Néstor Avendaño
Nuestro gobernante y varios de sus ministros se han dedicado a la tarea de provocar entre la población un pánico multifacético, cambiario, inflacionario, monetario, financiero internacional y de inestabilidad laboral con un supuesto desempleo masivo en el Gobierno Central si la Asamblea Nacional rechaza su veto parcial a la ley del presupuesto nacional de este año.
Como nicaragüense, me veo obligado a recordarle al Presidente y a sus funcionarios que una de sus responsabilidades es mantener la tranquilidad entre la población en momentos de una crisis nacional. Como economista, les solicito no continuar la vieja tarea política de seguir engañando a la población, construyendo la falacia de un apocalipsis económico, si la nación rechaza el veto presidencial. Los funcionarios públicos deben recordar que la ley protege a los nicaragüenses si una persona, natural o jurídica, le provoca terror o pánico financiero, económico, social o político.
En mi opinión, son dos los principales factores que nos afectarían si nos salimos del acuerdo con el FMI, y ojalá que esto no ocurra. Primero, no recibiríamos la condonación tanto del 80 por ciento del pago de intereses y amortizaciones de la deuda con el Club de París y las instituciones financieras internacionales como la condonación del 90 por ciento o más, si es necesario, del saldo de la deuda externa sujeta a negociación, al no poder llegar nuestro país al Punto de Culminación “Flotante” de la Iniciativa HIPC. Esto significaría que Nicaragua no recibiría una condonación de aproximadamente US$625 millones durante 2003-2005 en el pago de la deuda externa y otra de, al menos, US$4,500 millones en el saldo de su deuda externa.
El segundo factor negativo sería el fortalecimiento de la desconfianza inversionista nacional y extranjera. El cumplimiento del acuerdo con el FMI es bastante simbólico en materia de cooperación internacional. Pero un aval del FMI sobre el desempeño económico de nuestro país es potente para la atracción de capital extranjero en inversiones directas, no especulativas por las atractivas tasas de certificados emitidos por la banca central ni de zonas francas que son realizadas en “tierra de nadie” dentro de nuestros límites geográficos.
¿Cuáles serían los efectos de esos dos factores? Son fáciles de resumir y ya los conoce nuestra población: la prolongación de la persistente recesión económica que se inició en nuestro país desde marzo de 2002, la continuación de la tendencia creciente del desempleo que ya afecta a medio millón de nicaragüenses, el ensanchamiento de la onerosa deuda interna generada por la banca central con sus excesivas tasas de interés en la subasta de CENIs, y la profundización de la pobreza y la indigencia que en 2001 ya afectaba al 45.8 por ciento de la población total de Nicaragua.
Pero un ministro estatal y uno de sus asesores se dedicaron a la ingrata tarea de amenazar a la población. Dijeron que si la Asamblea Nacional rechazaba el veto presidencial al presupuesto sufriríamos una devaluación y fuertes presiones inflacionarias porque la Comunidad Internacional suspendería toda su ayuda. Yo les pregunto ¿cuál es la ayuda que se suspendería? ¿Toda la ayuda?
Estos agoreros no explicaron que la ayuda internacional que se suspende de inmediato, por órdenes del FMI, es la de apoyo a la balanza de pagos, o sea las divisas líquidas de libre disponibilidad, prestadas y donadas, que facilitan el aumento de las reservas internacionales oficiales, el pago de la deuda externa y la satisfacción de la demanda de divisas del sector privado para la importación de bienes y servicios.
¿Y cuál es el monto de esa ayuda en divisas líquidas de libre disponibilidad en este año? US$106 millones de préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, Taiwan, y de donaciones de varios países europeos. No incluyo en esta ayuda el préstamo del FMI por US$25 millones para 2003 porque son “intocables” para el gobierno, al estar destinados exclusivamente al “fortalecimiento” de las reservas internacionales oficiales. Si en Nicaragua ocurriera un desastre natural (ojalá que no suceda), el gobierno no podría usar ese préstamo del FMI para enfrentar esa situación, porque la hoja de control monetario no programa la ocurrencia de esos desastres.
