- Franco Montealegre dice que él se retiró antes que cambiaran el contrato y surgiera la “orden” de Panamá
- La “pelota” de las armas desviadas hacia Colombia queda en la cancha de Cordero y Calderón
Eduardo Marenco Tercero [email protected]
Los alegatos del ex jefe de la Policía Nacional, Franco Montealegre Callejas, al defender su inocencia en el negocio de los 3,000 fusiles AK y 2.5 millones de municiones que fueron desviadas a Colombia, dejan muchas interrogantes sobre la actuación del actual jefe de la Policía, Edwin Cordero Ardila, y del ex inspector general de Ejército, Roberto Calderón Meza.
Aunque Montealegre no acusó a Cordero ni a Calderón de ningún ilícito, su argumentación lo libra de responsabilidad a él y deja la pelota en la cancha de esos dos personajes.
Montealegre presentó a LA PRENSA una constancia emitida por Cordero Ardila, que revela que el Ejército de Nicaragua entregó a la Policía el 11 de octubre del 2001 la polémica orden de compra de armamento, emitida supuestamente por la Policía de Panamá cuando Montealegre ya no formaba parte de la institución policial, que dejó el seis de septiembre de ese año.
De este modo, queda claro que es Cordero quien debe explicar por qué no verificaron si la orden de compra era auténtica. El informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) estableció que era fraudulenta.
Cordero fue quien informó a la Contraloría, el 22 de octubre del 2001, cuatro días antes que el barco Oterloo llegara al puerto El Rama, que los AK y las municiones a intercambiar con la empresa “Grupo de Representaciones Internacionales” (Gir S.A.), formaban parte de los inventarios del Ejército Nacional y no de la Policía, lo que significaba una modificación importante al contrato original.
Es durante la administración de Cordero, entonces, que se produjeron los dos cambios que dan un giro completo a la permuta de las armas: el del destinatario final, por un lado, y el del origen de las armas. Aún no se entiende por qué el Ejército entregó a la Policía 3,000 AK en excelente estado, a cambio de 5,000 AK en mal estado. Esta fue una decisión del general Roberto Calderón Meza, ex Inspector General del Ejército.
La propuesta inicial
Nervioso y preocupado por su imagen pública, Montealegre visitó ayer LA PRENSA para dar a conocer su versión sobre la controversial permuta de armas, realizada por la Policía Nacional.
Montealegre explicó que a finales de 1999, propiamente en octubre, según el informe de la Organización de Estados Americanos (OEA), “se nos propuso” la permuta de fusiles AK por un paquete de pistolas Jericho y subametralladoras Uzi. Recordó que es una vieja necesidad institucional equipar a los oficiales de línea con armas cortas y no con armas de guerra.
Según el informe de la OEA, Montealegre estaba “consciente de que su fuerza policial cuenta con armas insuficientes e inadecuadas y que carece de recursos financieros para adquirir nuevas”, por lo que aceptó ponerse en contacto con Gir S.A.
“La transacción de permuta era atractiva, pues no habría pago de dinero en efectivo y porque se le encontraría utilidad al excedente de armamento de la Policía”, justifica el informe de la OEA que califica de legítimo el contrato inicial.
Ori Zoller, el israelí propietario de la empresa Gir S.A., comercializadora de armamento, propuso una permuta a la Policía Nacional. Montealegre confirmó que el general Roberto Calderón, como jefe de aseguramiento técnico del Ejército, le había presentado a Zoller varios años antes, no en 1999, como lo sostiene la OEA. “Me lo presentó como un proveedor”, señaló.
Al ver la viabilidad del negocio, Montealegre consultó al ministro de Gobernación, René Herrera, quien mediante una carta del 3 de febrero del 2000 dio el visto bueno al “contrato de intención” suscrito entre “Gir S.A.” y la Policía Nacional para el intercambio de armamento.
