Miguel Ernesto Vijil [email protected]
La Comunidad Internacional va avanzando hacia nuevas estructuras supranacionales. Avanza lentamente, pero avanza.
Una de las más recientes adiciones al creciente número de Organismos Internacionales es la Corte Penal Internacional, que no termina de arrancar, pero que de todas maneras va para adelante. Conjuntamente con la Corte ha sido necesario definir cuáles serán en el futuro los crímenes horrendos que estarán bajo su competencia. Hasta ahora aparecen en esa infame lista el genocidio y los crímenes de guerra.
Siguiendo la modalidad que se empleó con los criminales nazis de la Segunda Guerra Mundial, en la persecución de los autores de estos espantos no vale la prescripción; además, la Corte puede alcanzarlos en cualquier parte del mundo en donde se hayan escondido. Todo esto es un gran adelanto para la causa de la justicia y para que asesinos infames no queden impunes como por desgracia ocurre con frecuencia; véase el caso de Augusto Pinochet.
Pero es necesario comenzar a proponer que esta Corte también conozca los casos de enriquecimiento ilícito por parte de políticos que agregan a otras ideologías la creencia firme, y la práctica, en la doctrina del Estado como botín.
¿Y por qué tener que recurrir a una Corte Internacional? ¿No son acaso suficientes los tribunales nacionales? Pues hay que recurrir a una Corte Internacional porque en la mayoría de los países, para esta clase de delincuentes los tribunales nacionales no son suficientes. Los compromisos políticos de muchos, la integración de los propios tribunales, una legislación obsoleta y amañada, la maraña legal tan bien tejida, las dificultades para obtener la extradición y los batallones de abogados muy bien pagados, hacen necesario buscar otros caminos si se quiere de verdad que quienes han explotado sin misericordia a pueblos pobres, devuelvan al menos alguna parte de sus riquezas mal habidas.
Se hace necesario un procedimiento nuevo para perseguir y juzgar a estos criminales, no menos responsables de la muerte de tanta gente, por hambre o por falta de atención médica, como los propios genocidas. Un procedimiento nuevo que rompa con la doble moral de gobiernos y sociedades que predicando y practicando en sus vidas privadas virtudes ejemplares, ponen al servicio de ladrones sus instituciones, sus bancos y su competencia profesional, para hacer posible maniobras por las cuales se despoja a naciones enteras de los medios necesarios para su desarrollo económico y social.
Las naciones, especialmente las más desarrolladas, deberían asumir con diligencia la noble tarea de perseguir y castigar a conocidos políticos delincuentes que han explotado a sus conciudadanos. Hoy día la familia Duvalier, famosa por sus “Tonton Macoutes” y por su pasmoso éxito en extraer del pueblo más pobre de América, Haití, una fortuna fabulosa, vive como todo lujo en un castillo asomado a la Costa Azul, a la vista y paciencia de las autoridades francesas. La familia Somoza goza a lo persa, en distintos países, el dinero fruto de la rapiña y de la extorsión del pueblo de Nicaragua. Pequeños y estratégicos enclaves insulares se prestan gustosos para cualquier operación financiera que signifique lucro amparados por legislaciones especiales, auque ello sea un delito es su madre patria ¿Asombroso, no? Pregunten por Jersey o por las Islas de Gran Caimán.
Y también es necesario que la persecución internacional de bienes mal habidos se extienda más allá de la vida de los ladrones originales. No se debería poder heredar el producto del robo. Las fortunas mal habidas, sin importar cuántas generaciones atrás, deberían poder ser recuperadas en beneficio de sus legítimos propietarios, muchos de los cuales en este momento se están muriendo de hambre.
El autor es profesor universitario.