Pero, aparentemente, el mismo funcionario público desconoce que una devaluación no funciona en nuestro mercado por su excesiva dolarización extraoficial. Hubiese sido más razonable que el mismo funcionario hubiese prevenido a la población sobre una posible pérdida del libre cambio de córdobas por dólares.
Y este funcionario, aparentemente, no sabe que el 85 por ciento de la cartera de préstamos de la banca comercial del país ha sido otorgado en dólares; que el 68 por ciento de los depósitos del público en los bancos es realizado en dólares; que el incipiente mercado de capital y el desarrollado mercado de bienes raíces está dolarizado; que los precios de los bienes y servicios de consumo, excepto los perecederos de origen agrícola, están dolarizados, así como los impuestos porque las tasas impositivas se aplican sobre precios dolarizados; que las tarifas de servicios públicos están dolarizadas; y que su sueldo y el de los otros altos funcionarios públicos están dolarizados.
Y aún más, este funcionario, ante varios empresarios, preguntó ¿quién quiere que la usemos (la maquinita de emitir dinero)? He de recordarle a este mismo funcionario que el ingreso anual de remesas familiares oscila entre US$600 millones y US$800 millones, monto mucho más importante que la ayuda en divisas líquidas de libre disponibilidad, y que nuestra ley prohíbe emitir dinero para entregarlo al Gobierno Central, y si se hace se viola la ley y el que lo haga se pondría al margen de la ley. Nadie está sobre la ley, lo ha dicho el Señor Presidente.
Ahora, en una nueva ronda de terrorismo económico y social, los funcionarios públicos han manifestado que, si se da el rechazo legislativo de su veto al presupuesto, recortarán el 40 por ciento del gasto corriente presupuestado para este año, equivalente al déficit fiscal de C$4,000 millones, o sea un tercio del gasto total del gobierno que es igual a todo el flujo de la ayuda internacional prevista en el presupuesto de este año.
¿Por qué Sr. Bolaños seguir causando intranquilidades entre los empleados menos remunerados del sector gubernamental? ¿No ha pensado que reduciendo el ejército de asesores y consultores que hoy pululan en los corrillos estatales, una excesiva carga para los contribuyentes, podría contribuir al saneamiento de las finanzas públicas con un menor costo social? ¿Por qué continuar insistiendo que no vendrá ninguna ayuda, si el 65 por ciento de la misma no está atada a las condicionalidades del ajuste económico y de las reformas estructurales del FMI?
El flujo de recursos atados a programas y proyectos de cooperación previstos para este año asciende a casi US$200 millones. Es probable que algunos prestatarios o donantes, con una razón soberana, no nos entreguen parte de esta ayuda “atada” si se llega a dar el incumplimiento del programa del FMI. Pero estoy seguro que recibiremos gran parte de esta misma ayuda.
El representante del Banco Interamericano de Desarrollo en Nicaragua, Eduardo Bálcarcel, aseveró que el 90 por ciento de la cooperación de dicho organismo para Nicaragua no está atado al FMI; el Sr. Giorgio Mamberto, embajador de la Unión Europea, indicó que la cooperación seguirá fluyendo; no tengo dudas que el noble pueblo japonés continuará ayudándonos; y así, otros países, y otros organismos como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, continuarán asistiéndonos con su financiamiento, donado o prestado, para atender a los más necesitados, a los excluidos del progreso humano.
Recuerde, Sr. Presidente, que el 75 por ciento de nuestra población tiene un ingreso per cápita diario igual o menor de US$2.00 y que el 30 por ciento de los nicaragüenses padece de desnutrición. No es justo, que en esa situación, sean víctimas de un terrorismo cambiario, inflacionario, monetario, financiero internacional y de inestabilidad laboral.
El autor es Economista.
