Xiomara Chamorro [email protected]
El canciller Norman Caldera aseguró ayer a LA PRENSA que Nicaragua ya está trabajando en conjunto con otros países para lograr determinar las responsabilidades de los involucrados en el caso de las armas desviadas a Colombia, caiga quien caiga.
Según Caldera, que ayer se reunió con el presidente Enrique Bolaños para recibir oficialmente el informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) de manos del embajador Morris Busby, la comisión interministerial que investiga los hechos en Nicaragua estaría en los próximos tres o cuatro días en posibilidad de ofrecer su informe.
“El presidente Bolaños dijo que nadie estaría por encima de la ley y lo ha cumplido. ¿Por qué vamos a estar con dudas ahora?”, expresó el canciller en una entrevista con LA PRENSA.
Según se supo extraoficialmente, el gobierno de Nicaragua expresaría a Busby sus críticas por la forma “especulativa” en que expresan muchas de sus conclusiones, las que sin restar importancia al problema, le quitan consistencia al informe.
¿Cuál es su opinión sobre este informe? ¿Lo va a aceptar Nicaragua tal como está? ¿Cuáles serían los aspectos dignos de ser tomados en cuenta y cuáles ofrecen dudas? Se ha dicho que quienes hicieron el informe tienen un conflicto de interés que lo haría parcial, y se ha cuestionado la metodología de investigación, ya que se obvió viajar a Colombia, lugar hacia donde se desviaron las armas.
El problema es que el informe contiene un hecho incontrovertible, y es que Nicaragua demostró que no tenía control efectivo sobre la venta de algunos armamentos. Ese hecho incontrovertible se demuestra porque si no fuera así no hubieran aparecido las armas fuera de su destino original; sin embargo, alrededor de este hecho real y de las recomendaciones válidas, hay una serie de inconsistencias en el informe.
Éstas no le restan mérito al error de Nicaragua, y le llamo error porque hasta que no se deslinden responsabilidades no puedo decir si ese error fue de mala fe o por ignorancia, de las dos maneras es grave, porque indica que no había control efectivo en ese momento para garantizar que las armas fueran al lugar que estaban destinadas. Ante eso a nosotros nos quedan dos cosas: una la tienen que determinar las autoridades judiciales, y otra cosa son las recomendaciones legales que con grupos de abogados se tiene que hacer para cambiar las leyes y establecer los controles necesarios. Ambas cosas no son incompatibles, hay que hacerlas las dos y asegurar el cumplimiento de los convenios internacionales.
Ya empezamos con Colombia a intercambiar notas para llegar a determinar las responsabilidades. El viernes enviamos una carta a la canciller de Colombia aceptando la propuesta de establecer un mecanismo de consulta diplomática para ver la mejor manera de evitar que hechos de esta naturaleza se den el futuro. Dijimos que vamos a ir avanzando en el cumplimiento de la primera parte de las recomendaciones del informe de la OEA, que dice que Nicaragua, Colombia y Panamá enfrentemos investigaciones tendientes a revelar la posible conducta delictiva de todas las personas involucradas en este caso, con la cooperación de otros gobiernos incluidos Canadá, Guatemala, Israel, México y Estados Unidos.
En cuanto a la recomendación sobre el desarme, el Tratado de Seguridad Democrática en su artículo 32 establece que las partes se comprometen a continuar esfuerzos para la limitación y control de armamentos por medio de un balance razonable de fuerzas, de acuerdo con la situación externa e interna de cada uno de los estados. Eso es exactamente lo que yo repetí en El Salvador, si eso le causa corronchas a alguien es porque ese alguien tiene problemas, porque desde el 92 está ese Tratado y lo único que hice fue anunciar que queremos reactivar ese proceso, un proceso legítimo, centroamericano, firmado con la comisión de seguridad de Centroamérica, de manera que nosotros estamos empezando a cumplir con las recomendaciones.
El hecho de que aquí (en el informe) haya opiniones no quita que aquí haya hechos incontrovertibles y que estamos buscando cómo superarlos.