Detalles del
primer contrato
La Contraloría, a solicitud del Ministerio de Gobernación, autorizó entonces una permuta en la que la Policía recibiría cien subametralladoras mini-uzi, cien sobaqueras para mini-uzi, 465 pistolas Jericho, 465 equipos para las mismas –cinturón, portacargador doble y cartucheras–. Además, Gir S.A., se comprometía a inscribir en el armamento la leyenda de la Policía Nacional de Nicaragua.
En tanto, la Policía se comprometía a entregar 2,5 millones de municiones (balas) de 7.62 x 39 milímetros, cinco mil AK y seis mil bayonetas de AK. Igualmente, entregaría un certificado que demostrase que los fusiles habían sido fabricados antes de 1986. Este último requisito, explicó Montealegre, era para ingresar las armas a Estados Unidos, donde se suponía serían adquiridas por “Century Internacional Arms” (C.I.A.), una sociedad que representa a coleccionistas de armamento. Las municiones, en cambio, podrían ser vendidas en cualquier mercado por “Gir S.A.”, según Montealegre.
El valor de la permuta era de US$242,000 dólares, lo que significa que cada AK sería entregada a US$48.4 dólares. Montealegre señaló que tan bajo precio se debía al “deprimido mercado” de esos fusiles en ese momento.
Aseguró que aún hoy, el precio de un AK nuevo en la República Checa, uno de los países donde se fabrica, es de US$142 dólares. Las AK que Montealegre negoció, además de tener unos diez años de uso, no llevaban cargador.
PERMUTA POR ETAPAS
El contrato original firmado el dos de junio del 2000 también contemplaba, recordó Montealegre, que la Policía Nacional entregaría las armas en un puerto nicaragüense porque no podía costear el transporte al país de destino final y “Gir S.A” las entregaría en Nicaragua.
Montealegre destacó que el contrato de permuta también establecía que la transacción debía ser aprobada por el Ministerio de Gobernación, como lo fue; requería autorización de la Contraloría y que Gir S.A. entregara el certificado de destino final del armamento.
Además, el arreglo establecía que Gir S.A. entregaría primero las pistolas, su equipamiento adicional y las subametralladoras Uzi. Sesenta días después de la entrega, la Policía cumpliría su parte, entregando los AK. “La idea era reducir el riesgo de que nos defraudaran”, reveló Montealegre.
A lo largo del año 2000, Gir S.A. inició la entrega de las pistolas y subametralladoras, pero cuando Montealegre entregó su cargo de jefe de la Policía, el seis de septiembre del 2001, aún faltaban más de cien armas por entregar. La Policía, en tanto, no había entregado ni un solo AK, esperando que Gir S.A. cumpliera con anticipación.
La orden fraudulenta
El 15 de mayo del 2001, Ori Zoller de Gir S.A., y Shimón Yelinek se reunieron en Guatemala, donde éste último presentó la fraudulenta orden de compra de la Policía de Panamá, haciéndose pasar como representante de la misma.
El 28 de abril del 2001, Zoller y Yelinek, junto a otros personajes, inspeccionaron los 5,000 AK en las bodegas de la Policía Nacional. Se mostraron satisfechos con la calidad de los mismos. De modo que el 16 de junio del 2001, según la OEA, Yelinek hizo el primer pago a Gir S.A., por US$75,000 dólares, de un total de US$575,000 que pagarían por los AK que comprarían.
Yelinek inspeccionó las armas de la Policía en Nicaragua una segunda vez (en esta ocasión en presencia de Uzi Kissilevich, socio de Zoller), el 4 de julio de 2001. A raíz de esta inspección, en algún momento de julio o agosto del 2001, Yelinek indicó a Gir S.A., que las armas de la Policía eran de mala calidad y que no satisfacían sus requisitos, según el informe de la OEA.
“Ellos visitaron –por segunda vez– las bodegas y luego se retiraron, yo no los vi y a mí nunca me plantearon que querían cambiar algo, eso seguro lo manejaron entre ellos, según se desprende del informe de la OEA”, aclaró Montealegre. “A mí no comunicaron ningún descontento”, aseguró.
