- Pese a ser de los más fuertes involucrados en la quiebra del Banic, no hay ninguna solicitud ante el Parlamento
Mirna Velásquez Sevilla [email protected]
La solicitud de desafuero del diputado liberal ante el Parlamento Centroamericano (Parlacen), Donald Spencer Frauemberger, aún no se ha hecho efectiva, aunque en su contra pesan tres acusaciones que lo vinculan a la quiebra del Banco Nicaragüense de Industria y Comercio (Banic).
Según el juez Edgard Altamirano, la solicitud no se ha dado porque Spencer Frauemberger, no le ha informado oficialmente de su condición de diputado.
“Dicen que es diputado, no le podría decir”, respondió el judicial, al ser abordado sobre esta diligencia. “Como es un derecho adquirido, es una obligación de la autoridad pronunciarse en el caso”, agregó.
El juez Altamirano evitó adelantar datos sobre el avance de las investigaciones de la quiebra del Banic, cuyo perjuicio económico es de seis millones de dólares.
Dijo que todavía está leyendo detenidamente el informe recientemente enviado por la Dirección de Investigaciones Económicas (DIE), de la Policía Nacional, mismo que hace varias recomendaciones al judicial.
ACUMULAN EXPEDIENTES
En el Juzgado Séptimo de Distrito del Crimen de Managua se radican tres expedientes en contra de ex funcionarios del Banco y otras instituciones estatales. Entre ellos Byron Jerez, antiguo viceministro de Finanzas, Donald Spencer, Luis Emilio Midence, el ex diputado Jaime Bonilla y una larga lista de funcionarios del Banco.
La primera denuncia recepcionada en el Juzgado que dirige el juez Altamirano, fue enviada por la Dirección de Investigaciones Criminales (DIC) de la Policía Nacional.
Más tarde, basándose en la investigación policial, la junta liquidadora del Banic llevó una acusación incluyendo a otros funcionarios, y ante el Juzgado Quinto de Distrito del Crimen fue llevada una nueva denuncia por los mismos hechos contra diecisiete personas.
Dado que se trata de los mismos hechos, las autoridades judiciales, acumularon los expedientes.
El juez no descartó que la acusación por asociación e instigación para delinquir, estafa, fraude y apología del delito, contra la economía nacional, la industria, el comercio y la junta liquidadora, puedan tipificarse como lavado de dinero, a través del fallo previsto a darse a conocer dentro de tres meses.
