Es absolutamente inaceptable el argumento de que el Estado tiene que perder los 81.5 millones de dólares que se le adeudan por las empresas estatales que a principios de los años noventa, bajo el gobierno de la ex presidenta Violeta Barrios de Chamorro, durante la llamada “Concertación Económica y Social”, fueron vendidas a crédito a personas particulares o cedidas en arriendo con opción a compra.
Cuando el FSLN tuvo que dejar el poder porque perdió las elecciones libres de febrero de 1990, el Estado era dueño entre muchos otros bienes de 340 empresas de toda clase agrupadas en las Corporaciones Nacionales del Sector Público (Cornap). Eran 22 corporaciones que reunían a empresas y propiedades que los sandinistas confiscaron a los Somoza y los somocistas después del triunfo revolucionario del 19 de julio de 1979; empresas y propiedades que confiscaron a personas que por cualquier razón se ausentaron del país (“ley del ausente”); propiedades que pasaron a poder del Sistema Financiero Nacional por deudas impagas de sus antiguos propietarios; y algunas otras que fueron compradas o creadas por el mismo Estado.
En 1990 las empresas de la Cornap generaban el 31 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país, tenían casi 80 mil trabajadores, aportaban el 40 por ciento de la producción industrial y más del 50 por ciento de la de mariscos y pescados, monopolizaban la mayor parte de las exportaciones de café y azúcar, y operaban en prácticamente todas las esferas de la actividad industrial, agropecuaria, comercial y de servicios del país.
Las empresas estatales de la Cornap comenzaron a ser privatizadas en distintas modalidades a partir de marzo de 1991, y muchas de ellas o casi todas pasaron a manos de personas o grupos sandinistas y prosandinistas, incluyendo cuotas de “participación de los trabajadores” establecidas en los acuerdos de la “Concertación Económica y Social” que se llevó a cabo en 1990, precisamente después de varias asonadas y amenazas de las organizaciones sandinistas de derrocar al recién nacido y frágil gobierno democrático.
Por cierto que la “piñatización” de las antiguas empresas y propiedades estatales fue un fenómeno generalizado en casi todos los países antiguamente comunistas y revolucionarios que a fines de los años ochenta y comienzos de los noventa, emprendieron el camino de la democracia. De esa manera muchos ex camaradas que formaban parte de las poderosas nomenklaturas gobernantes en los estados totalitarios y autoritarios, se convirtieron en opulentos e inescrupulosos empresarios que incursionaron en toda clase de negocios, algunos honrados pero en muchos casos delictivos y asociados a las mafias del crimen organizado en sus países y a escala internacional.
Dicho con otras palabras, muchos de los antiguos dirigentes de los Estados comunistas y revolucionarios desmantelados renunciaron a la ideología de Carlos Marx pero adoptaron el “principio” del anarquista francés Pedro Proudhón, quien aseguró que “toda propiedad es un robo”, y se hicieron propietarios.
Pero el hecho de que la piñatización de los activos estatales fuera un fenómeno característico de casi todos los países ex comunistas y revolucionarios, no justifica de ninguna manera que aquí se pierdan impunemente decenas de millones de dólares en deudas al Estado por los contratos de arriendo y venta de muchas de las empresas y propiedades que fueron estatales.
Repetimos, es inaceptable el argumento de que esa enorme deuda es “prácticamente irrecuperable… porque no se establecieron garantías reales a la hora de firmar los contratos de arriendo con opción a compra o (porque) los deudores han desaparecido…”, según declaró a LA PRENSA una funcionaria de la Cornap (lunes 3 de febrero de 2003).
Los deudores de esa gigantesca cantidad de dinero existen, deben estar allí mismo en las empresas que adquirieron y no pagaron, y deberían ser obligados a pagar lo que deben, o en su caso quienes autorizaron semejante latrocinio deberían ser forzados a responder ante la justicia.
Si es cierto que aquí se está llevando a cabo una cruzada contra la corrupción, ésta debería ser también contra la que hubo con las privatizaciones de los activos estatales. Y para comenzar el Gobierno debería sacar a luz toda la información sobre las que se hicieron como consecuencia de la “Concertación Económica y Social”.
