Jorge Loáisiga Mayorga [email protected]
El Estado de Nicaragua perdió 81 millones de dólares en concepto de arriendo de unas 340 empresas estatales, que los arrendatarios nunca pagaron, además de todos los bienes de esas empresas que incluían ingenios azucareros, procesadoras, fincas tabacaleras, cafetaleras, arroceras, venta de repuestos, maquinaria de construcción y agrícola, empresas madereras, empresas de la industria metal-mecánica y todo tipo de bienes.
Esas empresas eran las que el gobierno sandinista había juntado bajo el régimen de propiedad estatal. Unas procedían de confiscaciones y otras fueron creadas con inversiones propias, entre 1979 y 1990.
En 1993 el gobierno de Violeta Barrios de Chamorro decidió dar en arriendo, con opción de compra, un total de 340 empresas del Estado que estaban agrupadas en la Corporación Nacional del Sector Público (Cornap).
La vicepresidente de la Cornap, Gladis Blandón dice que se ha perdido todo: el dinero correspondiente al arriendo de las empresas, que suman 81 millones 528 mil dólares y los bienes de las empresas que no pudo cuantificar, pero que “es mucho dinero”.
Entre ellas mencionó el caso de la Corporación Nicaragüense de la Pesca (Inpesca), que entregó en arriendo con opción de compra a “marineros y pescadores”, 56 embarcaciones que eran de las empresas Promar, Pescasa y Copesnica, valoradas en 10 millones 676 mil dólares.
“Ninguno de esos barcos fue pagado. No sabemos de ellos, ni de las personas que los adquirieron”, expresó Blandón.
También se refirió al caso de la Corporación Nicaragüense del Tabaco (Tabanic), la que tiene deudas acumuladas por nueve millones 759 mil dólares, de los cuales dos millones 127 mil corresponden a falta de pago del arriendo de las fincas tabacaleras.
Explicó que en este caso se trata de todas las fincas tabacaleras que eran del Estado y fueron entregadas a los trabajadores.
“¿Qué pasó en Tabanic? Se entregaron las mejores fincas tabacaleras de Nicaragua a una sociedad de trabajadores que, entre comillas, las iban a comprar, y ellos no han pagado nada, ni el arriendo, ni han venido a ejercer su derecho de opción de compra, a pesar de que los hemos invitado. Tabacalera Industrial Nicaragüense S.A. se llama la sociedad deudora y el representante es Francisco Guerrero Roa”, expresó Blandón.
“Los hemos llamado cantidad de veces, inclusive ya hay autorización de la junta anterior de Cornap, en la que se autoriza la venta a plazo, tal como la Ley 278 prevé, pero ellos no volvieron porque creen que se las van a echar por reforma agraria. Son las mejores fincas de tabaco del país”, agregó Blandón.
Otro caso similar al de las tabacaleras es el de la Corporación Nicaragüense del Café (Cafenic), porque entregaron unas 60 fincas cafetaleras en el norte del país a empresas controladas por los trabajadores y tienen una deuda de seis millones 386 mil 994 dólares. Esas empresas “tampoco han pagado”, dijo Blandón.
La funcionaria también se refirió al caso de la Corporación de Empresas Nacionales de la Construcción (Coenco), que adeuda al Estado tres millones 120 mil 961 dólares. Esta empresa era la que manejaba la maquinaria agrícola y de construcción, la que fue vendida a trabajadores y empresas de construcción privadas.
De acuerdo con los estados financieros de Cornap, las sociedades Coconsa, Ecisa y Seccsa, empresas creadas por los trabajadores, deben 846 mil, un millón 145 mil, y 250 mil dólares respectivamente.
En tanto, una persona llamada Nelson Vindell aparece con una deuda de 864 mil 913 dólares.
¿Cómo está la situación de esta gente? “Ahí se escondieron unos, otros están vivos y no han pagado”, dijo Blandón.
Otro caso que resalta es el de la empresa Industria Metal Mecánica S.A. (Indumetasa), que en los estados financieros de la Cornap refleja saldos rojos por tres millones 267 mil, 214 dólares.
Esta empresa está ubicada en Tipitapa y se dedica a la fabricación de angulares, hierro, y antes fue conocida como Metasa.
Blandón comentó que entre los deudores de la Corporación Nicaragüense de la Carne aparece una persona identificada como Manuel Joaquín Barrios Torres, con una deuda de 1,882,053 dólares que, según Blandón, es el caso del matadero de Rivas, conocido como Igosa.
“Esto también abulta la deuda interna que todos los nicaragüenses estamos pagando ahora, y lo más grave es que el gobierno está atado de manos frente a este problema, porque no se puede hacer nada, la Ley 278 los protege”, expresó la funcionaria.
