Aunque parezca mentira, no hay plazo para que la Asamblea Nacional resuelva sobre el veto al Presupuesto que el Poder Ejecutivo presentó el 21 de enero recién pasado. El único término, al parecer fatal, es el de que Nicaragua debe comenzar a cumplir en marzo el acuerdo con el FMI, o no hay recursos ni condonación del 80 por ciento de la deuda externa.
El presidente Enrique Bolaños debe viajar a Washington a fines de esta semana donde seguramente negociará con los organismos financieros internacionales, de modo que es urgente llegar aquí a un entendimiento con los diputados que prácticamente tienen a la nación agarrada por el cuello.
Pero plazo legal no tienen los diputados. Según el artículo 143 de la Constitución: “Un proyecto de ley vetado total o parcialmente por el Presidente de la República deberá regresar a la Asamblea Nacional con expresión de los motivos del veto; ésta podrá rechazarlo con el voto de la mitad más uno del total de sus diputados, en cuyo caso el presidente de la Asamblea Nacional mandará a publicar la ley”. La Constitución no dice al respecto nada más.
Por su parte, el Estatuto General de la Asamblea Nacional, en el que se determina el procedimiento para la aprobación o rechazo de las leyes (y de los vetos), dice en su artículo 58 que: “Cuando el Presidente de la República devuelva un proyecto de ley vetado, total o parcialmente, se enviará a la comisión correspondiente, la que deberá dictaminar aceptando o rechazando el veto, en el plazo señalado por el presente Estatuto; en estos casos la comisión no podrá solicitar prórroga. Presentado el dictamen de la comisión al Plenario, éste lo discutirá únicamente en lo general”. Es decir, que lo que el Plenario tiene que aceptar o rechazar es el dictamen de la comisión, no el veto mismo, porque éste, según el antes citado artículo constitucional, la Asamblea sólo puede rechazarlo, no aprobarlo.
El Estatuto de la Asamblea tampoco señala un término para someter el veto a votación del Plenario. Lo que aplican los diputados en estos casos es la disposición constitucional (artículo 141) de que: “Todas las iniciativas de ley presentadas, una vez leídas ante el Plenario de la Asamblea Nacional, pasarán directamente a comisión”. Luego, los legisladores se atienen al artículo 49 de su Estatuto General, que dice: “Las comisiones dispondrán de un plazo máximo de treinta días para el estudio y dictamen de una iniciativa de ley, o del señalado por la Junta Directiva para casos especiales”.
Pero ese término de un mes para que la comisión correspondiente dictamine, no ha comenzado a correr porque la Junta Directiva de la Asamblea Nacional todavía no ha presentado el veto al Presupuesto ante el Plenario. Y entonces, repetimos, el único plazo que hay es el del FMI, que se termina en marzo próximo.
Mientras tanto los diputados, los partidos políticos debidamente constituidos y los organismos de la “sociedad civil” que de hecho funcionan como partidos políticos, los analistas y el Gobierno, tratan de ganar la batalla del veto y el Presupuesto en el escenario de la opinión pública, informando y desinformando y amenazando con desencadenar la violencia si no se rechaza el veto, y augurando un caos económico si es rechazado. Y de todo lo cual sólo queda en claro que es imperativo llegar a un acuerdo.
En realidad el problema es simple: Si los diputados rechazaran el veto no habría recursos ni siquiera para pagar los pequeños aumentos de sueldo que ellos aprobaron para los empleados públicos de algunos sectores. Tampoco habría para el incremento de asignaciones a algunos rubros de preferencia política de los diputados (como el consejo de universidades). Y todos los nicaragüenses, incluyendo a los diputados, tendremos que resignarse a sobrevivir en una emergencia económica y social. La única esperanza que quedaría es que tal vez los políticos aprenden por fin que el país debe valerse por sí mismo, trabajar más duro en vez de vivir de la ayuda foránea, y gastar moderadamente en base a lo que nosotros mismos producimos.
De modo que en la voluntad o el capricho de los diputados —liberales, sandinistas y azul y blancos— está la decisión.
