- Fiscal Departamental y jefe del DIC viajaron al país canalero para averiguar más sobre caso de las armas
Ary Neil Pantoja yElizabeth [email protected]
La Fiscal Departamental de Managua, María del Carmen Solórzano y el jefe de la Dirección de Investigaciones Criminales (DIC) de la Policía Nacional, comisionado mayor Julio González, iniciaron las pesquisas sobre el desvío de 3,000 fusiles AK hacia Colombia, y para ello ambos funcionarios se encuentran en Panamá donde sostienen reuniones con sus homólogos del país canalero.
El Fiscal General de la República, Julio Centeno, informó que Solórzano y González hicieron el primer contacto ayer con funcionarios de la Fiscalía de Panamá, iniciando así la investigación sobre el desvío del cargamento de armas hacia el grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia. Originalmente las armas fueron vendidas por la Policía de Nicaragua supuestamente a su homóloga de Panamá, pero éstas aparecieron en Colombia.
Centeno no quiso asegurar si Solórzano y el comisionado González podrán entrevistarse con Shimon Yelinek, quien guarda prisión en Panamá y es considerado “clave” en el tráfico ilegal de armas. Sin embargo, no descartó que la Fiscalía haga esa solicitud a las autoridades panameñas.
CENTENO CRITICA INFORME OEA
“Hay vacíos (en el informe de la OEA) y vamos a llenar esos vacíos. Me atrevo a decir que a Nicaragua no la tomaron muy en cuenta en esa investigación. Vamos a llegar más allá de nuestras fronteras para hacer efectiva la defensa del gobierno y de los personeros de Nicaragua que en un momento fueron apartados de la investigación”, criticó Centeno.
El Fiscal General considera que con el hecho de haber “apartado a los funcionarios nicaragüenses de la investigación se cometió una gran injusticia” con las autoridades de Nicaragua y el mismo gobierno. Centeno no quiso afirmar que hay una “mala intención” de parte de la OEA para culpar a Nicaragua por el desvío de las armas hacia Colombia y prefirió insistir en los “vacíos” que según él tiene el informe del organismo regional.
“Existen vacíos, yo no diría mal intencionados, pero hay vacíos que hay que llenar, para que todo quede con claridad. Es cierto que nosotros (la Fiscalía) no somos los representantes del Estado, pero es nuestro resultado, además de determinar la licitud del acto; y si la venta fue llenada con los trámites establecidos en nuestras leyes, tendremos que hacer las recomendaciones del caso a las autoridades competentes para que esas autoridades reclamen las lesiones que se puedan haber causado al Estado y a la soberanía nicaragüense”, dijo Centeno.
Pese a las críticas, Centeno expresó que no le corresponde al Ministerio Público desestimar la investigación de la OEA, señalando que es el Estado de Nicaragua el que decide si acepta o rechaza una investigación de esa naturaleza y que, en todo caso, es otra institución la que debería impulsar el rechazo o aceptación de la investigación.
CORDERO SE INHIBE
El Director General de la Policía Nacional, Edwin Cordero, se inhibió de conocer la investigación sobre la venta de armas y designó al subdirector de la institución, comisionado general Orlando Aguilera, quien aseguró que cuando regresen al país el comisionado mayor Julio González y la fiscal María del Carmen Solórzano, planificarán las acciones a seguir.
Según Aguilera, en la investigación están involucradas otras instituciones, entre ellas la Dirección de Migración y Extranjería, la Policía Internacional (Interpol) y el Laboratorio Central de Criminalística (LCC) de la Policía.
El subdirector de la Policía insistió en que será hasta que regresen González y Solórzano, que harán las entrevistas correspondientes a las personas mencionadas en el informe de la OEA.
Aguilera tendrá a su cargo la coordinación de la investigación por la parte policial, en conjunto con el comisionado mayor Julio González, jefe del DIC y otros oficiales, pero aclaró que es la Fiscalía General de la República la que tiene toda la responsabilidad de la investigación.
