- Se prevé aprobación en esta legislatura parlamentaria
María Antonia López M. [email protected]
Hay alrededor de 25 revisiones al proyecto de Ley de Fomento y Conservación para la industria Forestal, y pese a estar dictaminada, la puesta en agenda para ser discutida y aprobada por el plenario de la Asamblea Nacional continúa pendiente sin que se haya estipulado alguna fecha para hacerlo, aunque el presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Jaime Morales Carazo cree alcanzar la meta en la primera legislatura.
No obstante, el diputado aclaró que hay señalamientos a ese dictamen de los sectores involucrados, por tanto, estarán escuchando aún algunos comentarios que serán incluidos como mociones durante la presentación plenaria.
A juicio del presidente de la comisión parlamentaria, la ley debe estimular la actividad forestal pero de forma racional y es por ello que hasta el nombre de la misma ha cambiado.
Agregó que si bien hay algunas observaciones para cada sector, la ley tiene un marco general, por lo cual será necesario crear otras específicas para atender ciertas demandas.
Según René Mendoza, investigador de Nitlapán, la ley parece tener la misión de controlar y prohibir, para conservar los recursos naturales pero dejando abierta la posibilidad para que se transgreda de otra manera.
Los controles por otro lado, no ha detenido la extracción de árboles de maderas preciosas, lo que ha llevado es a la legalización de la misma, y proteger de alguna manera las áreas protegidas, agregó Mendoza.
No obstante, las comunidades indígenas se sienten presionadas a no aprovechar el bosque, y esa prohibición les lleva a actuar bajo el alero de la ilegalidad cuando la presión causada por la necesidades insatisfechas de alimentación, vestido y medicinas en orden primario, les obligan a buscar alternativas de sobrevivencia.
Por otro lado, “hay presencia de tantos intereses y que hacen difícil la aplicación de una ley que de por sí desfavorece a los indígenas, ya que un permiso de extracción resulta muy caro y por eso se apegan a un maderero para obtener “algo” del árbol tumbado”, reiteró Mendoza
Las comunidades indígenas de la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN), han estado menos involucradas en la creación de la ley, debido a que las poblaciones, están más interesadas en conocer tecnología de cultivos agrícolas y no de forestería, reflexionó , Virginia Sandoval investigadora del instituto Nitlapán.
Según Francisco Lemus, presidente de la Cámara Nacional Forestal, la forma en que estaba contenida la ley era confusa y un poco discrecional en su aplicación , por lo que decidieron adaptar proyectos de ley de otros países para lograr un consenso.
Mientras Erasmo Flores Reyes, presidente del Consejo Regional Autónomo del Atlántico Sur (RAAS), sostuvo que tienen problemas internos de las comunidades lo cual ha sido aprovechado para la explotación, pero cree que debido a la coordinación interinstitucional han parado en un 90 por ciento la extracción ilegal. Dijo que a veces resulta difícil el control por la extensión territorial y el acceso a muchos caminos internos.
Por su parte Juan Saballos Osorno, presidente del Consejo Regional Autónomo del Atlántico Norte (RAAN), estimó que la ausencia de leyes es lo que permite la explotación, también hay problemas con las entregas de las partidas correspondientes a las municipalidades y la ley forestal debe ser discutida cuando ellos estén presentes, así como presentarán algunas mociones.
A su vez, están analizando los aspectos de la Ley de Autonomía de la Costa Atlántica que está ligada a otras pendientes de aprobación, referidas a los recursos naturales.
ALTERNATIVAS POSIBLES
La aprobación de la ley debe tener un mínimo de incentivos para la población aledaña a los bosques o dueños de bosques.
Estos incentivos, pasan porque los árboles se conviertan en una garantía para obtener un crédito financiero, bajo registros oficiales que permitan el control real de la recuperación.
Que las comunidades indígenas puedan comercializar el producto del área protegida con un uso racional y sostenible.
Así también que la ley no sea modificada en un plazo largo, para que la inversión pueda ser garantizada.
Alcanzar la certificación forestal.
