José Antonio Ocampo
El concepto de “sociedad de la información” recoge las grandes transformaciones que está enfrentando el mundo como resultado de los nuevos medios para crear y divulgar información mediante tecnologías digitales. Este proceso ha brindado grandes oportunidades a los países en desarrollo, al mismo tiempo, se ha ido perfilando una nueva forma de exclusión: la “brecha digital internacional”, que amenaza con ampliar el abismo que separa a los países desarrollados y en desarrollo, y la “brecha digital interna”, que amenaza con abrir aún más las grandes distancias sociales entre los ciudadanos al interior de los países. En muchos sentidos, dadas las inmensas desigualdades que caracterizan a nuestras sociedades, la brecha digital interna en los países de América Latina y el Caribe es aún más aguda y representa, por ende, un desafío mayor que la brecha internacional.
En efecto, en América Latina y el Caribe la brecha internacional se ha venido reduciendo; concretamente, nuestra región es la que muestra el más rápido crecimiento mundial del uso de Internet en los últimos años. En el 2002, un 8 por ciento de la población regional tenía acceso a Internet, lo que se compara con un 9 por ciento a nivel mundial. Un 18 por ciento de nuestros habitantes dispone de servicios de telefonía digital, mientras el promedio mundial es de 19 por ciento.
En cambio, la brecha digital interna se ha venido acentuando. Casi un 70 por ciento del 15 por ciento de mayores ingresos de la población regional tiene acceso a Internet, lo que se compara con un 10 por ciento de conectividad regional. Esto indica que ha comenzado a surgir una nueva forma de exclusión, que se manifiesta en pequeñas islas de sectores plenamente conectados e integrados en esta nueva sociedad, en medio de un océano de ciudadanos excluidos de los beneficios de esta transformación. Esta “exclusión digital” nos obliga a adoptar medidas para asegurar un acceso universal mínimo a las infraestructuras de la información, lo que no solamente significa conectar equipos, sino también capacitar a la población para aprovechar esta herramienta tecnológica.
La pregunta más importante que deben plantearse los países en desarrollo no es si conectarse o no, sino más bien cuándo y cómo conectarse. En las estrategias nacionales se deben tener en cuenta las tres dimensiones de la sociedad de la información: las necesidades tecnológicas (infraestructura y servicios genéricos); las realidades y los requisitos institucionales y organizacionales de los diferentes sectores (los sectores “e”), y las áreas diagonales (los marcos regulatorios, financieros y el capital humano). Asimismo, para romper la “brecha digital” interna, habría que reducir los costos del acceso individual mediante sistemas de acceso compartido, avanzar en la provisión de equipos sencillos y económicos, y formular políticas estratégicas, como la aplicación de estándares abiertos y el uso de programas (software) de fácil acceso. Hay que capacitar a los usuarios con “alfabetización electrónica”, y formar y mantener una fuerza de trabajo capaz de sostener a la sociedad de la información.
Como región, tenemos que tomar medidas que faciliten la cooperación entre las autoridades nacionales, la sociedad civil y el sector privado. Estas políticas deben armonizar los marcos legales y regulatorios comunes; establecer mecanismos de financiamiento que aseguren la continuidad de la sociedad de la información; fomentar el desarrollo de contenidos regionales y su intercambio, y respaldar.
El autor es Secretario Ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
