- Actuó “dentro del marco de sus funciones”, dicen en comunicado oficial
Luis Felipe Palacios [email protected]
El Ejército de Nicaragua dio ayer un respaldo implícito al general retirado Roberto Calderón, ex Inspector General de esa institución, al asegurar mediante un comunicado oficial, que su participación en el intercambio de armamento con la Policía de Nicaragua, estaba dentro del marco de sus funciones.
“En relación al mayor general retirado Roberto Calderón Meza, quien fungió como Inspector General del Ejército de Nicaragua durante el período 2000-2002, el Ejército de Nicaragua manifiesta que como parte de sus obligaciones, el general Calderón mantenía las relaciones estrechas y de cooperación con la Policía Nacional”, indicó la institución militar.
En el comunicado, el Ejército también expresa su disposición de apoyar los esfuerzos del Estado nicaragüense en aras de fortalecer las bases para el mantenimiento de la paz y seguridad nacional y regional.
Además, ponen a disposición la apertura a la verificación de sus inventarios de armamento y la revisión de los sistemas establecidos que garantizan el registro, resguardo y control de sus armas.
En el comunicado, el Ejército manifestó su voluntad de apoyar “decididamente” el trabajo de la comisión interinstitucional, designada recientemente por el presidente Enrique Bolaños para que atienda las recomendaciones de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre el desvío de armas nicaragüenses que terminó en manos de paramilitares de derecha de Colombia y “para descubrir las acciones del crimen organizado internacional”.
Informaron además, que la Inspectoría General del Ejército de Nicaragua, a cargo del general Manuel Salvatierra, ha sido designada para el trabajo directo con la comisión interinstitucional que la integran además los ministerios de Relaciones Exteriores, Defensa y Gobernación, así como la Procuraduría General de Justicia, para investigar el caso de las armas.
En la misiva, el Ejército reveló que la institución militar tuvo información, en enero del 2002, que las armas que la Policía Nacional de Nicaragua había permutado con la empresa guatemalteca “Grupos de Representaciones Internacionales” (Gir S.A.), habían sido desviadas del presunto destino original: la Policía de Panamá.
“A partir de ese momento se comenzó a trabajar en la búsqueda de los responsables del desvío y se hicieron esfuerzos conjuntos con los servicios de inteligencia de Panamá, Colombia y otras agencias para descubrir toda la trama del crimen organizado en el exterior de Nicaragua, que se aprovechó de las debilidades legales de nuestro país, para adquirir armamento con fines delincuenciales”, indicó el Ejército, a través de su nota de prensa.
DENUNCIAN TRAMA
El vocero del Ejército de Nicaragua, coronel Adolfo Zepeda, expresó ayer su convencimiento de que detrás del caso de las armas, hay una conspiración contra esa institución, aunque no identificó a los supuestos responsables ni profundizó en los detalles.
“Hay una trama internacional que no ha sido abordada. El informe de la OEA tiene muchas inconsistencias, no aclara qué pasó fuera de Nicaragua. Estamos convencidos de que hay una trama”, señaló.
Para Zepeda, el complot se organizó fuera de Nicaragua con propósitos que no especificó, pero insinuó que existe un interés por poner al Ejército de Nicaragua en una situación vulnerable, particularmente respecto a su armamento.
El pasado jueves el canciller de Nicaragua, Norman Caldera, propuso en El Salvador ante un foro de la OEA, que el Ejército podría destruir sus cohetes tierra-aire SAM 7, en un proceso gradual de desarme en Centroamérica, dentro del balance de fuerzas regionales.