¿Caiga quien caiga?
Por supuesto, el presidente Bolaños dijo que nadie estaría por encima de la Ley y lo ha cumplido. ¿Por qué vamos a estar con dudas ahora?
¿Qué opinión tiene usted de una presunta trama contra el Ejército? ¿Usted cree en esa posibilidad?
Yo creo que hay una conspiración criminal para buscar armas en forma fraudulenta, que se llevó a cabo fuera de Nicaragua, y eso también lo dice el informe, pero ir más allá son especulaciones. Yo creo que tenemos que hablar con pruebas en la mano y no con especulaciones, y si en algo yo he criticado el informe es en aquellas partes donde especula.
¿Qué opina de que hay un conflicto de interés en las personas que intervinieron en la elaboración del informe y que se revela, entre otros, en la metodología de su investigación?
Yo creo que lo del conflicto se debe aplicar a todo el mundo. Hay conflicto de interés cada vez que alguien se investiga a sí mismo, afuera y adentro, de manera que es posible que haya conflictos de intereses y hay que buscar como evitarlos, pero yo creo que eso no desmerita el hecho central, incontrovertible, porque si el informe estuviera equivocado, esas armas estarían en Panamá.
No hablemos de trama sino de hechos reales. ¿Cuál cree usted que es en este momento la percepción que existe, no del Ejército, sino del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre el Ejército nicaragüense? ¿Usted cree que algo ha variado con el cambio de gobierno ahora con los republicanos o después del 11 de septiembre, que los hizo más susceptibles…?
Yo creo que aquí hay dos elementos que hay que analizar: primero separados y después en su conjunto. Primero: ¿Hay en el país armas que puedan constituir un peligro para la seguridad mundial? Si vemos en Centroamérica , hay países con armas que pueden ser peligrosas para la seguridad mundial y hay otros donde no. Segundo: ¿Hay un control claro y absoluto sobre esas armas de parte del gobierno? Y cuando aparecen operaciones como éstas, tenés que llegar a la conclusión de que se necesitan mayores controles. Si vos juntás, no hay controles suficientes con armas peligrosas, lo que ponés es, por lo tanto: Hay riesgo.
Porque armas peligrosas las tiene Francia y Canadá, sin embargo nadie duda de los controles, cuando tenés controles no hay peligro, el problema es cuando te demuestran que los controles no funcionan y es un potencial peligro, y por lo tanto, hay que buscar la manera de ponerlo bajo control.
¿Usted cree que ese hecho que menciona es lo que vuelve susceptible al Departamento de Estado respecto del Ejército nicaragüense? Los SAM 7 que usted mencionaba, por ejemplo.
El problema es que uno de esos aparatos puede derribar un avión, ya lo ha hecho.
Para eso son…
Para eso son, entonces, si no tenemos los controles efectivos, la gente se pone nerviosa.
La gente. ¿Usted dice el Departamento de Estado en este caso?
El mundo se pone nervioso cuando tenés un país donde hay armas peligrosas, donde no están los controles. Entonces, ¿cuál es la respuesta nuestra?, asegurarnos internamente con estas recomendaciones: que se den los controles, y anunciarle al mundo: Miren, señores, estamos trabajando para poner esos controles, para que se calmen esos nervios. También asegurar que el armamento que tiene Nicaragua es el necesario para su seguridad dentro de un balance razonable de fuerzas en la región.
El argumento es que los SAM 7 existen en Nicaragua porque Honduras tiene los aviones F-16, ¿usted cree que éste es el momento para retomar la discusión sobre el balance de armas en la región?
Obviamente, esas personas que han estado dando opiniones sobre mis declaraciones en El Salvador, no están enteradas de qué fue lo que yo dije; pero yo repito lo que dije: Queremos dar el ejemplo y anunciar que esta limitación de armamento va a significar, en el caso de Nicaragua, la destrucción o el desmantelamiento gradual y progresivo en el marco estrictamente de las negociaciones del citado balance de fuerza regional. A eso nos comprometimos en un tratado firmado.
