Arturo Mcfields Yescas [email protected]
Una procesión escasa siguió a la marcha en contra del veto presidencial promovida por la Coordinadora Civil y respaldada por una decena de organizaciones agrupadas el llamado Bloque de lucha Social y Popular.
Los marchistas que salieron desde la Universidad Centroamericana (UCA), hasta la Asamblea Nacional, expresaron su rechazo al veto presupuestario debido a que consideran que con éste se cercenará todavía más el acceso a salud y la educación, se incrementará el costo de la canasta básica y se dejará una puerta abierta a despidos en gran parte de las instituciones del Estado.
Vida Luz Meneses, directiva de la Coordinadora Civil indicó que se debe rehacer ese presupuesto con un equilibrio sano, y evitar a toda costa que la carga del pago de deuda interna recaiga sobre los más pobres de forma injusta.
Según las proyecciones publicadas en un informe del Fondo Monetario Internacional para 2003, el vencimiento efectivo de la deuda pública sería de 546.2 millones de dólares, de los cuales 118.2 millones son de deuda externa y 428 millones de la deuda interna.
Javier Pérez Ríos, Director del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, señaló que se debe hacer conciencia de que “la lucha por un presupuesto más generoso con el sector social no es una lucha ni de los movimientos sociales ni del Cenidh, sino que debe ser asumida por cada ciudadano”.
Por su parte, Enrique Picado, directivo del Movimiento Comunal, explicó que se mantendrán en pie de lucha, pues en los últimos meses han sido “golpeados” por un problema de ahogamiento financiero, acentuado por las alzas en los servicios públicos, lo que aunado al recorte en educación y en las partidas a las municipalidades, complica aún más la problemática de los nicaragüenses.
Los marchistas entregaron a la Asamblea Nacional un pronunciamiento oficial de rechazo a la cadena alcista y al veto presidencial al presupuesto. Así mismo, la Coalición Social se puso a la orden de las diferentes comisiones parlamentarias para coadyuvar al estudio de un mejoramiento en el tema del alza de las tarifas de servicios básicos.
