- Contralores le recuerdan que el desacato es considerado un delito y que la Contraloría tiene potestad para sancionarlo administrativamente
José Adán Silva [email protected]
Los miembros de la Contraloría General de la República cuestionaron ayer la renuencia del Superintendente de Bancos, Noel Sacasa, a levantar el sigilo bancario para que esa institución fiscalizadora investigue la actuación del superintendente en las quiebras bancarias que dejaron, aproximadamente, 500 millones de dólares en pérdidas al Estado nicaragüense.
Así lo dejó entrever tanto el recién reelecto presidente de la Contraloría General de la República, Francisco Ramírez, como el contralor Guillermo Argüello Poessy, quienes aparte de criticar a Noel Sacasa, lo amenazaron veladamente al recordarle que la CGR, dentro de sus facultades establecidas en la Constitución Política y en su Ley Orgánica, tiene la potestad de sancionar administrativamente a los funcionarios que se nieguen a brindar información al ente fiscalizador.
En un escrito interpuesto el pasado 14 de enero ante la Juez Cuarto Civil de Distrito de Managua, Ruth Chamorro, en el trámite judicial de levantamiento de sigilo que promovió la Procuraduría General de la República, el superintendente Sacasa pide a la juez que solicite a los contralores una explicación más detallada del porqué piden levantar el sigilo bancario.
Además, Sacasa “considera que la Contraloría no tiene ni las facultades legales ni el personal técnico para evaluar y calificar las tareas u operaciones propias de fiscalización que le son dadas de manera exclusiva a la Superintendencia en la Ley número 314, Ley General de Bancos”.
OBJETIVO: EVALUAR A SACASA
Al respecto, muy molestos, los contralores le respondieron a Sacasa que el motivo, más detallado para levantar el sigilo bancario, no es para analizar cuentas bancarias ni evaluar políticas bancarias en la banca privada, sino para evaluarlo a él como funcionario público, y determinar si él tuvo algo que ver, por negligencia o intencionalidad, en la quiebra de los bancos Interbank y Bancafé.
“¿Quién es este señor para decirnos que nosotros no tenemos capacidad ni facultad para auditoriarlo en su gestión como funcionario público? Él no puede decirnos que no tenemos capacidad técnica, ya que él no es ni contador público ni mucho menos auditor. Si no tiene nada que ocultar, que cumpla con su palabra de abrir los libros, que nos responda con documentos, no con palabras”, dijo Ramírez.
Los contralores, por unanimidad, y para dar trámite al levantamiento del sigilo bancario, enviaron la semana pasada una carta a la juez Chamorro, para explicarle los detalles de la solicitud de levantar el sigilo de la SIB, y para recordarle que la Constitución establece que la CGR tiene total competencia para ejercer el control y evaluar no sólo los aspectos administrativos y financieros, sino también para evaluar la gestión de la SIB y otras instituciones financieras.
Al final, el contralor Guillermo Argüello Poessy dijo que desacatar una orden judicial es un acto delictivo y que la CGR, por facultad expresa dentro de su Ley Orgánica, podría sancionar administrativamente a los funcionarios que se nieguen a dar información al ente fiscalizador.
LA PRENSA intentó obtener la versión de Sacasa, pero en sus oficinas dijeron que no se encontraba.