¿Cuál es el reto que Nicaragua tiene con el Departamento de Estado, respecto del ejército nicaragüense?
Asegurarnos de que existen los controles efectivos para que una situación como ésta no se vuelva a dar.
¿El señor Dan Fisk (subsecretario adjunto del Departamento de Estado de Estados Unidos para América Latina) y el señor Lincoln Bloomfield (subsecretario adjunto para asuntos político-militares) qué fue lo que plantearon al gobierno de Nicaragua sobre este tema?
La preocupación es el control efectivo, y ellos hablaron con nosotros, con el Ministerio de Defensa, y entiendo que también estaba el Ejército.
¿Control por la vía legislativa o nos podemos imaginar una “iraquización” de la auditoría a las bodegas del Ejército?
El Ejército ya lo ha dicho, que están abiertos a una inspección ocular del inventario de armas y municiones, y en el mismo espíritu de apertura y transparencia que desde los años 90 ha permitido la entrega de inventarios a la ONU, a la OEA y al SICA, no es al Departamento de Estado.
¿Qué hay de la trama, entonces?
Eso es parte de la naturaleza del nicaragüense de ver trama detrás de todo. Vivimos en un mundo de sospechosos. Yo veo que el error, ya sea por delito o por falta de viveza que se cometió aquí, da la oportunidad para probar el temor que tenían otras personas afuera, y no sólo en Estados Unidos, sino sectores de opinión aquí adentro también, que siempre han tenido dudas, y yo no me cuento entre esos, sobre los propósitos del Ejército y la Policía. Yo creo que es un hecho incontrovertible y no podemos meter la cabeza en la arena como el avestruz y negar de mil maneras un asunto que está a la plena luz del día, no había, no hubo control efectivo.
Es decir, si interpreto correctamente su opinión: Una cosa es tratar de determinar qué pasó y que un posible hecho doloso no se convierta ni en la excusa para lastimar al Ejército, sino más bien para establecer controles, ni que tampoco el argumento de una supuesta conjura pretenda ocultar si se cometió o no se cometió un delito.
Exactamente, ahí está sumarizado.
UNA PREOCUPACIÓN
El equipo que realizó el informe de la OEA asegura que pudo determinar que en varias ocasiones GIR S.A. se dirigió al Ejército nicaragüense, por intermedio del general Roberto Calderón, para la venta de armas y municiones, además de entablar contactos relacionados con el intercambio de armas descrito en este informe:
“Una de esas ocasiones fue el 5 de enero de 2001, cuando GIR S.A. envió un fax a Calderón con una lista de armas y municiones, entre ellas, cañones antiaéreos dobles y cuádruples, misiles antiaéreos, granadas propulsadas por cohetes, lanzadoras antitanques y armas pequeñas, con cantidades y precios. El documento fue una solicitud de Zoller para la venta de equipo del Ejército nicaragüense, con los precios y cantidades señalados por Zoller. El Equipo Investigador ha podido vincular esta lista de armas a una solicitud de un agente de armas libanés, Samih Osailly, actualmente bajo custodia en Europa y objeto de investigación por parte de varias naciones, por sus vínculos con Al-Qaeda. Al momento de su detención, él estaba trabajando para el Frente Unido Revolucionario (FUR) de Sierra Leona, bajo un acuerdo de armas por diamantes. Este agente buscó comprar armas y municiones de Shimon Yelinek, quien a su vez mandó la lista de armas y municiones a Zoller, quien a su vez se la envió al general Calderón.
Si bien el Equipo Investigador no descubrió pruebas que indicaran que el Ejército nicaragüense había actuado sobre la base de la solicitud de Zoller del 5 de enero de 2001, este hecho, sumado a las negociaciones relativas al segundo embarque de armas supuestamente para la Policía panameña, organizado a fines de 2001 y principios de 2002, indica que vendedores internacionales de armas consideraban a Nicaragua como una fuente potencial de armas de guerra con objetivos ilegales”.
