el país según informes. Agravantes externos que podrían explotar nuestras debilidades son el crimen internacional organizado, el terrorismo y el narcotráfico.
Pero además cabe explorar el escenario extremo de la indefensión en el caso de que las autoridades no puedan garantizar en forma debida y por la razón que sea, el derecho de las personas a gozar de la seguridad necesaria para la realización de sus actividades. Las personas, naturales y jurídicas, con capacidad de pago, podrán buscar y encontrar el bien de la seguridad en el mercado ya floreciente de las empresas privadas de seguridad. Pero el que no pueda competir en esta carrera armamentista podría verse tentado a solucionar su impotencia e indefensión con acciones al margen de la ley.
A pesar de su carácter hipotético estas proyecciones contienen una proximidad innegable a una realidad no deseable pero posible. Deberían por tanto servir para reflexionar en la necesidad de darle a la seguridad ciudadana la atención que ésta por su propio peso exige. Estamos conscientes de la crisis económica y presupuestaria que enfrentamos, pero también debemos estar conscientes que aquí no se trata solamente de la administración eficiente de recursos, sino además de la preservación de la paz social e integridad nacional. Sino observemos que, independientemente del PIB, la misma Costa Rica con menos población que atender reporta una inversión en seguridad ciudadana más de 3 veces superior a la de Nicaragua. En verdad se trata de un asunto que ni los más cívicos, austeros y eficientes tienen derecho a descuidar. Aplicando la lógica del dicho que reza de que es mejor prevenir que lamentar, podríamos aceptar que en este asunto cualquier sacrificio es mejor que la amenaza de una “colombianización”.
El autor es docente y consultor.
