Uno de los principales alegatos de los diputados que rechazan verbalmente el veto al Presupuesto, es el de que están ofendidos porque el presidente Bolaños acusó a la Asamblea Nacional de violar la Constitución al haber aprobado con modificaciones el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo.
Inclusive, uno de los diputados liberales que está peleando por el máximo liderazgo del PLC ahora que Arnoldo Alemán está fuera del escenario por el juicio de corrupción en su contra, aseguró que ellos (habló en nombre de todos sus colegas) están obligados a rechazar el veto porque de lo contrario aceptarían que violaron la Constitución y por lo tanto que cometieron delito contra ella.
Pero es falso que no rechazar el veto significa aceptar que la Asamblea Nacional violó la Constitución. Además, el procedimiento para tramitar el veto no requiere que los diputados lo aprueben, sino sólo que lo rechacen. De manera que si un diputado no lo rechaza con su voto porque en el momento de la votación está en el bar o en los baños, o porque no llegó al recinto parlamentario, o simplemente porque no quiere rechazarlo, no significa aceptar que la Asamblea violó en este caso la Constitución.
En realidad, el presidente Bolaños cometió un error al poner en el veto el argumento de que los diputados no pueden hacer cambios sustantivos al proyecto de Presupuesto presentado por el Poder Ejecutivo. La Constitución (artículos 112, 113, 138 y 150) faculta expresamente a la Asamblea Nacional para modificarlo. Por ejemplo, el artículo 112 señala textualmente que: “La Asamblea Nacional podrá modificar el Proyecto de Presupuesto enviado por el Presidente de la República, pero no puede crear ningún gasto extraordinario sino por ley mediante creación y fijación, al mismo tiempo, de los recursos para financiarlos. La Ley de Régimen Presupuestario regulará esta materia”.
Es más, en su sentencia número 73 del 26 de septiembre de 1994 la Corte Suprema de Justicia declaró inaplicables algunos artículos de una reforma a la Ley de Régimen Presupuestario que pretendían prohibirle a la Asamblea Nacional hacer cambios al proyecto de Presupuesto enviado por el Ejecutivo. Y luego, la reforma constitucional de 1995 estableció taxativamente la potestad de los diputados para hacerle modificaciones sustantivas al proyecto de ley presupuestaria, en el entendido, por supuesto, de que son modificaciones apropiadas y responsables.
En todo caso, el problema actual del veto al Presupuesto, tal como lo aprobaron los diputados, no deviene del argumento disparatado de que la Asamblea Nacional violó la Constitución porque hizo cambios al proyecto del Ejecutivo. El problema real radica en que si tales modificaciones quedan aprobadas definitivamente, se violarían los acuerdos de Nicaragua con el FMI y el país quedaría fuera de los programas de asistencia financiera y perdería la posibilidad de que le condonen hasta un 80 por ciento de la deuda externa. Y entonces los diputados empujarían al país a una bancarrota económica de imprevisibles consecuencias.
Eso lo saben muy bien los diputados, y si están amenazando con rechazar el veto es porque unos quieren arrancarle concesiones sustanciosas al Ejecutivo (la libertad de Arnoldo Alemán, algún ministerio, la facultad de poner a sus compadres en los cargos públicos departamentales, etc.); y otros, los sandinistas “duros”, porque sus convicciones ideológicas los obligan a rechazar todo lo que esté relacionado con el FMI.
De manera que el error presidencial de acusar a la Asamblea Nacional de violar la Constitución porque hizo cambios importantes al Presupuesto, no debería ser pretexto para rechazar el veto, a menos que deliberadamente los diputados quieran hacer un grave daño a la nación, por el motivo que sea.
Ahora bien, los asesores son muy importantes en todas las esferas de la administración pública y del sector privado, pero por eso mismo deben ser cuidadosamente seleccionados. En realidad, así como (los asesores) pueden ayudar a resolver problemas también los crean o agravan, como sucedió en este caso.
El presidente Bolaños debería revisar la calidad y antecedentes de sus asesores, y despedir a quienes lo están “embrocando”. Y si los diputados rechazan el veto al Presupuesto, también debe tener listo el apropiado programa de contingencia y promover un acuerdo nacional, desde el fondo del barril.
