Luis Felipe Palacios [email protected]
El jefe del Ejército, general Javier Carrión, confirmó ayer que el ex inspector general Roberto Calderón recibió de manos de Ori Zoller, el israelí dueño del Grupo de Representaciones S.A. (GIRSA), la orden de compra de los 3,000 fusiles AK y cinco millones de municiones, con el membrete y el papel oficial de la Policía de Panamá –armamento que terminó en manos de paramilitares colombianos–, pero negó que Calderón haya manejado la venta de armas.
El general Carrión reveló que GIRSA, una empresa guatemalteca, fue quien trajo a Nicaragua el documento que certificaba que el destino final de las armas sería la Policía de Panamá, sin embargo rechazó que haya sido Calderón el que cambió la polémica orden de compra.
“GIRSA trae la orden de compra y le damos –el Ejército– una copia a la Policía (Nacional) para que ellos puedan chequear su información”, aseveró el jefe de la institución militar, luego de participar en un acto oficial en la Asamblea Nacional.
Carrión explicó que GIRSA era la intermediaria entre la Policía de Nicaragua y los compradores, en este caso la Policía de Panamá, y que por tanto no correspondía al Ejército determinar si la orden de compra se trataba de “documentos verdaderos”.
Sostuvo que toda la actividad documental y legal sobre la venta de armas se dio entre la Policía nicaragüense y GIRSA, y que la participación del Ejército fue en base a un acuerdo de apoyar “a la Policía Nacional en las gestiones del trabajo administrativo, porque la Policía tenía menos experiencia que nosotros, y nosotros teníamos más o menos claro todos los procesos administrativos legales que lleva este tipo de transacción”.
