Mientras el veto al Presupuesto no sea votado en el Plenario de la Asamblea Nacional, no se puede asegurar con certeza si será rechazado o no. Como se sabe, según el artículo 143 de la Constitución la facultad de la Asamblea Nacional con respecto al veto no es aprobarlo, sino rechazarlo, de manera que son los diputados que no están de acuerdo con ese recurso presidencial quienes deben reunir los votos necesarios para desestimarlo, que son 47 como mínimo.
Pero no se puede descartar que los diputados más interesados en rechazar el veto, que obviamente son los sandinistas “duros”, no puedan reunir esos 47 votos y que por lo tanto el Presupuesto quede aprobado como lo quiere el Poder Ejecutivo para que no se rompan los acuerdos con el FMI.
En realidad, hasta los diputados más recalcitrantes deben saber que los acuerdos con el FMI son indispensables para que el país pueda obtener recursos inclusive para financiar lo que ellos con toda razón consideran que es primordial, o sea los aumentos de salarios para maestros, trabajadores de la salud, soldados, policías y otros que son los menos favorecidos en la repartición del queque presupuestario.
Es imposible que los diputados —tanto liberales como sandinistas y azul y blanco— no puedan entender que si rechazan el veto de todas maneras no habrían los aumentos de salario, pues al romperse los acuerdos con el FMI faltarían los recursos para financiar ese Presupuesto que ellos aprobaron y más bien habría que reducirlo drásticamente, según lo advirtió el lunes de esta semana el presidente Bolaños.
Ciertamente, si ellos rechazaran el veto al Presupuesto crearían una grave situación de insolvencia presupuestaria y el Presidente de la República tendría que poner en vigencia el Estado de Emergencia, en su modalidad económica y social. Y si aún en esas circunstancias críticas creada por ellos mismos, los diputados persistieran en su empecinamiento y no quisieran ratificar la puesta en vigencia del Estado de Emergencia, habría necesidad de exigirles que respondan|por los graves daños que le están causando al país, primero porque modificaron el Presupuesto de manera inapropiada, segundo si rechazaran el veto presidencial a dicho Presupuesto, y tercero si no quisieran ratificar el Estado de Emergencia.
Al respecto es verdaderamente importante que el presidente Enrique Bolaños prepare un plan de contingencia económica a fin de enfrentar la grave situación que se crearía en el país al romperse los acuerdos con el FMI. Sin embargo, el Primer Mandatario no debería perder de vista que si quiere darle credibilidad a su plan de contingencia y motivar el respaldo de la población, debe poner en primer lugar la reducción de los sueldos de los altos funcionarios en el 40 por ciento que él dice se deben cortar los gastos corrientes del Estado.
Se dice, y con razón, que las grandes desgracias engendran ellas mismas las grandes oportunidades. Y a lo mejor la falta de apoyo financiero externo al país nos motivaría a comenzar a valernos de nuestras propias fuerzas, después de décadas de depender de la ayuda internacional.
Al fin y al cabo, si de algo se debe culpar justamente al FMI es de haber asumido durante muchos años el papel de banco central de emergencia para ayudarnos en nuestras desgracias económicas, porque eso alentó la irresponsabilidad y la corrupción de los políticos que endeudaron exageradamente al país confiando en que la comunidad internacional siempre vendría en auxilio de Nicaragua.
Aún ahora tales políticos que están enquistados en la Asamblea Nacional siguen creyendo que aunque ellos rechacen el veto presidencial al Presupuesto, de todas maneras los organismos financieros internacionales no abandonarán a su suerte a Nicaragua. Pero quienes eso creen están muy equivocados, y peor los diputados que están amenazando al gobierno con provocar disturbios políticos y sociales si el Presupuesto no queda definitivamente aprobado como ellos quieren.
El presidente Bolaños no debe amedrentarse por esas amenazas sino más bien desafiarlos a que lo derroquen, si se atreven a hacerlo, a ver cuáles serían las consecuencias.
A lo mejor esa sería la oportunidad para que la nación barra para siempre a esa clase política irresponsable que tanto daño le ha hecho y quiere seguirle causando a Nicaragua.
