Guillermo Rothschuh Villanueva
El resumen ejecutivo preparado por la OEA sobre el desvío de la venta de armas realizado por la Policía Nacional y el Ejército de Nicaragua, establece “que los actos de Yelinek, junto con los de Onattopp Ferriz y los del Capitán del Otterloo, Iturrios Maciel, constituyeron parte de una conspiración para exportar armas de Nicaragua e importarlas a Colombia”, afirmación que viene a corroborar plenamente que se trató de una operación encubierta, encaminada a minar el prestigio del Ejército de Nicaragua. Lo que debe ahora develarse es quién montó esta operación.
Sin duda alguna a las autoridades nacionales les asiste la responsabilidad de haber actuado con exceso de confianza. El mismo documento de la OEA plantea la buena fe con que actuó la Policía y el Ejército. Una actitud explicable si se considera “que ya GIRSA había vendido armas y equipo al Ejército de Nicaragua en el pasado”, como lo testimonia de manera concluyente el informe de la OEA. Porque una cosa es haber actuado con negligencia y otra haber procedido criminalmente, como lo hicieron Yelinek, Zoller, Ferriz y Maciel, según lo acredita el mismo informe.
Las diferencias evidentes entre la actuación de las autoridades nicaragüenses y la manera fraudulenta con que actuaron los compradores de armas, tienen una explicación bien fundamentada: el propio récord institucional de la Policía y el Ejército. Nadie ignora en Nicaragua que nunca ha sido política de la Policía ni del Ejército vender armas a criminales. Todo lo contrario. Sus mayores esfuerzos han estado centrados en convertirse en dos instituciones de prestigio, debido a la seriedad de sus actuaciones. La prueba más significativa de que han concentrado lo mejor de sus energías en su modernización y desarrollo, es el apoyo financiero e institucional recibido por diferentes gobiernos del mundo. El mayor reconocimiento a su labor ha provenido de parte de la ciudadanía nicaragüense. Durante los últimos años diversos sondeos de opinión realizados por firmas encuestadoras nacionales e internacionales, evidencian el nivel de aprecio y aceptación que gozan ambas instituciones entre los distintos sectores de la sociedad nicaragüense.
En donde resalta la buena fe con que procedió el Ejército, es en su decisión inmediata de montar una operación de inteligencia militar —Operación Triángulo— conjuntamente con los gobiernos de Colombia y Panamá, orientada a capturar a quienes habían realizado la maniobra de la desviación de armas hacia Colombia. Establecida en el informe de la OEA la responsabilidad criminal de Yelinek y Zoller, el procurador Fiallos y el fiscal Centeno tomaron el camino correcto: Yelinek primero y Zoller después, deben ser investigados a fondo. Sólo ellos pueden develar los alcances de esta operación.
No deja de ser sintomático y preocupante que el informe de la OEA establezca que el agente de armas libanés Samih Osailly, detenido en Europa por supuestos vínculos con Al-Qaeda, buscara como aliados comerciales a los dos israelitas, sin que se haya procedido hasta ahora a investigar a Zoller y Yelinek, sobre todo por los nexos oficiales de Zoller con el gobierno de Israel. Este es uno de los puntos más sensibles y más débiles del informe. Esto nos indica que Zoller y Yelinek tienen mucho que decir sobre el tráfico ilegal de armas y sobre cuya actuación delictiva, señalada en el informe, poco se ha indagado. La mención de Osailly insinúa que estamos frente a una trama de mayor alcance.
En conclusión, queda claro, que por su propia trayectoria profesional y futuro inmediatos, a quienes menos interesaba una transacción irregular era a la propia Policía y Ejército nicaragüenses. A la Policía y al Ejército no les convenía bajo ninguna circunstancia embarcarse en el tráfico ilegal de armas. No creo que fuese del interés del Ejército involucrarse en una operación suicida. Por eso cabe preguntarse, ¿quién informó a GIRSA, de la Operación Triángulo? ¿Quién le filtró la información? La respuesta es sencilla, únicamente pudo hacerlo alguien interesado en perjudicar al Ejército. Todo lo cual contribuye a fortalecer la tesis de que se trató de una celada.
A nadie conviene más que se esclarezcan los hechos que al mismo Ejército y a la Policía. El señalamiento de la conspiración resulta más que creíble. No lo digo yo. Es lo que establece el informe ejecutivo de la OEA (página 32). Sin embargo, todas estas inconsistencias y lagunas deben ser aclaradas por la Comisión Interinstitucional nombrada por el Gobierno de la República para investigar el caso. Estamos a la espera.
El autor es Decano de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la UCA.
