- “Es un avance insignificante, según Ética y Transparencia
Luis Felipe Palacios [email protected]
El director ejecutivo del Ética y Transparencia, Roberto Courtney, considera que la resolución de la Corte Suprema de Justicia y la obediencia del Consejo Supremo Electoral (CSE) de “resucitar” a los 29 partidos políticos con personería jurídica hasta el 24 de enero de 2000 —fecha en que se publicó la nueva Ley Electoral— viene a mejorar ligeramente el problema de la exclusión.
“Lo viene a mejorar ligeramente, porque el problema de fondo no es cuántos partidos puedan estar en teoría en el punto de partida en una contienda electoral, sino que se trata de las condiciones de competencia en la que se encuentran esos partidos”, razona.
Courtney argumenta que la Ley Electoral continúa siendo excluyente, porque la misma impide efectuar alianzas, puesto que obliga a los partidos políticos que quieren tener una suerte de alianza, a someterse a un partido principal.
“La gran viabilidad de la gran mayoría de los partidos pequeños es alrededor de construir alianzas. Hoy por hoy estos partidos estarían obligados a abandonar sus banderas, reducirse o someterse a una sola bandera, a un solo partido, y tendrán que sacar el cuatro por ciento de los votos cuantas veces existan partidos en esa alianza”, indica.
Courtney ejemplifica que si cinco organizaciones políticas deciden participar en una alianza tendrán que sacar el veinte por ciento de los votos válidos, caso contrario, todos perderán su personería jurídica.
UNA REFORMA
El director de Ética y Transparencia, organismo cívico de observación electoral, asegura que la legislación electoral nicaragüense sigue plagada de vicios antidemocráticos, ya que el hecho de restituir la personería jurídica a una veintena de partidos no significa que competirán libres de presiones.
“Todavía quedan mecanismos muy exagerados de exclusión, y mientras esa Ley Electoral siga siendo administrada por una institución partidarizada y controlada por los dos principales partidos, vamos a tener un esquema electoral en el cual las cosas funcionan a ventaja de esos dos partidos”, señala.
A juicio de Courtney, la sentencia de la Suprema Corte y la decisión del poder Electoral no hace ni más democrático a los partidos, ni le facilita al elector tener control sobre sus elegidos.
“Ese el tipo de reforma que necesitamos”, añade, por eso “no hay que ver esta decisión del Consejo como un gran avance, sino como uno insignificante”.
¡QUÉ RENUNCIEN!
“La sentencia de la Corte Suprema es un coscorrón a los magistrados del Consejo Supremo Electoral, al decirles que su mecanismo de verificación de firmas es ilegal e inconstitucional. Los magistrados del Consejo, incluso, por vergüenza deberían renunciar, porque gran parte de los problemas han sido por el manejo politizado o incompetente de los recursos”, comentó Roberto Courtney.
