Freddy Potoy [email protected]
Después de conocer el informe de la Organización de Estados Americanos (OEA), de saber cómo el Ejército y la Policía de Nicaragua se responsabilizan mutuamente del tráfico, venta, permuta o recambio de armas (como le quieran llamar), lo cierto es que los funcionarios de ambas instituciones son responsables de los hechos.
Revisando una documentación a la que tuvo acceso LA PRENSA, es inconcebible que la Policía Nacional, cuya naturaleza es resguardar el orden público, investigar y combatir el delito, haya creído “ingenuamente” que quien hacía de intermediario en el negocio de las armas actuaba transparentemente.
Los policías son formados precisamente para investigar, analizar, conspirar, elaborar estrategias contra el delito, desarrollar tácticas, etc. ¿Cómo es posible que el jefe de la Policía Nacional, Edwin Cordero Ardila, no haya investigado con la Policía de Panamá lo que ocurría? Se debió hacer por sentido común.
Resulta triste saber que altos miembros del Ejército en vez de respetar la Constitución se convierten en “comisionistas”, “vendedores”, “intermediarios”, “traficantes”, “negociantes” de armas entre extranjeros y la institución del Orden Público. ¿En manos de quiénes estamos?
El Presidente de la República, en su carácter de Jefe Supremo del Ejército de Nicaragua, debe hacer prevalecer el respeto y obediencia que le deben los militares, de acuerdo al artículo 95 de la Constitución Política. En mi artículo de hace ocho días, decía que también el Jefe de Ejército, Javier Carrión, debe responder a este asunto. Si no sabía que otro general de su Ejército (Roberto Calderón) estaba involucrado en la venta de armas, entonces imagínense ¿cómo es que los Sam 7 están en manos militares como los nuestros? Naturalmente esto no es creíble.
Este negocio de las armas me hace recordar un poco cómo el Ejército ha venido “evolucionando” en este aspecto después de las conversaciones de Sapoá en 1988, donde el entonces Ejército Popular Sanidnista (EPS), determina que ha logrado un empate estratégico en el conflicto con la Resistencia Nicaragüense en la guerra de los 80.
Para entonces, ya estaba definida la política exterior de la extinta Unión de Repúblicas Socialistas Soviética (URSS), después de las reformas de la perestroika, en relación a la cooperación con los países del tercer mundo, lo que según los líderes sandinistas del momento, conlleva a buscar la paz, adelantar elecciones y que todo esto significaría una drástica reducción del arsenal militar.
Según altos oficiales retirados del Ejército, surge un plan que consistía en sacar el armamento Táctico Operativo de las unidades, que no estaba en almacenes y no tenía soportes de registro, por lo que podían ser declaradas perdidas en combate o abandonadas por desertores.
Esto no era con armas de infantería como fusiles, sino con mísiles antiaéreos, lanzacohetes antitanques etc. Luego vino la gran venta de armas que se le hizo a Perú y Ecuador, donde se establecieron todas las pautas legales para seguir negociando.
Con esta breve reseña, resulta inconcebible que no haya responsables en la venta de armas. Precisamente, la Policía conociendo estos antecedentes, debió ser más cuidadosa con los oficiales del Ejército metidos a negociantes de armas. Algo raro ocurrió entre la Policía y el Ejército.
