- Investigación aporta información sobre comercialización “legalizada” de material forestal, con graves consecuencias para las áreas protegidas y desestabilización de las comunidades indígenas
María Antonia López M. [email protected]
Miles de dólares pueden estar saliendo del país en concepto de madera en rollo o cortada, mediante procedimientos legales para la extracción o la compra de ese producto, según destaca una investigación realizada por el Instituto Nitlapán de la Universidad Centroamericana (UCA).
El estudio asegura que esta práctica contribuye paulatinamente al avance de la frontera agrícola en la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN), cuyas consecuencias económicas, sociales y ambientales podrían agravarse en el tiempo, pese a los esfuerzos limitados que las autoridades encargadas están haciendo desde meses atrás.
El estudio indica que esta situación podría agravarse mientras no exista en el país una ley forestal que regule la explotación sostenible y el desarrollo local, a fin de poder utilizar el producto no sólo como un ingreso en bruto, sino que una parte de ello sea reutilizado dando valor agregado para abastecer el mercado nacional, y reducir los altos porcentajes de importación de muebles.
La extracción de madera en la RAAN registra tres tipos de operación, utilizadas por una parte de madereros que de forma ilegal cortan los árboles y luego buscan los mecanismos necesarios para legalizarlos. Pero también no se puede desligar el otro nivel de afectación que se presenta debido a la migración constante de campesinos, ex contras, ex militares y hasta a los indígenas del Pacífico, que se movilizan hacia las zonas boscosas buscando áreas para la siembra de granos básicos de subsistencia, sacrificando el bosque a su paso.
El estudio indica que tampoco se puede ocultar el hecho de que hay una parte de la extracción que se hace totalmente legal proviniendo de aquellos empresarios que cumplen con los planes de manejo y los requisitos solicitados por el Instituto Nacional Forestal (Inafor).
“LAVADO” DE MADERA
René Mendoza, quien dirige dicha investigación, detalló que parte del trabajo fue realizado durante varios meses en la zona de Bonanza, Rosita y Siuna (RAAN), señalando que una de las prácticas más comunes podría ser calificada posiblemente como “lavado de madera”.
Esa modalidad detectada y la más utilizada, es aquélla donde participan miembros de las comunidades indígenas, trabajadores de algunas empresas, grupos de personas con equipos de extracción, quienes por un precio determinado, contribuyen a la salida de la madera, cuyas trozas son lanzadas a los ríos donde las corrientes de agua sirven para deslizar los troncos.
Gran cantidad de esas trozas son detectadas por los técnicos del Inafor, la Policía Nacional, o los mismos madereros que provocan la detección del producto, a fin de “contribuir “ al decomiso, si se constata su corte irregular.
Al darse esta situación se procede a la subasta donde la primera opción de compra la tiene el mismo maderero ilegal . “Este mecanismo es lo que llamamos una especie de lavado de madera, porque va por la vía libre y la subasta es una manera de legalizar una práctica que nació ilegal”, explicó Mendoza.
Indicó que una segunda operación ilícita utilizada por madereros, es la obtención de un permiso legal para cortar madera en determinada zona, cumpliendo con el llenado de los formularios técnicos estipulados. No obstante, la madera que se corta no siempre proviene de la zona indicada en el permiso, muchas veces proviene de otros sectores no autorizados o simplemente es comprada a grupos de personas que van trasladando río abajo la madera “es una manera de ahorrarse costos y de cumplir con el manejo forestal”, indica.
La tercera modalidad empleada es cuando las empresas con áreas en concesión compran madera a terceros, que traen el producto de zonas no autorizadas. La compra se hace afirmando que no están violentando la ley porque se trata de una relación comercial sin embargo, los efectos son negativos para las familias empobrecidas de las comunidades indígenas, generando desconfianza en el mismo sistema tradicional de organización que aún conservan.
LA REPARTICIÓN DE LOS FONDOS
Según datos recopilados en la investigación en base a información oficial, el corte de madera genera un impuesto establecido, de tal manera que la mayor parte ingresa al Instituto Nacional Forestal (Inafor).
La distribución equivale a un 25 por ciento a las alcaldías, al Inafor le corresponde entre el 50 al 75 por ciento.
Esa variación está sujeta a la participación de la Policía Nacional, la que puede percibir hasta un 25 por ciento por contribuir al control del tráfico de madera.
PARTICIPACIÓN INDÍGENA
Para el investigador René Mendoza, uno de los problemas más severos es la participación de los miembros de las comunidades aledañas a los bosques. “Hay una distorsión de las organizaciones locales. Por un lado, hay una exigencia de que la extracción debe ser compensada monetariamente a la comunidad, aunque a veces se topan que otro indígena está vendiendo la madera sin el permiso de los demás y los réditos se los atribuye para él solo”. El resultado de eso es la desconfianza entre los mismos miembros y el poco beneficio colectivo alrededor de la explotación del bosque.
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