Dijo que él no los atendió, sino un oficial del área administrativa que entonces estaba a cargo del subdirector de la institución, comisionado Edwin Cordero.
Cuando Yelinek mostró su descontento por los AK de la Policía Nacional, rápidamente encontró una solución gracias al general Roberto Calderón Meza, inspector general del Ejército. El Ejército recibió de la Policía los 5,000 AK en mal estado y entregó 3,117 AK en buen estado. En consecuencia, estas nuevas armas del Ejército serían las que se intercambiarían con Gir S.A. En una modificación adicional del acuerdo original, el Ejército también acordó suministrar 2,5 millones de balas y 3.000 bayonetas adicionales a las otras seis mil, del contrato inicial, para sumar nueve mil.
OTROS DOS NEGOCIOS
Zoller organizó otros dos negocios laterales, dice la OEA. Ciento quince armas de las suministradas por el Ejército de Nicaragua serían vendidas al Ejército de Guatemala y 9.000 bayonetas serían vendidas a Century International Arms, Inc, en Miami. Desde el punto de vista de la legislación internacional sobre tráfico de armas, estos dos negocios laterales parecen ser legítimos, según el informe de la OEA.
Cuando Montealegre dejó su cargo, Gir S.A. tampoco había presentado el certificado de destino final.
Montealegre deja el cargo el seis de septiembre del 2001 y asume la jefatura de la Policía Nacional, el primer comisionado Edwin Cordero. El 22 de octubre del 2001, Cordero Ardila notificó a la Contraloría sobre el cambio del acuerdo con Gir S.A., así como del intercambio de armas entre el Ejército y la Policía. Montealegre insistió en que él ya no tiene responsabilidad por ese cambio, originado por las molestias causadas durante la segunda inspección de Yelinek. “Nunca fui consultado posteriormente”, dijo Montealegre.
El 26 de octubre del 2001, cuatro días después que Cordero informó a la Contraloría de los cambios en el contrato de permuta, el barco Oterloo arribó al puerto El Rama donde fue cargado con los catorce contenedores de armas y municiones.
El Oterloo zarpó de El Rama el tres de noviembre y arribó al puerto El Turbo, de Colombia, el cinco de noviembre, donde descargó su contenido que fue recogido por contactos de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). El Oterloo se dirigió luego a Barranquilla donde su capitán, Jesús Iturrio Maciel desembarcó declarándose enfermo, y desapareció.
CONSTANCIA REVELADORA
Franco Montealegre presentó la constancia firmada por Edwin Cordero, actual jefe de la Policía, como uno de los principales argumentos a su favor.
La constancia dice: “Por medio de la presente hago constar que la Orden de Compra No. 954-00 del Ministerio de Gobierno y Justicia, Policía Nacional de Panamá fue entregada a la Policía Nacional por el Ejército de Nicaragua el día 11 de octubre del 2001”.
Montealegre había entregado el cargo a Cordero el seis de septiembre de ese mismo año y, por tanto, no tiene por qué rendir cuentas por la orden de compra fraudulenta que permitió que las armas se desviaran hacia un grupo paramilitar de Colombia.
Montealegre sostuvo que el contrato de permuta entre la Policía Nacional y “Gir S.A.” iba bien hasta cuando hizo entrega del cargo. “Yo asumo mis responsabilidades hasta esa fecha, cumplí estrictamente con lo que la ley establecía, pero no voy a asumir por lo que no me toca”, dijo Montealegre.
NEGOCIO MILLONARIO
Según el ex jefe de la Policía, Franco Montealegre, un AK en manos de un grupo irregular puede llegar a costar unos 500 dólares. Las 3,000 AK del Ejército fueron permutadas a unos 50 dólares, de modo que los implicados en el negocio obtuvieron una ganancia del mil por ciento, que podría alcanzar el millón y medio de dólares.
VER TAMBIÉN:
